Agencias, Ciudad de México.- El parlamento de Turquía aprobó el domingo una ley que aumentará la vigilancia del gobierno sobre los grupos de la sociedad civil y que ha sido denunciada por grupos de derechos humanos como posible violación a la libertad de congregación.
La propuesta incluye una inspección annual de organizaciones no gubernamentales, supuestamente a fin de combatir el financiamiento de terroristas.
Además permite al Ministerio del Interior reemplazar a miembros de asociaciones que estén siendo investigadas por terrorismo y le da el poder, si tiene una orden judicial, de suspenderle las actividades. Además permite a los tribunales bloquear acceso a campañas de donativos en internet que no tengan el debido permiso.
La propuesta, presentada por el partido del presidente Recep Tayyip Erdogan, fue aprobada con los votos de ese partido y de sus aliados nacionalistas.
El Parlamento aprobó la ley tras un debate enormemente tenso, en el que incluso hubo agresiones físicas entre los diputados, con los votos del partido islamista Justicia y Desarrollo (AKP), que gobierna Turquía desde 2002, y su socio de coalición, el ultranacionalista MHP.
La norma, titulada “Ley para prevenir la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva” prevé que el Gobierno turco congele los fondos de organizaciones definidas en resoluciones de Naciones Unidos y prohíba el tránsito de material destinado a armas nucleares, pero incluye numerosos otros apartados que amplían los poderes del Ministerio del Interior.
Así se podrán congelar también por decisión administrativa los fondos de cualquier persona u organización sospechosa de colaborar con una organización tipificada como terrorista por la Justicia, aunque la decisión debe ser luego ratificada por un juzgado, señala el diario turco Evrensel.
Las leyes antiterrorismo de Turquía son sumamente amplias y han conducido al encarcelamiento de políticos, periodistas, activistas y miles de otras personas.
También se podrá interrumpir cualquier campaña de donaciones “no autorizada” en internet, bloquear las páginas e imponer multas por valor de hasta 20,000 euros a sus responsables.
En conjunto “la ley no es predecible” porque deja “un enorme margen de decisión al Ministerio del Interior”, opinó en declaraciones con el digital turco Bianet la jurista turca Sule Özsoy-Boyunsuz.
“El Gobierno se puede despertar una mañana, escoger una ONG y cerrarla al día siguiente”, resumió la académica.
El jueves pasado, la organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) advirtió contra la proposición de ley, señalando que su objetivo es “limitar y restringir las actividades legítimas de cualquier organización no gubernamental que no le guste” al Gobierno.
“Es una herramienta peligrosa para limitar la libertad de asociación”, concluye HRW.
La aprobación de la nueva ley llega un día después que un tribunal de Ankara rechazó poner en libertad al político izquierdista Selahattin Demirtas, ex dirigente del partido prokurdo HDP, encarcelado desde 2016, pese a una reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo.
Como miembro del Consejo de Europa, Turquía está obligada a aplicar las sentencias del TEDH, máxima instancia judicial de todos los países afiliados a este organismo.
Sin embargo, el miércoles pasado, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, acusó al TEDH de estar “politizado” y aseguro que no puede reemplazar los tribunales turcos, además de reiterar su convicción de que Demirtas es “responsable de la muerte de muchas personas”.
Demirtas está acusado de “incitación a actos terroristas” por haber hecho en octubre de 2014 un llamamiento a manifestarse contra el asedio yihadista a la ciudad kurda de Kobane en Siria.
