Agencias/Ciudad de México.- El gobierno de Perú dijo que cumplirá un pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de no liberar al expresidente Alberto Fujimori hasta que la Corte pueda decidir sobre una solicitud de medidas provisionales.

El procurador especializado supranacional del Estado peruano, Carlos Reaño, lo confirmó a The Associated Press y dijo que la resolución de la Corte IDH está siendo notificada a la agencia penitenciaria que administra las cárceles.

Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por su responsabilidad en 25 asesinatos durante su gestión (1990-2000). Su excarcelación fue ordenada hace 13 días tras una polémica decisión del Tribunal Constitucional.

Portavoces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no respondieron de forma inmediata a preguntas de la AP sobre el pedido. La tarde del miércoles un portavoz de la Corte dijo que por ahora el tribunal no diría nada públicamente.

La noticia del pedido de la Corte IDH fue primeramente difundida por El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), una organización civil que representa a algunas víctimas del expresidente.

El fallo del TC contiene 102 páginas que fue aprobado por mayoría y publicado el lunes 28 de marzo, restituye el indulto humanitario y gracia presidencial que el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski otorgó a Fujimori Fujimori, en el 2017. El exgobernante fue condenado por los delitos de homicidio calificado, secuestro agravado y lesiones graves.

Daniel Pinilla, director de comunicaciones de CEJIL, envió un comunicado diciendo que la Corte ordenó a Perú que no libere a Fujimori para antes poder “garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta.”

Fujimori fue declarado culpable en 2009 por su autoría mediata en dos matanzas. Una ocurrió en una zona pobre llamada Barrios Altos y en la otra se mató a personal de una universidad que forma profesores conocida como La Cantuta.

El expresidente iba a ser excarcelado pronto por una orden del Tribunal Constitucional que revivió hace dos semanas un indulto humanitario otorgado en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Fujimori cumplía desde 2007 la sentencia por los asesinatos, ejecutados durante su gobierno por un escuadrón militar clandestino que mataba con impunidad mientras combatía al grupo terrorista Sendero Luminoso.

Incluso en libertad, Fujimori no iba a poder salir de Perú por otra reciente orden judicial debido a que está acusado en otro juicio de ser autor intelectual del asesinato de seis campesinos ejecutados por el mismo escuadrón militar que produjo su actual condena.

La decisión del Tribunal Constitucional ha sido criticada por expertos internacionales. La excarcelación acorta en una década la sentencia de Fujimori quien recién iba a salir de la cárcel en febrero de 2032.

Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas dijeron en un comunicado que “a menos que se justifique por razones claramente aceptables según el derecho interno e internacional, la anulación de los efectos de la sentencia de 25 años contra Fujimori representaría un grave golpe a la justicia y al estado de derecho, y una violación del derecho a la justicia de las víctimas y sus familias”.

Juan Pappier, investigador de Human Rights Watch, indicó a The Associated Press que los magistrados que votaron por la liberación de Fujimori ni siquiera se dan por enterados de la existencia de una sentencia obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el supuesto indulto humanitario de Fujimori. “Es un error que ni siquiera un estudiante de primer año de derecho debería cometer”, dijo.

“Estamos ante una sentencia que no contiene los argumentos suficientes para justificar una decisión de semejante envergadura, constituye un verdadero retroceso para la lucha en contra de la impunidad en el Perú”, añadió Pappier.

Fujimori sigue al momento preso en una cárcel exclusiva donde es el único reo.

Además de la sentencia de 25 años por asesinato, Fujimori está condenado por otros tres casos de corrupción por los que debe 13.6 millones de dólares por la reparación civil.

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