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julio 31, 2021

Avala Congreso prórroga de un mes para entrada en vigor de ley anti-outsourcing

Redacción InsurgentePress/Ciudad de México.- El Congreso de la Unión avaló una prórroga de un mes para la entrada en vigor de la Reforma a la Ley Laboral en materia de subcontratación (outsourcing) programada para el próximo 1 de septiembre.

Primero, el Pleno de la Cámara de Diputados ratificó la propuesta de ampliar solo un mes el plazo para que las empresas que utilizaban el régimen de subcontratación laboral absorban a sus empleados y les otorguen las prestaciones laborales de ley.

También se amplía por ese tiempo el plazo para que las empresas que opten por servicios y obras especializados se regularicen y presenten nuevos registros ante el Gobierno.

El dictamen se aprobó con 373 votos a favor y 71 en contra (del PAN y PRI). Hubo dos abstenciones.

Anita Sánchez Castro legisladora de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) dijo que en el Gobierno vieron de forma positiva la solicitud de prórroga que han hecho diferentes gremios patronales, Colegio de Abogados y empresarios.

“Conscientes de que cualquier cambio genera una nueva forma de hacer las cosas y que lleva tiempo implementarlo, hoy discutimos la ampliación de un mes más para la entrada en vigor de las nuevas disposiciones, lo que evidencia que las solicitudes de los interesados han hecho eco y se tomen en consideración.

“Esto refrenda y deja en claro una vez más la disposición de este gobierno, encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, así como del Poder Legislativo, por atender las solicitudes tanto de las y los trabajadores, como de los patrones”, indicó.

Anoche en sesión extraordinaria a distancia el Senado de la República avaló vía fast track modificación a puntos legales considerados de ‘urgente y obvia resolución’.

Posteriormente, avalaron la minuta que modifica el régimen transitorio de la reforma laboral o de subcontrataciones que ha generado un estira y afloja con el sector empresarial que solicitó una ampliación del plazo para cumplir con la nueva normatividad.

El dictamen que avalaron los senadores amplío el plazo a empresas que utilizan esquemas de outsourcing—en detrimento de las percepciones de trabajadores— 30 días más para cumplir con los requisitos establecidos por la reforma publicada el pasado 23 de abril.

Los artículos transitorios modificados son el Primero, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; del Código Fiscal de la Federación; de la Ley del Impuesto sobre la Renta; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Durante su participación, el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera, propuso ampliar el plazo hasta el 1 de enero de 2022.

Mancera aclaró que con esta decisión su grupo parlamentario no busca prolongar esta práctica en los centros de trabajo, sino que desean proteger los derechos de los trabajadores.

Asimismo, indicó que este decreto recién aceptado otorga el tiempo suficiente para realizar los ajustes necesarios y así evitar una afectación en las operaciones de las empresas, además de que otorga mayor certidumbre jurídica.

Por su parte, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) compartió esta idea para proteger más de tres millones de empleos que dependen del outsourcing.

De acuerdo a legisladores del PAN la reforma requiere de un mayor plazo para su correcta implementación.

El pasado 28 de julio, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) solicitó a través de un comunicado una prórroga para cumplir con esa nueva ley.

“Es fundamental para otorgar certeza laboral a por lo menos 3.1 millones de trabajadores vinculados a esquemas de outsourcing y de 387 mil empresas que han encontrado dificultades técnicas y operativas para ejecutar las nuevas disposiciones”, justificó.

La nueva ley permitirá al sector empresarial y autoridades homologar su implementación para la que requieren un mayor plazo tentativamente hasta 1 de enero del 2022.

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