Agencias/Ciudad de México.- El gobierno mexicano reclamó una indemnización de 15 mil millones de dólares derivado del daño letal que han ocasionado las armas fabricadas en Estados Unidos ahora en poder de cárteles de la droga y crimen organizado en territorio mexicano.
A tres de una video-conferencia al término de la nueva audiencia en la Corte de Apelaciones del Primer Circuito en Boston, Massachusetts, Alejandro Celorio consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) comentó que los grupos criminales han utilizado armas de manufacturación estadounidense de forma letal en México.
Las armas, dijo, no llegan de forma espontánea a territorio mexicano, sino por la irresponsabilidad de las empresas que han permitido a los criminales acceder a ellas en los Estados Unidos.
La cantidad que el Gobierno mexicano ha reclamado, dijo Celorio, está basada en los gastos erogados en las acciones para enfrentar el uso de esas armas estadounidenses en manos de la delincuencia y en reparación de los daños que han ocasionado.
“Según estimamos, el Gobierno de México ha gastado cerca de 15 mil millones de dólares, arribita del cinco por ciento de su Producto Interno Bruto, en responder a la violencia armada generada por el tráfico ilícito de armas”, explicó Celorio.
En México solo existe un lugar, señaló Celorio, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para adquirir de forma legal armas de fuego de bajo calibre a diferencia de Estados Unidos.
Por ende, enfatizó, el resto de las armas que llegaron a manos del crimen organizado entraron de forma ilegal a México en su mayoría procedente de Estados Unidos.
En este punto, destacó Celorio, los fabricantes tienen responsabilidad ineludible, pues han comercializado sus productos de manera negligente.
“La inundación de armas y el alto poder de fuego viene por el tráfico ilícito desde los Estados Unidos, es algo externo, es algo que México no desea, no quiere y para lo que tiene que responder con recursos de contribuyentes que se podrían utilizar para pagar servicios de salud o de educación o para generar mayor infraestructura en nuestras comunidades rurales. De eso se trata el reclamo.
“Hemos perdido a funcionarios, vidas humanas, heridas, servicio psicológicos servicios médicos, servicios funerarios, reemplazar vehículos, aeronaves, hay muchos gastos en los que ha incurrido el Gobierno de México, con dinero de los contribuyentes, para responder a este flagelo del tráfico ilícito de armas desde los Estados Unidos”, afirmó Celorio.
Este mediodía, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito Federal de Boston, Massachusetts, celebró una audiencia del juicio que promovió el gobierno de México contra los fabricantes de armas en Estados Unidos.
El gobierno mexicano a través de sus abogados presentó sus alegatos contra la decisión del Juez F. Dennis Saylor IV, del Tribunal Distrital de Estados Unidos, en Massachusetts, que declaró improcedente la demanda en septiembre de 2022.
Celorio alegó que la ley de inmunidades que aplicó el Juez Saylor, excluyó la responsabilidad de los fabricantes de armas sobre el uso de su producto fuera del territorio estadounidense.
“No es una demanda contra el Gobierno de los Estados Unidos, contra las personas estadounidenses, o contra el derecho consagrado en la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos (a portar armas).
“Esta es una demanda donde el Gobierno de México le exige a las empresas de la industria de las armas que se conduzcan de manera responsable”, afirmó.
Primero, especificó el abogado, esa ley de inmunidades no puede tener efectos de protección extraterritoriales para los fabricantes, y menos si han causado daños por el uso ilícito de estas armas en territorio mexicano.
En segundo lugar, que si se insiste en que Ley de Protección del Comercio Legal en Armas (PLCAA por sus siglas en inglés) blinda a las empresas para evitar ser demandadas en las cortes estadounidenses, entonces debería permitir los procesos basadas en las normas del derecho en México.
Y tercero, que si la corte de apelaciones decide que la PLCAA es vigente, entonces se pude recurrir a las excepciones que es misma ley permite.
Sin duda, comentó, este será un proceso judicial largo que solo en la apelación duraría entre seis y ocho meses.
Al respecto, el abogado de Smith & Wesson, una de las empresas demandadas, Noel Francisco, argumentó que la demanda de México no contenía argumentos para justificar una excepción a la Ley de Protección del Comercio Legal en Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) la cual protege a las empresas que fabrican y venden estos equipos bélicos de cualquier acción por los daños causados por el uso ilegal de sus productos.
“Hay fabricantes con permiso que venden a distribuidores con permiso que venden a minoristas con permiso que venden a personas que cumplen los requisitos de la ley federal, pero algunos de ellos resultan ser compradores falsos”, afirmó en una entrevista con la agencia Reuters.
En la audiencia, el juez de circuito estadounidense William Kayatta señaló que, aunque México no había alegado que los fabricantes de armas hubieran violado directamente ninguna ley de armas, una de sus principales teorías jurídicas era que habían ayudado e instigado a otros a traficar con armas en el extranjero, creando una responsabilidad potencial. “¿Qué hay de malo en ello?”, preguntó.
