Agencias/Ciudad de México.- Un grupo global de derechos humanos instó el miércoles a Estados Unidos y a otros gobiernos a reforzar su apoyo a las personas que buscan un cambio democrático en Venezuela y a exigir cuentas al presidente Nicolás Maduro por la represión de la disidencia que intensificó después de la elección presidencial del año pasado en el país sudamericano.
Human Rights Watch pidió específicamente a Estados Unidos que considere imponer sanciones adicionales a funcionarios del gobierno venezolano y miembros de las fuerzas de seguridad. HRW también solicitó sanciones contra grupos armados leales al partido gobernante vinculados a las violaciones generalizadas de derechos que se dieron tras la votación del 28 de julio que Maduro afirma haber ganado a pesar de pruebas creíbles de lo contrario.
Al mismo tiempo, la organización recomendó a Estados Unidos rescindir una orden ejecutiva que el presidente Donald Trump firmó en febrero que impone sanciones a la Corte Penal Internacional por investigar a Israel. La orden, según el grupo de derechos, podría afectar una investigación en curso por parte del fiscal de la corte sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
“Aunque la administración Trump no ha objetado específicamente la participación de la Corte en la situación en Venezuela, el programa de sanciones parece diseñado en parte para enfriar la cooperación más amplia con la CPI e intimidar a los funcionarios de la Corte, y probablemente afectará los derechos de víctimas a nivel mundial”, señaló Human Rights Watch en un informe publicado el miércoles.
El informe es el último trabajo de defensores de derechos humanos que documenta la campaña de represión postelectoral de Venezuela contra miembros de la oposición política, manifestantes, transeúntes y otros. Sus hallazgos han implicado a las fuerzas de seguridad del Estado y a grupos armados leales al partido gobernante en asesinatos, torturas y otros abusos en todo el país durante y después de las manifestaciones que surgieron tras los comicios.
El Consejo Nacional Electoral de Venezuela, compuesto por leales al gobierno, declaró a Maduro ganador de la elección del 28 de julio. Pero a diferencia de contiendas anteriores, las autoridades electorales no proporcionaron conteos de votos detallados para respaldar el resultado anunciado.
La oposición, sin embargo, recopiló actas de votación del 85% de las máquinas de votación electrónica y las publicó en línea, mostrando que su candidato, Edmundo González, había ganado por un margen de más de dos a uno. Expertos de la ONU y el Centro Carter con sede en Estados Unidos, ambos invitados por el gobierno de Maduro para observar la elección, han dicho que las actas de votación publicadas por la oposición son legítimas.
Más de 2,000 personas fueron detenidas en los días posteriores a la elección y cientos fueron acusadas de cargos de terrorismo e incitación al odio. Muchos detenidos, incluidos miembros de la oposición y ciudadanos extranjeros, fueron sometidos a desapariciones forzadas.
La mayoría de esos detenidos han sido liberados, según el Ministerio Público de Venezuela. Pero docenas de personas afiliadas a la oposición siguen tras las rejas.
Citando cifras del partido opositor Vente Venezuela, el informe del miércoles muestra que 285 personas afiliadas a partidos de oposición fueron detenidas entre noviembre de 2023 —el mes después de que los opositores de Maduro celebraron una elección primaria presidencial— y abril de 2025. Al 10 de abril, 100 de ellas habían sido liberadas.
En su informe, HRW insta a los gobiernos extranjeros a contactar al gobierno de Maduro “como palanca para asegurar un progreso verificable, incluso si es incremental, en derechos humanos”. Eso incluye la liberación de personas detenidas arbitrariamente y sometidas a desapariciones forzadas, la divulgación del paradero de todos los detenidos y el cierre de casos basados en delitos fabricados.
El grupo además pidió al gobierno de Estados Unidos que nuevamente disponga de fondos para programas humanitarios y de derechos humanos en Venezuela. El grupo de derechos señaló que las decisiones del gobierno estadounidense de cancelar la asistencia extranjera en todo el mundo han impactado a organizaciones “que desempeñan roles clave en Venezuela, incluidos periodistas independientes y aquellos que brindan apoyo legal y de otro tipo a personas que han sido detenidas arbitrariamente”.
El 28 de julio de 2024, un gran número de venezolanos acudió a votar a pesar de más de una década de represión sistemática y violaciones de derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
Horas después del cierre de urnas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la reelección de Maduro con más del 51% de los votos. El panel de expertos electorales de las Naciones Unidas y el Centro Carter, que observaron las elecciones, dijeron que el proceso carecía de transparencia e integridad y cuestionaron el resultado. El Centro Carter señaló que las actas de escrutinio publicadas por la oposición, que parecían indicar que el candidato opositor Edmundo González había triunfado, eran fiables y “auténticas”. El CNE no publicó las actas de escrutinio oficiales y no llevó a cabo las auditorías ni los procesos de verificación ciudadana exigidos por la ley.
Miles de venezolanos salieron a manifestarse, en su mayoría de manera pacífica, para exigir un conteo justo y transparente de los votos. La respuesta de las autoridades fue una represión brutal.
Este informe, basado en más de 100 entrevistas con víctimas, sus familiares, testigos y miembros de organizaciones de derechos humanos, así como en el análisis y la verificación de más de 90 videos y fotografías, documenta las violaciones de derechos humanos cometidas contra manifestantes, transeúntes, líderes de la oposición y críticos durante las protestas y en los meses posteriores a las elecciones.
El informe implica a las autoridades venezolanas y a los grupos armados partidarios del gobierno, conocidos como “colectivos”, en abusos generalizados a los derechos humanos. Estos abusos incluyen asesinatos de manifestantes y transeúntes, desapariciones forzadas de miembros de la oposición y de ciudadanos extranjeros, detenciones y procesos penales arbitrarios contra adolescentes y otras personas, y torturas y malos tratos a personas detenidas.
Human Rights Watch recibió información creíble sobre 25 asesinatos ocurridos durante las protestas que tuvieron lugar en Venezuela inmediatamente después de las elecciones. La mayoría de estos asesinatos se produjeron los días 29 y 30 de julio. Las víctimas, en su mayoría, eran menores de 40 años y procedían de barrios de escasos recursos. Human Rights Watch recopiló evidencia creíble que implica a las fuerzas de seguridad venezolanas en algunos de estos asesinatos; en otros, los “colectivos” parecen ser los responsables.
Los “colectivos” desempeñaron un rol clave en la represión de las manifestaciones. Al principio, las fuerzas de seguridad intentaron controlar o dispersar las protestas, usando barreras, lanzando gases lacrimógenos y llevando a cabo detenciones. Cuando las manifestaciones continuaban, miembros de los “colectivos” llegaban al lugar, a menudo con armas de fuego, para intimidar o atacar a los manifestantes.
Desde las elecciones de julio, más de 2,000 personas vinculadas a las protestas poselectorales o con actividades de oposición política y defensa de los derechos humanos han sido detenidas. Muchos han sido detenidos por participar en las manifestaciones, ser críticos al gobierno o apoyar a la oposición. Los fiscales acusaron a cientos de personas de delitos definidos de manera amplia en la legislación venezolana como “incitación al odio”, “resistencia a la autoridad” y “terrorismo”, que conllevan penas de hasta 30 años de cárcel.
A menudo, las personas detenidas se han enfrentado a procesos plagados de abusos. Las autoridades han negado de forma reiterada la detención de personas que efectivamente estaban presas o se han negado a proporcionar información sobre su paradero a los familiares, lo que equivale a desapariciones forzadas según el derecho internacional. Ello ha obligado a las familias a buscar a sus seres queridos durante días o semanas en diversos centros de detención e incluso en morgues.
Muchas de las personas detenidas han permanecido incomunicadas y privadas de visitas durante largos periodos; algunas, desde el día de su detención. A la mayoría no se les ha permitido ver a un abogado de su elección, a pesar de que ellos o sus familias lo han solicitado. Otras nunca se reunieron con el defensor público designado por el tribunal mientras estaban detenidas. Además, se les ha negado el acceso a sus expedientes judiciales en repetidas ocasiones. Muchas fueron acusadas en audiencias virtuales y grupales, lo que vulnera su derecho al debido proceso.
El 23 de octubre, las fuerzas de seguridad detuvieron a Sofía Sahagún Ortiz, una ciudadana hispano-venezolana, cuando se disponía a abordar un avión en el aeropuerto de Caracas. El abogado de la familia solicitó información sobre su paradero al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo, que se negaron a proporcionar información. A mediados de diciembre, las autoridades permitieron a Sahagún Ortiz hacer una llamada a su familia. Ella les dijo que estaba detenida en una estación de policía de Caracas.
En enero, la Defensoría del Pueblo informó a la familia que, en diciembre, había sido presentada en una audiencia virtual ante un juez que conoce casos de terrorismo y que al día siguiente había sido trasladada al Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Caracas. Al momento de redacción de este informe, Sahagún Ortiz seguía detenida, enfrentando cargos penales, incluyendo “financiamiento del terrorismo”.
Según el Ministerio Público, aproximadamente 2,000 personas que fueron detenidas tras las elecciones han sido excarceladas. Muchas han sido obligadas a firmar documentos que les prohíben revelar información sobre su detención o los procesos judiciales. En algunos casos, también se les obligó a grabar videos diciendo que sus derechos habían sido respetados durante la detención.
A principios de agosto, agentes de seguridad con uniformes negros se llevaron a Estuardo Pérez Olmedo (seudónimo), un defensor comunitario de derechos humanos, de su casa. Le dijeron que cumplían una “orden presidencial”. Durante cuatro meses, fue trasladado a seis centros de detención distintos, donde se enfrentó a malas condiciones, incluyendo falta de acceso a agua, comida y medicamentos. Las fuerzas de seguridad lo presionaron para que acusara falsamente a figuras de la oposición de organizar las protestas.
En noviembre, Pérez Olmedo se enteró de que lo acusaban de provocar incendios durante las protestas que ocurrieron cerca de su casa los días 29 y 30 de julio. Él negó cualquier implicación, pero fue acusado de terrorismo e incitación al odio. En diciembre, al ser liberado, lo obligaron a firmar un documento en el que afirmaba que no se habían violado sus derechos. El proceso penal en su contra sigue abierto.
La represión poselectoral ha obligado a funcionarios electos, autoridades locales, coordinadores de campaña, personal de los centros de votación, defensores de derechos humanos y periodistas a abandonar el país. Muchos buscan protección en el exterior enfrentando sistemas de asilo plagados de retrasos en América Latina y procesos de reasentamiento hacia Estados Unidos que han sido suspendidos por el gobierno de Donald Trump.
Una década después de que Maduro asumiera el poder, los esfuerzos nacionales e internacionales para proteger los derechos humanos en Venezuela se encuentran en un momento crítico. Pese a las críticas de la mayoría de los gobiernos contra el autoritarismo de Maduro, la represión en Venezuela no ha hecho más que intensificarse.
Años de diversas políticas internacionales y locales respecto de Venezuela (desde la “máxima presión” durante la primera administración del presidente Donald J. Trump en Estados Unidos hasta las conversaciones entre el gobierno venezolano y la oposición, respaldadas por la administración Biden, que contribuyeron a que se realizaran las elecciones de 2024) no han logrado una transición hacia la democracia y el respeto de los derechos humanos.
En un contexto de crecientes crisis globales, los fracasos del pasado pueden provocar una parálisis futura: es decir, el abandono de las iniciativas para proteger los derechos en Venezuela y la normalización de las graves violaciones de derechos humanos, las elecciones injustas y la represión política por parte del gobierno de Maduro.
La actual administración de Trump ha buscado la cooperación de Maduro en materia migratoria y la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, mediante gestiones diplomáticas y sanciones sectoriales. Algunas declaraciones y decisiones adoptadas recientemente por el gobierno de Estados Unidos muestran indicios preocupantes de que estaría priorizando estos dos objetivos por encima de esfuerzos más amplios para promover los derechos humanos y el Estado de derecho en Venezuela.
Dado el peso diplomático de Estados Unidos en la región y el creciente rechazo hacia la migración en América Latina, es probable que otros gobiernos adopten enfoques similares, relegando a un segundo plano las políticas basadas en principios hacia Venezuela. Al mismo tiempo, Colombia y otros países fronterizos con Venezuela podrían verse en la necesidad de buscar la cooperación de Maduro en diversos temas, incluyendo aquellos relacionados con seguridad.
Es probable que Maduro utilice esta cooperación a corto plazo para intentar legitimar su concentración de poder. Con ello, sentaría las bases para aumentar la represión en Venezuela, lo que podría causar nuevos éxodos de venezolanos, que se sumarían a los millones que ya han abandonado el país en la última década.
En lugar de abandonar la defensa de los derechos humanos en Venezuela, los gobiernos de América Latina, Europa y Estados Unidos deberían construir sobre los limitados avances alcanzados hasta el momento. Las elecciones de julio de 2024 y lo que ocurrió posteriormente privaron al gobierno venezolano de cualquier legitimidad democrática y contribuyeron a impulsar una renovada condena global sobre los abusos de Maduro. Esto se debe, en gran medida, a los valientes esfuerzos de venezolanos que se arriesgaron a sufrir, y en algunos casos sufrieron, graves violaciones de derechos humanos. Muchas de sus historias están documentadas en este informe.
Una cuestión fundamental es que, hasta la fecha, los esfuerzos tanto internacionales como locales no han logrado alterar los incentivos internos del régimen de Maduro, que premian a las autoridades y fuerzas de seguridad abusivas, para asegurar su lealtad, mientras castigan, torturan y obligan a exiliarse a los críticos, opositores e incluso a los miembros de las fuerzas de seguridad que apoyan la democracia y los derechos humanos.
Para desmontar estos incentivos, los gobiernos extranjeros deberían apoyar plenamente los esfuerzos por garantizar la rendición de cuentas de los perpetradores de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Esto pasa por la imposición sanciones individuales y el apoyo al trabajo de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM, por sus siglas en inglés), creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y de la Corte Penal Internacional (CPI), cuyo fiscal está investigando posibles crímenes de lesa humanidad en el país. Este apoyo implica defender el trabajo y la independencia de la CPI, especialmente a la luz de las recientes sanciones impuestas contra el tribunal por la administración de Trump.
Asimismo, la comunidad internacional debería explorar maneras de limitar la asistencia de gobiernos extranjeros a la represión en Venezuela. Esto incluye a las autoridades cubanas que, según evidencia compilada por la FFM, “entrenaron, asesoraron y participaron en actividades de inteligencia y contrainteligencia” junto con la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela y brindaron entrenamiento al SEBIN.
Los gobiernos extranjeros también deberían asegurarse de que cualquier acercamiento con el gobierno de Maduro busque mejoras verificables, aunque sean graduales o por etapas, en materia de derechos humanos; particularmente en la liberación de personas, tanto nacionales como extranjeras, que han sido forzosamente desaparecidas o detenidas arbitrariamente.
Es importante que la comunidad internacional amplíe su apoyo a las organizaciones de la sociedad civil venezolana, a los periodistas independientes y a otras personas que defienden la democracia y los derechos humanos. También debería ampliar urgentemente las medidas de protección para quienes se ven obligados a abandonar el país como consecuencia de la persecución y otras formas de abuso. En particular, el gobierno del presidente Trump debería restablecer las fuentes de asistencia económica que eran claves para estas organizaciones y que fueron suspendidas como parte de una reducción más amplia de la asistencia internacional de Estados Unidos.
También debería considerar el restablecimiento del estatuto temporal de protección (TPS, por sus siglas en inglés) y los programas de reasentamiento para los venezolanos que han huido de su país. Los gobiernos latinoamericanos y europeos deberían subsanar las deficiencias en la financiación y ampliar el alcance de los programas para proteger a los venezolanos que huyen.
Con 8 millones de venezolanos en el exterior, la situación en Venezuela es la crisis de derechos humanos con más consecuencias para el resto del hemisferio occidental. La región no puede rendirse ni dejar de apoyar lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela.
Human Rights Watch recibió reportes creíbles de 25 asesinatos ocurridos en el contexto de protestas. Human Rights Watch recibió estos reportes por parte de organizaciones locales independientes como Foro Penal, Justicia Encuentro y Perdón, Monitor de Víctimas y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), o los identificó en redes sociales. Entre las personas asesinadas hay 24 manifestantes o transeúntes y un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). La mayoría fueron asesinados entre el 29 y 30 de julio de 2024, cuando las protestas alcanzaron su punto más álgido; 22 de las 25 personas asesinadas tenían menos de 40 años y procedían, en su mayoría, de barrios de escasos recursos.
Para investigar la represión poselectoral en Venezuela, Human Rights Watch entrevistó a 101 personas, incluyendo víctimas, familiares, testigos, defensores de derechos humanos, periodistas y otras fuentes locales. Muchos familiares, testigos y otras personas declinaron ser entrevistadas por temor a las represalias del gobierno. Human Rights Watch realizó entrevistas telefónicas con fuentes en Venezuela entre julio de 2024 y abril de 2025 y entrevistas presenciales con personas venezolanas que huyeron del país después del 28 de julio de 2024.
La mayoría de las personas entrevistadas hablaron bajo la condición de mantener su anonimato. En consecuencia, las citas omiten detalles que podrían conducir a su identificación. Cuando Human Rights Watch ha considerado que la publicación de la información podría poner en peligro a alguien, también ha omitido detalles sobre los casos o las personas involucradas, así como las imágenes.
Antes de cada entrevista, Human Rights Watch informó a los participantes del propósito de la misma, de su carácter voluntario y de cómo se utilizaría la información. Obtuvimos el consentimiento verbal de cada entrevistado. Ningún entrevistado recibió alguna compensación, beneficio u otro incentivo por entrevistarse con nosotros. En los casos en que resultó oportuno, Human Rights Watch proporcionó información de contacto de organizaciones que ofrecían servicios legales o de apoyo psicológico.
Además, Human Rights Watch analizó y verificó 76 videos y 17 fotografías relacionadas con la represión poselectoral, incluyendo imágenes de personas fallecidas y heridas, o de protestas u otros hechos relevantes publicados en redes sociales o enviados directamente a los investigadores por personas cercanas a las víctimas, organizaciones y periodistas.
En la medida de lo posible, los investigadores confirmaron los lugares exactos donde fueron tomadas las fotografías o los videos; utilizaron información como las sombras, los patrones meteorológicos y las horas de publicación para determinar el momento del día en que ocurrieron los hechos. También consultaron a expertos forenses, quienes analizaron las lesiones observadas en los videos y las fotos, y a expertos en armas, que analizaron las armas visibles o los sonidos que se podían escuchar en el material audiovisual. Human Rights Watch conserva estas imágenes y videos.
La organización de derechos humanos PROVEA documentó 2.224 víctimas de tratos crueles, inhumanos o degradantes en 2024, incluyendo golpizas, falta de atención médica y privación de alimentos. La organización reportó un aumento del 88.1 % en este tipo de casos, en comparación con 2023, especialmente en las cárceles y estaciones de policía después del 28 de julio. PROVEA también registró 9 casos de tortura que afectaron a 60 víctimas, la mayoría de las cuales eran “presos políticos” recluidos en la cárcel Rodeo I.
Human Rights Watch documentó 12 casos de malos tratos, algunos de los cuales equivaldrían a torturas. Entre los incidentes especialmente graves se incluyen palizas, descargas eléctricas, asfixia y aislamiento. En la mayoría de casos, las víctimas fueron personas críticas o percibidas como críticas del gobierno. En varios casos, los responsables de los malos tratos trataron de extraer información sobre miembros de la oposición o forzar confesiones sobre la presunta implicación en hechos violentos.
Detenidos y sus familiares contaron a Human Rights Watch que en algunos casos se sometió a las personas a descargas eléctricas y a asfixias con bolsas en la cabeza.[209] Dos personas que estuvieron detenidas entre julio y enero dijeron haber visto marcas parecidas a quemaduras en las costillas y los brazos de otros detenidos. La madre de un adolescente detenido de tan solo 15 años dijo que su hijo fue sometido a descargas eléctricas que, según ella, le provocaron convulsiones.
Human Rights Watch también documentó el uso de celdas de castigo. Cinco personas que estuvieron detenidas dijeron a Human Rights Watch que los guardias los encerraron (o amenazaron con encerrarlos) en celdas de castigo conocidas comúnmente como “tigritos”. Los “tigritos” son celdas pequeñas, hacinadas y oscuras donde los detenidos permanecen aislados durante horas o días.[213] Un detenido dijo que tenía que dormir de pie, debido a la falta de espacio, pues permanecía con unas 30 personas en un área de 2 por 3 metros.
Un detenido describió una celda conocida como “la cama de Adolfo” en la cárcel Tocorón como “una especie de cuartico de basura” no más grande que “una caja de lavadora”, donde tenía que permanecer siempre agachado. “Es un hoyo”, dijo. “Solo tiene una puertica. Está completamente oscuro, así que pierdes la noción del tiempo. Si necesitas ir al baño, no tienes otra opción que hacerlo allí mismo”. Otro dijo haber sido despojado de su ropa y dejado en una zona de castigo en la cárcel Rodeo I.
Algunas personas detenidas y sus familiares contaron a Human Rights Watch que las fuerzas de seguridad golpearon a los detenidos y los sometieron a otros abusos físicos, durante los traslados y en los centros de detención. Los golpes dejaron heridas visibles como hematomas, huesos rotos y fracturas. Algunas personas detenidas dijeron haber visto a guardias golpear las manos de los detenidos con sus porras a través de los barrotes de las celdas. Otros mencionaron haber presenciado el “mata chivo”, un golpe en la nuca que aturde o deja inconsciente a quién lo recibe, o puñetazos en la parte superior central del abdomen, justo debajo de la caja torácica.
Algunas de las personas detenidas dijeron que los guardias los obligaban a desnudarse en público al momento de entregarles los uniformes, particularmente durante los traslados a las prisiones de Tocorón y Tocuyito. También los golpeaban e insultaban mientras se cambiaban de ropa y les raparon la cabeza.
Los entrevistados por Human Rights Watch que estuvieron detenidos describieron condiciones carcelarias marcadas por el hacinamiento y el limitado acceso a agua, alimentación y servicios básicos de salud.
En septiembre, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), una organización de defensa de los derechos humanos de los detenidos, estimó que, teniendo en cuenta el tamaño de las celdas y el número de detenidos recluidos en ellas, cada persona disponía de menos de 1 metro cuadrado de espacio para dormir y moverse dentro de su celda.
La calidad de los alimentos y del agua era deficiente en varios centros de detención. El OVP reportó que algunos detenidos de la prisión de Tocuyito contaban únicamente con dos vasos de agua al día. Las personas detenidas dijeron a Human Rights Watch que les habían servido comida en mal estado. Otros, incluyendo alguien que perdió más de 40 kilos en cinco meses, padecían afecciones estomacales y desnutrición. En otros centros, las personas detenidas dependían de sus familiares para alimentarse.
Entre julio y noviembre de 2024, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (CLIPPVE) denunció que, en varias prisiones, las autoridades prohibieron a las familias suministrar medicamentos a los detenidos.[224] Las autoridades tampoco brindaron información a las familias sobre los problemas de salud de sus seres queridos.
Los investigadores de Human Rights Watch también revisaron siete certificados de defunción de personas fallecidas en las protestas y otra documentación relacionada con detenciones y procesos penales.
A principios de enero de 2025, Nicolás Maduro afirmó que más de 150 “mercenarios” extranjeros habían sido detenidos en Venezuela. Dijo que procedían de 25 países diferentes, incluyendo Argentina, Colombia, Estados Unidos y Ucrania, entre otros, y que todos eran confesos y estaban colaborando con las autoridades venezolanas.
Las personas extranjeras detenidas tienen una variedad de trayectorias, incluyendo a trabajadores humanitarios, turistas y familiares de venezolanos. Human Rights Watch documentó varios casos de extranjeros que fueron detenidos en los puestos de control migratorio al entrar al país. Tras ser detenidos por las fuerzas de seguridad para ser interrogados, muchos de ellos fueron sometidos a desaparición forzada. En repetidas ocasiones, las autoridades venezolanas han ocultado información sobre los casos, incluyendo el paradero de los detenidos, y han negado la asistencia consular.
Cerca de 8 millones de venezolanos han abandonado el país desde 2014. La actual emergencia humanitaria en Venezuela dificulta el acceso a alimentos y medicamentos a muchas familias. Otros han tenido que huir de los abusos, la persecución y la violencia de las fuerzas de seguridad, los grupos armados y grupos criminales.
Human Rights Watch documentó varios casos en los que críticos del gobierno tuvieron que huir de Venezuela por cuenta de la intimidación, la persecución y otros abusos ocurridos luego de las elecciones. A algunos les allanaron sus casas, las marcaron con pintadas, las vandalizaron o las atacaron con disparos. A otros los vigilaban personas no identificadas que permanecían frente sus casas u oficinas o los amenazaron. A algunos los advirtieron sobre órdenes de aprehensión o investigaciones penales en su contra.
Entre las personas que fueron víctimas de esta intimidación se encuentran representantes electos, autoridades locales, coordinadores de campaña de Vente Venezuela, personas que trabajaron en los centros de votación o que fueron fundamentales para recolectar y resguardarlas actas electorales recolectadas por la oposición y exmiembros de las fuerzas de seguridad.
Varios de los entrevistados por Human Rights Watch están a la espera de una decisión sobre sus solicitudes de asilo en países de América Latina, especialmente en Colombia. Algunos dijeron que habían solicitado el reasentamiento a Estados Unidos a través de las Oficinas de Movilidad Segura, pero sus solicitudes quedaron “suspendidas” tras la decisión del presidente Donald Trump de poner fin al programa de reasentamiento.
