Por Erick Olivera Méndez/Ciudad de México.- Las pensiones mantienen una presión sobre las finanzas públicas que ya alcanza el 17.3 por ciento del gasto del gobierno, un compromiso que se suma a lo presupuestado en los programas sociales y a las obligaciones que se tienen con el pago de la deuda.
Además del gasto público en infraestructura y el pago de nóminas, el gobierno gestiona esa presión fiscal para evitar una parálisis en los servicios que otorga y una contracción en los subsidios diseñados para beneficiar a los que más lo necesitan.
Pero la presión en las finanzas es constante y de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las pensiones de los trabajadores representaron poco más de 419 mil millones de pesos en prácticamente un trimestre y medio.
El monto no contempla las pensiones que se otorgan como parte de los programas sociales, por lo que el monto total tiene un impacto severo en las finanzas públicas y demanda una efectiva gestión del gasto público y de la recaudación.
Los datos oficiales registran que en el primer cuatrimestre del año el gasto público fue de poco más de 2 billones 426 mil millones de pesos, y parte de la gestión del gobierno implica maniobrar los inconvenientes que se puedan presentar relacionados con la variación de los ingresos públicos.
El margen de operación en el gasto frente a la presión de las pensiones y las obligaciones de deuda, que alcanza el 13.5 por ciento del total del gasto, es muy reducido y en ese punto radica la eficaz gestión de un gobierno.
El impacto fiscal de las pensiones sigue aumentando y se contempla que este año represente poco más de un billón 333 mil millones de pesos, un incremento de 8.4 por ciento respecto a 2022. Y la pensión universal para adultos mayores representa poco más de 339 mil 341 millones de pesos en el gasto público de 2023.
Para algunos especialistas el sistema de pensiones mantiene el calificativo de “pesada carga fiscal”, como lo refiere un informe elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.
En el documento se registra que las pensiones en México absorben la quinta parte de los ingresos anuales del gobierno y que el sistema de cuentas individuales no es suficiente para mitigar la presión en las finanzas.
“Pese a que muchos de los sistemas ya han sido reformados, no significa que su sostenibilidad está garantizada, pues no están capitalizados y requerirán cada vez mayores recursos fiscales”, sostienen los analistas del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.
Sin duda el reto es mayúsculo para las administraciones venideras y la gestión del presupuesto deberá ser una prioridad que derive en el diseño de políticas públicas que atiendan tanto la realidad social de millones de personas que cuentan con una pensión universal, como las reformas que puedan mitigar el impacto de las pensiones en las finanzas públicas.
