Redacción InsurgentePress/Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó anoche una reforma que prevé sanciones de 7 a 15 años contra los involucrados en el delito de desvío de precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas, entre ellas fentanilo, además, incorporó a la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) entre las autoridades encargadas de combatir esas prácticas ilícitas en el país.
Los legisladores avalaron con 319 votos a favor y 126 en contra, el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquina para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos.
La iniciativa definió el concepto de droga química como cualquier sustancia de origen sintético con efectos psicoactivos disponible en el mercado de drogas ilícitas y utilizada con fines no médicos.
Y, creó el Sistema Integral de Sustancias, que es la plataforma de control, registro y autorizaciones perteneciente a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
El pasado 28 de febrero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió una iniciativa que transfirió a la Semar la facultad que ostentó el Consejo de Salubridad General sobre la aplicación de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos y Máquinas para la Elaboración de Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos.
La iniciativa aprobada prevé que la Semar y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), recibirán los informes relacionados con personas físicas o morales dedicadas al manejo, importación y traslado de precursores en el país.
Paralelamente, las secretarías de Salud, de Hacienda a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y Agencia Nacional de Aduanas, participarán en la aplicación de la ley a través de la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
El dictamen aprobada señaló que las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de Medio Ambiente (Semarnat) y Guardia Nacional coadyuvarán para prevenir, detectar y evitar el desvío de insumos para la producción de drogas sintéticas.
Las modificaciones incluyeron una pena de 10 a 15 años de prisión y una multa equivalente al 10 por ciento de los ingresos obtenidos a quien desvíe o haga uso de precursores químicos para la producción de drogas sintéticas.
Además, planteó que en el caso de servidores públicos, la pena aumentará en dos terceras partes.
La ley prevé sanciones entre 7 y 10 años de prisión el delito de posesión ilegal de precursores o de máquinas para la producción de cápsulas, tabletas y comprimidos y con entre cinco y 10 años a quienes utilicen sociedades mercantiles para el desvío de ambos insumos o simulen operaciones.
Las sanciones, indicó, será extensivas a los socios.
Por la falsificación o alteración de autorizaciones o permisos o el uso de documentos falsos, fijó una sanción de entre 8 y 15 años.
La ley prohibió la importación o exportación de estas sustancias por vía postal, mensajería o paquetería.
Y, en esos casos, prevé por la importación, exportación y transporte vía postal, mensajería o paquetería una pena de entre 6 y 8 años de prisión y una multa de hasta el 10 por ciento del total de los ingresos.
El proyecto ha sido enviado al Senado de la República para su ratificación y efectos constitucionales en el país.
En ese contexto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud (SSA), Hugo López-Gatell consideró que la ley aprobada en la Cámara de Diputados traerá consigo cambios que facilitarán el control de drogas que ha sido una de las políticas impulsada por el Ejecutivo federal.
“Agradecemos a los diputados que votaron a favor, va a permitir la más amplia lista de vigilancia de precursores químicos, y se busca flexibilidad de modo que nuevas formulaciones de precursores químicos que la delincuencia organizada comúnmente va encontrando, puedan ser también ser vigiladas para que no sea una ley rígida, sino que haya un registro dinámico de cuáles son estos precursores y poder atenderlos de la manera más oportuna”, explicó.
López-Gatell agrego que la ley una vez ratificada en el Senado de la República permitirá tener una normativa más amplia para la vigilancia de precursores, sino también un carácter flexible para esa vigilancia que no tienen otras naciones.
“Toda la industria farmacéutica estará obligada a vigilar el uso de precursores y notificarlo a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en una plataforma electrónica muy poderosa que se desarrolló con la ayuda de la Secretaría de Marina para la farmacovigilancia, específicamente útil para los precursores”, sostuvo.
