Agencias, Ciudad de México.- Una jueza federal de Estados Unidos condenó a un administrador de fondos de Miami a casi cuatro años de prisión por su papel en una confabulación de 1,200 millones de dólares para malversar fondos de la compañía petrolera estatal de Venezuela PDVSA.

Los fiscales buscaban una sentencia mucho más dura contra Gustavo Hernández Frieri, argumentando que los engañó sobre sus activos y negocios después de declararse culpable en 2019 de un solo cargo de asociación ilícita para el blanqueo de dinero.

Sin embargo, la jueza Kathleen Williams resolvió a última hora del viernes que el papel de Hernández en la asociación ilícita no justificaba la sentencia de casi 10 años que pedían los fiscales, ya que no estuvo involucrado en el plan original de sobornos.

Sin embargo, la jueza sí reprendió a Hernández por faltar a su promesa, que hizo como parte de su acuerdo de culpabilidad, de ayudar a los fiscales a localizar y confiscar 12 millones de dólares en activos, el equivalente a la cantidad que manejó a nombre de un ejecutivo corrupto de la gigante petrolera PDVSA.

Hernández es apenas el segundo individuo sentenciado como parte de la operación Money Flight, una investigación importante sobre cómo varios empresarios sobornaron a funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro para desviar miles de millones de PDVSA a través de acuerdos falsos de divisas.

Las ganancias fraudulentas se canalizaron a través de empresas fantasma y cuentas bancarias en Suiza, Malta y Hong Kong antes de ser ocultadas en propiedades inmobiliarias de lujo en Miami, España y otros lugares.

Los abogados de Hernández argumentaron que él había tenido una vida significativa, dedicada en parte a la filantropía, hasta que un informante que trabajaba bajo la dirección de investigadores federales estadounidenses se le acercó para mover fondos a nombre de Abraham Ortega, un funcionario de PDVSA que aceptó sobornos y quien también se declaró culpable.

Menos del 1% de los 1,200 millones de dólares identificados como parte de la operación Money Flight tocaron alguna vez las manos de Hernández. Algunos de los fondos depositados en su empresa, Global Security Advisors, procedían de una cuenta encubierta controlada por el gobierno de Estados unidos. Los abogados defensores también señalaron las 10 reuniones que tuvo con los investigadores como muestra de su cooperación.

“Esto no es el núcleo del lavado de dinero”, dijo el abogado defensor Michael Pasano. “Desde la perspectiva del dinero, es un ‘blip’ en la pantalla”.

La jueza Williams reconoció la gran cantidad de cartas que había recibido destacando el trabajo de Hernández en nombre de Techo, una organización sin fines de lucro dirigida por jóvenes que construye viviendas para personas de bajos ingresos en América Latina. Como vicepresidente de una filial estadounidense del grupo, Hernández amplió drásticamente la capacidad de recaudación de fondos de la organización.

No obstante, Williams dijo que se sintió “fustigada” por la aceptación de Hernández de su responsabilidad en el delito mientras disminuía su responsabilidad en el plan ilícito general.

“Desde su declaración, el señor Hernández ha hecho más para ocultar quién es que para revelar quién es”, dijo Williams.

Los fiscales se quejaron de que mientras estuvo en libertad condicional, los informes mensuales de Hernández sobre la actividad posterior a su detención no mencionaban los tratos con Raj Bhakta, un antiguo concursante de “The Apprentice”, el programa de telerrealidad que en su día protagonizó Donald Trump.

El propio Bhakta no ha sido implicado en ningún delito, pero los fiscales dicen que las inversiones debieron haber sido declaradas.

El año pasado, ambos unieron esfuerzos con la exesposa de Hernández para lanzar una empresa que vendía carne de una granja de Florida, propiedad de Bhakta. Los amigos de Hernández han descrito la empresa como un intento de mantener a su familia mientras él estaba detenido.

Los fiscales dijeron también que Hernández dio pasos para darle a su exesposa su participación en un fideicomiso que posee una casa de 2,7 millones de dólares en Coral Gables, un suburbio frondoso de Miami. Los dos se divorciaron poco después del arresto de Hernández, pero viven juntos en esa casa, cuyo control, junto con una casa en Brooklyn, se disputa en un caso relacionado de decomiso.

Ortega, el exdirector ejecutivo de planificación financiera de PDVSA, permitió que miembros de la organización ilícita transfirieran ganancias a través de préstamos falsos, aprovechando la amplia brecha entre la tasa de cambio oficial de Venezuela y la tasa del mercado negro. Se tiene programado que Ortega sea condenado la semana próxima.

Algunas de las ganancias de los sobornos fueron transferidas a cuentas en la Colombia natal de Hernández por la firma Global Security Advisors, que Hernández manejó con su hermano y un excuñado. La empresa entró en liquidación tras el arresto de Hernández.

Alrededor de 2 millones de dólares de los sobornos pagados a Ortega se invirtieron en una importadora de vino italiano con sede en Manhattan, donde Hernández también era un inversor llamado Domaine Select Wines & Spirits. Domaine cambió su nombre el año pasado a Trinity.

Venezuela pone a ejecutivos de EEUU en arresto domiciliario

Seis ejecutivos petroleros estadounidenses encarcelados en Venezuela hace más de tres años por cargos de corrupción fueron puestos en arresto domiciliario el viernes en un gesto de buena voluntad hacia el gobierno del presidente Joe Biden, el cual está examinando su política hacia el turbulento país sudamericano.

La liberación parcial de los seis empleados de la empresa Citgo, con sede en Houston, fue confirmada a The Associated Press por abogados y familiares de los hombres.

Tomeu Vadell, José Luis Zambrano, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas y José Pereira fueron detenidos por agentes de seguridad enmascarados mientras participaban en una junta en Caracas justo antes del Día de Acción de Gracias en 2017. Habían sido convocados a Venezuela para que asistieran a dicha junta en la sede de PDVSA, propietaria de Citgo.

Los llamados 6 de Citgo ya habían sido puestos en arresto domiciliario en diciembre de 2019, pero fueron encarcelados de nuevo dos meses después, el mismo día en que el expresidente Donald Trump recibió al líder opositor venezolano Juan Guaidó en la Casa Blanca.

En la acción de liberar a los hombres, Maduro podría estar apostando a que recibirá un mejor trato por parte de Biden, quien durante la campaña electoral señaló que la política de Trump encaminada a lograr un cambio de régimen en Venezuela era un “fracaso abyecto” que sólo sirvió para fortalecer al líder socialista.

Hace unos días, funcionarios de alto rango de varias agencias federales en el gobierno de Biden tenían previsto reunirse para sopesar las opciones de Estados Unidos, incluyendo la posibilidad de reducir las sanciones petroleras que heredó de Trump y tomar medidas para apoyar un incierto intento de diálogo entre Maduro y sus adversarios, según dos personas familiarizadas con los planes.

La reunión, a la que asistiría la subsecretaria de Estado, Wendy Sherman, siguió a varias acciones de Maduro en los últimos días para llamar la atención de Biden, como ceder a la añeja demanda estadounidense de que se permita la presencia del Programa Alimentario Mundial en el país en momentos en que aumenta el hambre.

En los últimos días, aliados de Maduro también examinaron con oponentes en forma discreta la conformación de un nuevo consejo electoral, así como acciones conjuntas para combatir el coronavirus y reunirse con diplomáticos de Noruega que intentan reactivar las negociaciones para poner fin a la interminable crisis política del país.

Sin embargo, la detención de los estadounidenses es vista como un obstáculo extraordinario para cualquier acercamiento.

Juan Gonzalez, director senior del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, dijo el viernes a la AP en una entrevista que para evaluar la seriedad de Maduro con vistas a eventuales negociaciones quería ver la adopción de “medidas concretas por parte del régimen, no palabras”.

En las últimas semanas, el exgobernador de Nuevo México Bill Richardson fue uno de los que trabajó tras bambalinas para presionar al gobierno de Maduro con el fin de que liberara a los hombres.

“Este es un paso positivo e importante que debería ayudar a garantizar su bienestar durante el brote de COVID-19 en Venezuela”, dijo Richardson en un comunicado.

Richardson prometió trabajar arduamente para que los ejecutivos regresaran a casa. El exgobernador ya ha abierto canales extraoficiales con gobiernos hostiles como Irán, Cuba y Corea del Norte para conseguir la liberación de unos 40 estadounidenses.

Pidió también la liberación de Luke Denman y de Airan Berry, dos ex boinas verdes que participaron en una incursión fallida el año pasado organizada desde la vecina Colombia, y del ex infante de Marina Matthew Heath, quien está detenido por acusaciones no relacionadas.

Los seis ejecutivos estadounidenses fueron declarados culpables de malversación el año pasado en un juicio que estuvo lleno de demoras e irregularidades. Fueron sentenciados a entre 8 y 13 años de prisión por una propuesta, que nunca se llevó a cabo, para refinanciar unos 4.000 millones de dólares en bonos de Citgo ofreciendo una participación del 50% en la empresa como garantía. En ese entonces Maduro los acusó de “traición”. Todos se declararon inocentes.

El papa Francisco también presionó para que los hombres sean liberados. El cardenal Pietro Parolin, el secretario de Estado del Vaticano, envió una carta el año pasado a la entonces embajadora de Estados Unidos en el Vaticano, Callista Gingrich, en la que mencionaba una misiva enviada por el representante de la Santa Sede en Caracas a las autoridades venezolanas exhortándolas a tener clemencia.

Se tenía previsto que Parolin viajara a Venezuela, donde anteriormente fungió como nuncio apostólico del Vaticano, para asistir a la beatificación el viernes de José Gregorio Hernández, un médico venezolano del siglo XIX apodado “el doctor de los pobres”. Pero Parolín canceló el viaje en el último momento debido a la pandemia de coronavirus.

“Deseamos que nuestro querido Tomeu estuviera en un avión con destino a Estados Unidos con libertad incondicional, pero estamos muy agradecidos por este paso positivo hecho posible por el gobernador Richardson y su equipo, el secretario de Estado Antony Blinken y el Departamento de Estado, el Vaticano y otros aliados en todo el mundo”, señaló la familia de Tomeu Vadell en un comunicado.

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