Agencias/Ciudad de México.- Un juez de Control Penal vinculó a proceso a cuatro implicados en el accidente aéreo en el que murieron la gobernadora Martha Erika Alonso, su esposo el senador Rafael Moreno Valle y tres integrantes más de la tripulación en Puebla, el 24 de diciembre de 2018.
Ayer, el Juez de Control consideró que los elementos que aportó la Fiscalía de Puebla han sido contundentes para mantener en prisión a José Antonio “N”, dueño del taller “Rotor Flight Service”, encargado del mantenimiento del helicóptero con matrícula XA-BON y de los trabajadores Magdalena “N”, Ricardo “N” e Israel “N”.
Tras una audiencia de siete horas, el Juez dictaminó la vinculación a proceso de los cuatro implicados en el accidente que provocó la muerte de la pareja de políticos del Partido Acción Nacional (PAN) por los delitos de homicidio culposo, daño en propiedad ajena y falsedad de declaraciones.
Durante la audiencia, la parte defensora argumentó ante el Juez de Control que los empleados del taller habían reportado en su oportunidad y varios días de anticipación a la empresa “Servicios Aéreos del Altiplano”, propietaria del helicóptero, que había una falla en el actuador lineal del alabeo, sistema que permite a la aeronave mantenerse estable en el aire.
“Se le notificó que existía una falla, depende del dueño autorizar el reemplazo, se le avisó y la Fiscalía quiere imponer esa carga a mi representado al decir, oye, tuviste que quitársela a fuerza, es imposible, es decir, mi cliente revisaría el trabajo del mecánico una vez que autorizara la compra y reparación”, indicó Óscar Sánchez Terrones abogado de los detenidos , según reportó el portal de Televisa.
Los cuatro abogados por separado presentaron alegatos con información sobre los datos técnicos que aportaron los detenidos para alertar a la empresas sobre la falla técnica 11 días antes del fatídico accidente.
En ese dictamen, los ahora vinculados a proceso habían solicitado mantener la aeronave en tierra por los riesgos que implicaba su navegabilidad aérea.
Los dueños de la empresa, alegaron los abogados nunca se cambió y el helicóptero realizó otros dos vuelos, antes del accidente el 24 de diciembre de 2018.
Según el abogado, la empresa “Servicios Aéreos del Altiplano”, ha sido la responsable de permitir que el helicóptero diera el servicio al Gobierno del estado de Puebla.
Paralelamente, el piloto asumió el riesgo y responsabilidad al aceptar la aeronave, a pesar de la falla técnica que tenía.
“El piloto es la máxima autoridad en el momento del despegue, si él consideraba que no hubiese que había algún tipo de desperfecto ellos inmediatamente tenían todo el derecho, así fuera el presidente de la república de no volar”, señaló Óscar Sánchez Terrones, abogado.
La Fiscalía del Puebla dio a conocer que Agustina Flores propietaria de la parcela en la que ocurrió el siniestro del helicóptero reclamó el pago de 237 mil pesos por la pérdida de su cosecha de maíz y daños causados al terreno.
El juez de control dictó la vinculación a proceso a los cuatro imputados, y tres de ellos permanecerán recluidos en la prisión de Huejotzingo, Puebla.
Mientras que José Antonio, permanecerá en el Centro de detención de San Miguel, debido a su condición física vulnerable.
La Fiscalía de Puebla informó que ha detenido a un quinto implicado de nombre Miguel ‘N’ que desempeñó el cargo de técnico eléctrico de la misma empresa.
Miguel ‘N’ ha sido presentado ante un Juez de Control que fijó una audiencia aparte para determinar su situación jurídica.
