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noviembre 23, 2021

Vinculan a proceso a ex funcionaria de Sedesol por ‘Estafa Maestra’

Redacción InsurgentePress/Agencias/Ciudad de México.- Un Juez de Control vinculó a proceso anoche a Wendy ‘N’ exdirectora de tecnologías de la información y comunicación en la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) involucrada en la llamada ‘Estafa Maestra’ que mantiene a Rosario Robles ex titular de esa dependencia recluida en prisión en Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México.

José Rivas González Juez de Control vinculó a proceso a Wendy ‘N’ acusada del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades que causó un presunto daño al erario público por 22 millones de pesos en la extinta Sedesol.

Minutos después, Wendy ‘N’ colaboradora cercana de Emilio Zebadúa ex oficial mayor de la Sedesol obtuvo la libertad provisional en juzgados federales del Reclusorio Norte, al obtener la libertad provisional.

El ministerio público de la Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Wendy ‘N’ de haber firmado un convenio con la Universidad Autónoma de Morelos, sin verificar que esa institución contrató a la empresa, ‘Prado Soluciones’, para realizar los servicios pactados que trajo consigo el desvío de 21 millones 800 mil pesos.

Rivas González Juez de Control consideró que la imputada incumplió con la verificación sobre la Universidad Autónoma de Morelos que debió de haber evitado el pago de más del 49 por ciento de los recursos asignados a la empresa subcontratada en cumplimiento a la normatividad pública.

El Juez de Control encontró elementos de tipificación de un delito para la vinculación a proceso de Wendy ‘N’

Rivas González impuso como medida cautelar a Wendy ‘N’ la prohibición de salir del País sin autorización judicial.

El Juez de Control desechó la obligación de Wendy ‘N’ de presentarse cada 15 días a firmar en la Unidad de Medidas Cautelares, aduciendo una cuestión de género y protección al derecho a la salud ante la Covid-19.

Al mismo tiempo, le fijó un plazo de 2 meses para la investigación complementaria, mismo que las partes deberán reunir sus datos de prueba que eventualmente presentarán en un juicio.

El Juez estimó que por ahora, existen los datos de prueba mínimos para suponer que existe un hecho que la ley señala como delito y que también está probada la posibilidad de que la imputada probablemente participó en el mismo.

Rivas González cuestionó que en este asunto que la Sedesol en su momento adjudicara a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMOR) un contrato de servicios tecnológicos, cuando la finalidad de un centro educativo de este nivel no es proveer servicios de esta naturaleza.

“Entiendo que este es un servicio tecnológico, de software ¿verdad? si vamos a contratar refrigeradores, vamos a acudir a un lugar que venda refrigeradores, no a una carnicería. La finalidad de la universidad es el fortalecimiento y la educación de la sociedad.

“Al asumir un cargo, todos los funcionarios protestamos respetar y hacer respetar la Constitución hay una obligación que es imperativa para nosotros los servidores públicos y la lealtad a nuestro país”, indicó el Juez de Control.

La imputación está relacionada con el convenio general de colaboración suscrito el 6 de mayo de 2013 por Emilio Zebadúa, Oficial Mayor de la Sedesol, y Jesús Alejandro Vera Jiménez, entonces Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMOR).

Dicho acuerdo dio lugar a que el 15 de agosto de 2014 ambas partes firmaran el Anexo Técnico 3, en los hechos un contrato para el servicio de desarrollo, implementación y puesta en operación del sistema de control de gestión, con interoperabilidad y uso de firma electrónica avanzada.

Gerardo Ávila, secretario de la rectoría de la UAEMOR -ya procesado por el mismo caso-, y la entonces directora General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Sedesol, imputada, firmaron este último documento con contenido económico.

Por este servicio, la Sedesol pagó 22 millones 994 mil 101 pesos a la UAEMOR en cinco depósitos registrados entre el 30 de septiembre de 2014 y el 16 de febrero de 2015.

Sin embargo, el 9 de septiembre de 2014, la universidad subcontrató a la empresa Fralo Soluciones Tecnológicas, en un procedimiento de licitación pública nacional, por un monto de 21 millones 332 mil 996 pesos con 26 centavos.

La FGR señala que el contrato ha sido indebido porque el monto de la subcontratación fue del 92.98 por ciento del total de los recursos que la UAEMOR recibió de la Sedesol, mientras que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establece que no debe exceder del 49 por ciento.

También señaló una presunta ilicitud por el hecho de que la imputada no adjudicara el contrato mediante una licitación ni fuera convocado a través de las páginas electrónicas de Compranet y de la propia Sedesol, y que tampoco realizara un estudio de mercado.

Al mismo tiempo, la FGR sostuvo que otra probable ilicitud fue que la ahora procesada no verificó que la universidad tuviera la capacidad de reacción inmediata para presentar los servicios, pues no presentó a la Sedesol la documentación necesaria para acreditarlo.

Según la Fiscalía, estas omisiones dieron lugar a que la secretaría no verificara que la universidad no contaba con la capacidad técnica, material, humana y financiera para proveer los servicios contratados, lo que ocasionó un daño a la hacienda pública de 22 millones 944 mil 101 pesos.

Uno de los principales argumentos que esgrimió Sergio Estudillo, abogado de Wendy ‘N’, fue que no le era aplicable a su clienta la Ley de Adquisiciones, ni las obligaciones que de ella derivaban, como son la licitación y el candado del 49 por ciento.

También afirmó que su representada sí llevó un estudio de mercado, pues hizo solicitudes a un total de 5 universidades para que le ofertaran el servicio y al final decidió elegir a la UAEMOR, por tener los mejores precios.

El Juez, sin embargo, desestimó los argumentos, pues en principio dio lectura al párrafo quinto del artículo primero de la Ley de Adquisiciones, para establecer que la norma era aplicable para el presente contrato.

Explicó que la citada norma es aplicable a este tipo de convenios cuando la dependencia obligada a entregar el bien o servicio no tiene capacidad para hacerlo por sí misma y contrate un tercero para su realización.

“Se excedió del 49 por ciento que se establecía (para subcontratar), incumpliendo con su deber, porque tenía dentro de de sus facultades llevar a cabo esta contratación y el deber de lealtad de cumplir con la normatividad”, dijo el juez.

Al finalizar la audiencia, el abogado Sergio Adrián Estudillo dijo en entrevista que están analizando presentar un recurso de apelación contra el fallo del juez, el cual consideró como sorpresivo.

“Estamos estudiando la estrategia, la verdad es que nos sorprendió mucho el fallo del juez, estábamos convencidos de lograr una resolución favorable pero, bueno, así es esto. Tenemos los medios de impugnación que podemos hacer valer y continuaremos con los dos meses de investigación complementaria”, dijo.

Agregó que la también ex secretaria particular de Zebadúa no tiene otra carpeta de investigación en curso y que ella no tiene pensado buscar un criterio de oportunidad para colaborar con la FGR y conseguir la inmunidad penal.

“Todavía no tenemos nada establecido acerca de un criterio de oportunidad, (como posibilidad) no nos lo hemos planteado, mi cliente es inocente de todo”, respondió.

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