Agencias/Ciudad de México.- El subjefe de despacho de la Casa Blanca, Stephen Miller, afirma que el presidente Donald Trump busca formas de expandir su poder legal para deportar a los migrantes que se encuentran sin autorización en Estados Unidos. Para lograrlo, dice que el gobierno “considera activamente” la posibilidad de suspender el habeas corpus, que es el derecho constitucional de las personas a impugnar legalmente su detención por parte del gobierno.
Tal medida estaría dirigida a los migrantes como parte de la serie de acciones del Presidente republicano en la frontera entre Estados Unidos y México.
“La Constitución es clara, y esa, por supuesto, es la ley suprema del país, (e indica) que el privilegio del recurso de habeas corpus puede ser suspendido en un tiempo de invasión”, dijo Miller el viernes a los periodistas fuera de la Casa Blanca.
“Así que yo diría que es una opción que consideramos activamente”, expresó Miller. “Miren, mucho depende de si los tribunales hacen lo correcto o no”.
Este término en latín significa “que tengas el cuerpo”. Los tribunales federales utilizan un recurso de habeas corpus para llevar a un prisionero ante un juez neutral para que determine si el encarcelamiento es legal o no.
El habeas corpus se incluyó en la Constitución de Estados Unidos como una importación del derecho consuetudinario inglés. El Parlamento promulgó la Ley de Habeas Corpus de 1679, que tenía como objetivo asegurar que el rey liberara a los prisioneros cuando la ley no justificara su confinamiento.
La Cláusula de Suspensión de la Constitución, que es la segunda cláusula de la Sección 9 del Artículo I, establece que “No se suspenderá el privilegio del auto de habeas corpus, a menos que se trate de casos de rebelión o invasión en los que la seguridad pública así lo exija”.
Sí. Estados Unidos ha suspendido el habeas corpus en cuatro ocasiones distintas a lo largo de su historia. Por lo general, esas situaciones requirieron la autorización del Congreso, algo que sería casi imposible hoy en día, incluso a instancias de Trump, dado el estrecho margen de las mayorías republicanas en la Cámara y el Senado.
El presidente Abraham Lincoln suspendió el habeas corpus varias veces durante la Guerra Civil, comenzando en 1861, para detener a sospechosos de espionaje y simpatizantes confederados. Ignoró un fallo de Roger Taney, quien era el presidente de la Corte Suprema, pero actuaba en el caso como juez de circuito. Luego, el Congreso autorizó su suspensión en 1863, lo que permitió a Lincoln hacerlo nuevamente.
El Congreso actuó de manera similar en el régimen del presidente Ulysses S. Grant, suspendiendo el habeas corpus en partes de Carolina del Sur según la Ley de Derechos Civiles de 1871. También conocida como la Ley del Ku Klux Klan, tenía como objetivo contrarrestar la violencia y la intimidación de grupos que se oponían a la Reconstrucción en el sur.
El habeas corpus se suspendió en dos provincias de Filipinas en 1905, cuando era un territorio estadounidense y a las autoridades les preocupaba la amenaza de una insurrección, y en Hawai después del bombardeo de Pearl Harbor en 1941, pero antes de que se convirtiera en estado en 1959.
Antes de convertirse en jueza de la Corte Suprema, Amy Coney Barrett coescribió un artículo que afirmaba que la Cláusula de Suspensión “no especifica qué rama del gobierno tiene la autoridad para suspender el privilegio del recurso, pero la mayoría está de acuerdo en que solo el Congreso puede hacerlo”.
Puede intentarlo. Miller sugirió que Estados Unidos enfrenta “una invasión” de migrantes. Ese término se usó deliberadamente, aunque cualquier esfuerzo por suspender el habeas corpus provocaría impugnaciones legales que cuestionarían si el país realmente enfrenta una invasión, y, en caso afirmativo, si ésta presenta amenazas extraordinarias para la seguridad pública.
Hasta ahora, los jueces federales se han mostrado escépticos respecto a los esfuerzos anteriores del gobierno de Trump para usar poderes extraordinarios con el fin de facilitar las deportaciones, y eso podría dificultar aún más la suspensión del habeas corpus.
Trump argumentó en marzo que Estados Unidos enfrentaba una “invasión” de pandilleros venezolanos y evocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una autoridad de tiempos de guerra que ha intentado usar para acelerar las deportaciones masivas.
Su gobierno actuó para deportar rápidamente a presuntos miembros de la pandilla Tren de Aragua a una notoria prisión en El Salvador, lo que desató una serie de batallas legales.
Los tribunales federales de todo el país, entre ellos, los de Nueva York, Colorado, Texas y Pensilvania, han bloqueado desde entonces los usos de la administración de la Ley de Enemigos Extranjeros por muchas razones, incluidas las preguntas sobre si el país realmente enfrenta una invasión.
Miller, quien ha criticado ferozmente a los jueces que fallan en contra de la administración, planteó el argumento de que la rama judicial podría no tener la última palabra.
“El Congreso aprobó un cuerpo de leyes conocido como Ley de Inmigración y Nacionalidad que despojó a los tribunales del Artículo III, es decir, la rama judicial, de la jurisdicción sobre casos de inmigración”, dijo el viernes.
Ese estatuto fue aprobado por el Congreso en 1952 y se realizaron enmiendas importantes en 1996 y 2005. Los académicos legales señalan que contiene un lenguaje que podría canalizar ciertos casos a los tribunales de inmigración, que están supervisados por la rama ejecutiva.
Aun así, la mayoría de las apelaciones en esos casos serían manejadas principalmente por la rama judicial, y podrían encontrarse con los mismos problemas que los intentos de Trump de usar la Ley de Enemigos Extranjeros.
Más de 100 personas fueron detenidas por agentes federales de inmigración en una operación conjunta con la Patrulla de Caminos de Tennessee, provocando preocupación e incertidumbre entre la comunidad inmigrante de Nashville.
“Ninguno de nosotros ha visto algo así antes”, dijo el viernes Lisa Sherman Luna, directora ejecutiva de la Coalición de Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Tennessee.
La operación , realizada con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) es un recordatorio de cómo las jurisdicciones de aplicación de la ley locales y estatales son fundamentales para los planes de deportaciones masivas del presidente Donald Trump. La semana pasada, agentes de Florida promocionaron una operación conjunta con el ICE en la que se realizaron 1.120 arrestos relacionados con la inmigración.
La Patrulla de Caminos dijo el viernes que realizó 588 controles de tráfico en la operación conjunta con el ICE, que tomó bajo custodia a 103 personas bajo investigación por violaciones a las leyes de inmigración.
Las paradas “llevaron a la recuperación de drogas y armas ilegales, retirando de las calles a elementos peligrosos y haciendo que Tennessee sea más seguro”, dijo la Patrulla de Caminos. Una persona era buscada por un asesinato en El Salvador.
El gobernador de Tennessee, Bill Lee, aprobó recientemente una ley para crear una división de aplicación de las leyes de inmigración en el Departamento de Protección y Seguridad Nacional del estado, del que forma parte la Patrulla de Caminos. Es uno de los funcionarios republicanos comprometidos a usar recursos estatales para llevar a cabo los planes de Trump.
Mientras tanto, autoridades de la ciudad en el bastión demócrata de Nashville rechazaron la participación y han criticado los arrestos. El director legal de Nashville, Wally Dietz, dijo que la operación estatal-federal, que comenzó el 3 de mayo, tomó por sorpresa a todos los miembros del gobierno de la ciudad.
Respondiendo a las preocupaciones sobre la presencia de la policía de Nashville fuera de una oficina del ICE, Dietz dijo el miércoles que la ciudad “rutinariamente recibe solicitudes de patrullas adicionales por distintas razones y responde en la medida en que los recursos están disponibles”. Dijo que no sabía quién había sido detenido y que, cuando pidió más información a la Patrulla de Caminos, le dijeron que presentara una solicitud de registros públicos.
La Patrulla de Caminos dijo que los controles de tráfico se basan únicamente en el comportamiento del conductor. “No entramos en vecindarios ni detenemos vehículos basándonos en quién es una persona, detenemos basándonos en lo que hacen al volante”, afirmó.
Pero los defensores de los derechos de los inmigrantes sostienen que las patrullas se han centrado en partes de la ciudad donde la mayoría de los residentes son personas de color.
“Todos los indicios apuntan a que esta es una acción policial con tintes raciales destinada a aterrorizar el corazón de la comunidad inmigrante y refugiada”, dijo Sherman Luna. “Lo que hemos escuchado es que la patrulla de caminos detiene a personas por cosas como una luz trasera rota o ventanas polarizadas”.
Sherman Luna cree que algunos de los detenidos podrían quedarse en el país si pudieran recibir una representación legal competente en una audiencia de inmigración. En cambio, ha escuchado que las personas aceptan ser deportadas por temor a pasar meses o años detenidas en instalaciones de inmigración.
Cerca del 9% de la población del área metropolitana de Nashville, de alrededor de 2 millones de personas, son inmigrantes, y muchos provienen de México y Honduras, según el análisis de datos del censo del Instituto de Políticas de Migración. La ciudad también tiene una gran población kurda que vive junto a refugiados de Sudán, Myanmar y otros países.
“Es una estrategia para infundir miedo en nuestros vibrantes, diversos y hermosos vecindarios”, afirmó Sherman Luna.
Técnicamente no desde Pearl Harbor, aunque, más recientemente, el habeas corpus ha estado en el centro de algunas importantes impugnaciones legales.
El presidente republicano George W. Bush no actuó para suspender el habeas corpus después de los ataques del 11 de septiembre, pero posteriormente, su administración envió detenidos a la Bahía de Guantánamo, Cuba, lo que provocó demandas de defensores que argumentaron que el gobierno violaba el habeas corpus y otras protecciones legales constitucionales.
En 2008, la Corte Suprema falló que los detenidos en Guantánamo tenían el derecho constitucional al habeas corpus, permitiéndoles impugnar su detención ante un juez. Eso hizo que algunos detenidos fueran liberados de la custodia de Estados Unidos.
