Agencias/Ciudad de México.- El Departamento de Justicia convocó a las fiscalías federales de Estados Unidos a triplicar el número de acusaciones en contra de políticos mexicanos sospechosos de cooperar con los cárteles de narcotráfico, además, de fincar cargos por terrorismo, reveló ayer el diario The New York Times (NYT).
The NYT citó las instrucciones dadas por el Subprocurador General Adjunto, Aakash Singh, durante una llamada con 93 fiscales federales de Estados Unidos, para ir contra funcionarios mexicanos vinculados a los cárteles del narcotráfico.
El influyente rotativo aseguró que la petición ha sido incrementar los casos contra políticos mexicanos sin importar que se genere una molestia al Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.
“Deberíamos triplicar el número de acusaciones contra funcionarios gubernamentales corruptos en México que utilizan su poder y sus cargos para encubrir a terroristas y monstruos que trafican con miseria y veneno.
“Si esto resulta desagradable para los funcionarios del Gobierno mexicano y les ofende que estemos haciendo esto, no puedo pensar en nada que me importe menos. Si además los avergonzamos y humillamos en el proceso, entonces eso sería la cereza del pastel para nosotros”, difundió The NYT atribuyendo las declaraciones al Subprocurador Singh.
La directriz del Departamento de Justicia, de la que no se había informado anteriormente, se produce dos semanas después de que fiscales federales de Nueva York imputaran al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y nueve colaboradores cercanos de vínculos con el narcotráfico.
Días antes, la muerte de los agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Richard Latel Johnson y John Duty Black, en un accidente automovilístico en la Sierra Tarahumara, de Chihuahua, destapó los operativos encubiertos de la ofensiva de la Casa Blanca contra los cárteles mexicanos, destaca The NYT.
El papel de Singh incluye establecer prioridades para los 93 fiscales estadunidenses, y las órdenes que dio fueron tajantes: “Deberíamos triplicar el número de acusaciones contra funcionarios corruptos de México que utilizan su poder y sus cargos para permitir que terroristas y monstruos trafiquen con miseria y veneno”, dijo Singh a sus colegas, según un funcionario, que no estaba autorizado a hablar públicamente.
“Si eso es algo desagradable para los funcionarios del gobierno mexicano y se ofenden porque lo hacemos, no se me ocurre nada que me importe menos”, aseguró.
“Si en el proceso los avergonzamos y los ponemos en evidencia, para nosotros es la cereza del pastel”, añadió Singh.
Aunque el Departamento de Justicia no ha hecho pública su intención de acusar a políticos mexicanos de delitos de terrorismo, funcionarios de alto rango del gobierno han dejado claro en los últimos días que la imputación de Rocha Moya no sería un caso aislado.
“Son igualmente responsables de la muerte y la destrucción de cantidades récord de estadunidenses al cooperar, conspirar y al ayudar a producir este veneno para que cruce la frontera y entre en nuestro país”, dijo el martes Terrance C. Cole, jefe de la Administración para el Control de Drogas, al comparecer ante el Senado.
Y añadió: “Esto es sólo el principio”.
Recientemente, México ha enviado a Estados Unidos a más de 90 miembros de cárteles detenidos, entre ellos el famoso jefe de cártel Rafael Caro Quintero, quien fue condenado por ser el autor intelectual del asesinato de un agente de la DEA hace más de 40 años, destacando una cooperación más estrecha en materia de seguridad bajo los gobiernos de Trump y Sheinbaum.
“Mucha gente lo verá como una medida de mano dura contra México, que bajo el mandato de Sheinbaum ha hecho mucho más que cualquiera de sus predecesores en estas cuestiones”, dijo Roberta S. Jacobson, quien fue embajadora en México durante el gobierno de Barack Obama.
Los ex secretarios de Finanzas y de Seguridad del gobierno de Sinaloa, Enrique Alfonso Díaz Vega y Gerardo Mérida Sánchez, respectivamente, se entregaron a las autoridades de Estados Unidos, para enfrentar los cargos de narcotráfico que imputó el Departamento del Tesoro ante una Corte de Nueva York.
Ambos exfuncionarios han sido colaboradores cercanos de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, emanado del partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), que han sido acusados de formar parte de la estructura criminal del ‘Cárte de Sinaloa’.
Díaz Vega de 50 años de edad, es uno de los ex funcionarios más cercanos a Rocha Moya gobernador con licencia, ambos acusados de narcotráfico y brindar protección al Cártel de Sinaloa, que contribuyó al triunfo electoral del partido MORENA en esa entidad en 2021.
El secretario de Finanzas decidió entregarse a las autoridades en Nueva York tras realizar su último viaje a Europa.
Díaz Vega dejó el cargo en la administración estatal en septiembre de 2024, para posteriormente retormar sus actividades en la iniciativa privada en Sinaloa.
Antes de ocupar un cargo público ostentó las direcciones de distintas empresas, entre ellas Housesin Desarrollos y DIGAX.
Díaz Vega ha sido acusado de los delitos de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos ante una Corte de Nueva York.
Las leyes estadounidenses prevén sentencias de cadena perpetua y pena mínima obligatoria de 40 años de prisión, por esos delitos.
El pasad 6 de mayo el periódico Reforma difundió que Díaz Vega incrementó su patrimonio con 10 nuevas propiedades que adquirió de contado, durante los tres años que ostentó el cargo de secretario de Finanzas del gobierno de Sinaloa.
En diciembre de 2021, según sus declaraciones patrimoniales hasta concluir sus funciones en la administración estatal en septiembre de 2024, Díaz Vega reportó un crecimiento en activos inmobiliarios superior a los 18 millones de pesos.
Las declaraciones no distinguen entre valor comercial o catastral. La adquisición de bienes inmuebles se realizaron unos meses después de tomar posesión en la Secretaría de Finanzas.
En junio de 2022, adquirió un terreno por 670 mil pesos; en octubre, otro por 1 millón 92 mil pesos; y ese mismo mes, dos locales comerciales de 3 millones 609 mil 600 pesos. Para cerrar ese año, el 29 de diciembre, compró un terreno de más de 36 mil metros cuadrados por 1 millón 654 mil 500 pesos.
En junio de 2023, compró una casa de 2 millones 900 mil 350 pesos y dos terrenos de 545 mil 300 pesos cada uno.
En septiembre de ese mismo año, cerró la compra-venta con la empresa Kyara S.A. de C.V. de dos terrenos por un total de 7 millones 709 mil 850 pesos.
Los 10 bienes adquiridos durante su paso como servidor público se sumaron a los que previamente ya poseía y que en total suman 44 con un valor total declarado de 128.9 millones de pesos.
El pasado 11 de mayo, Gerardo Mérida Sánchez, General en retiro y ex secretario de Seguridad Pública (SSP), acusado de narcotráfico y brindar protección al Cártel de Sinaloa, se entregó en Arizona, Texas, para colaborar con las autoridades de Estados Unidos.
El portal de noticias Latinus difundió que Mérida Sánchez cruzó a través de la Garita de Nogales, Sonora, hacia Arizona, Texas, para quedar bajo custodia de US Marshals, desde el pasado lunes 11 de mayo.
“El ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, ingresó a Estados Unidos desde Hermosillo, Sonora, el pasado 11 de mayo, y cruzó por la Garita de Nogales hacia Arizona, donde quedó bajo custodia de @USMarshalsHQ“, confirmó el Gabinete de Seguridad a través de su cuenta oficial de X.
“El Gobierno de México, a través de la @SRE_mx y el Gabinete de Seguridad, mantiene comunicación institucional con las autoridades estadounidenses, en el marco de los mecanismos de cooperación internacional”, agregó.
Mérida Sánchez ha quedado a disposición de autoridades federales estadounidenses en el marco de las acusaciones de narcotráfico y complicidad con el Cártel de Sinaloa, en curso ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
El General en retiro ocupó el cargo de secretario de Seguridad Pública estatal en la administración del gobernador Rubén Muñoz Rocha, en Sinaloa, del 4 de septiembre de 2023 al 20 de diciembre de 2024.
Las autoridades de Estados Unidos acusaron a Mérida Sánchez de los cargos de conspiración para la importación de narcóticos, así como posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos que canalizaron a los sicarios del Cártel de Sinaloa.
El pasado 12 de mayo, Mérida Sánchez compareció ante el magistrado Eric J. Markovich, en Tucson, Arizona.
Durante una audiencia de apenas dos minutos, el ex funcionario mexicano renunció a su derecho de una audiencia de identidad y aceptó ser trasladado a la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en la que ha sido radicado el expediente principal identificado como “1:23-cr-00180-KPF”.
Según las actas judiciales, el Gobierno estadounidense solicitó que el acusado permaneciera detenido mientras es llevado a Nueva York, petición que ha sido concedida por el juez federal.
Las autoridades estadounidenses consideran que existen elementos suficientes para vincularlo con delitos federales relacionados con tráfico de drogas y armamento de alto poder.
