Agencias/Ciudad de México.- La FIFA debe hacer pública su revisión de las indemnizaciones a los trabajadores afectados durante los preparativos del Mundial de 2022 en Qatar, dijo Amnistía Internacional, instando a que se dé una respuesta rápida y positiva a las conclusiones.

Qatar fue objeto de intensa presión por el trato que dio a los extranjeros que trabajaban en condiciones extremas, lo que llevó a muchos a expresar su preocupación, aunque el país de Oriente Medio ha negado que se explotara a los trabajadores.

Amnistía ha afirmado que la FIFA debe publicar y tomar medidas en relación con una revisión que “evalúe sus responsabilidades en materia de derechos humanos” hacia los trabajadores.

“Antes de su congreso anual de la próxima semana, la FIFA debe hacer pública la revisión que ordenó sobre las responsabilidades de la organización para reparar los abusos contra los derechos humanos relacionados con la Copa del Mundo de 2022”, dijo Steve Cockburn, del grupo de derechos.

“La FIFA recibió esta revisión hace meses, pero aún no ha hecho públicas sus conclusiones ni ha actuado en consecuencia”, añadió Cockburn, responsable de derechos laborales y deporte del grupo, que pidió una respuesta rápida y positiva a las recomendaciones.

“Este retraso no hace sino prolongar el sufrimiento de las familias que perdieron a sus seres queridos y de los trabajadores que sufrieron abusos durante la celebración del acontecimiento emblemático de la FIFA”.

En respuesta, la FIFA dijo que las partes interesadas estaban estudiando y debatiendo la revisión. “Las conclusiones se publicarán a su debido tiempo, una vez concluido el proceso de revisión”, declaró a Reuters un portavoz.

“Los expertos internacionales y los representantes sindicales que han evaluado y colaborado en el programa de derechos laborales para los trabajadores de la Copa Mundial de la FIFA han atestiguado en repetidas ocasiones la solidez de este programa y han reconocido que se han producido importantes avances en el ámbito de los derechos laborales”.

No se espera que el proceso de revisión concluya antes del Congreso de la FIFA que se celebrará el 17 de mayo del 2024 en Bangkok.

Ante el acuerdo de asociación global de cuatro años de la FIFA con Saudi Aramco, que convierte a esta empresa del sector de los combustibles fósiles de propiedad estatal en patrocinador de la Copa Mundial masculina de 2026 y de la Copa Mundial femenina de 2027, Steve Cockburn, director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional, ha declarado:

“Es una cruel ironía que una empresa de propiedad estatal saudí sea considerada apta para patrocinar la Copa Mundial femenina cuando mujeres como Salma al Shehab y Manahel al Otaibi siguen encarceladas en el país por reclamar pacíficamente la igualdad de género”.

“Cuando, además, Arabia Saudí es actualmente el único país que ha presentado su candidatura para organizar la Copa Mundial masculina de 2034, el fútbol mundial podría verse perseguido por violaciones de derechos humanos durante años por venir si no se adoptan medidas urgentes para abordar el atroz historial del país en estos derechos”.

“Amnistía Internacional pide a la FIFA que establezca acuerdos vinculantes con Arabia Saudí para proteger a las personas de la explotación, la discriminación y la represión antes de finalizar cualquier acuerdo para organizar el torneo. El mes pasado, 12 aficionados al fútbol de la minoría chií del país, sometida a discriminación de forma habitual, fueron condenados a penas de entre 6 meses y un año de prisión por corear canciones folklóricas y publicar vídeos de sí mismos en Internet”.

“Saudi Aramco, uno de los mayores productores del mundo de combustibles fósiles, dio a conocer el año pasado los mayores beneficios anuales jamás logrados por una empresa (más de 161.000 millones de dólares estadounidenses). Amnistía Internacional ha pedido que no se utilicen los ingresos de Aramco para financiar abusos contra los derechos humanos, encubrirlos o intentar lavar la imagen del país a través del deporte”.

“Ya es hora de que Arabia Saudí actúe en interés de la humanidad, apoye el abandono gradual de los combustibles fósiles y ayude a financiar una transición basada en los derechos humanos a las energías renovables esencial para prevenir más daños al clima”.

Arabia Saudí ha dedicado miles de millones de dólares en todo el mundo en deportes como el golf, el fútbol, los deportes de motor y las artes marciales. El gobierno saudí y el Fondo de Inversión Pública, su fondo soberano, son propietarios de más del 98% de Saudi Aramco, lo que convierte a esta empresa, a través de los dividendos e impuestos que paga, en una importante fuente de ingresos, riqueza e influencia del reino. La Copa Mundial masculina de 2026 se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. La sede del torneo femenino de 2027 no se ha decidido aún.

Aunque no se puede dar marcha atrás a los abusos laborales sufridos por la población trabajadora migrante desde que la FIFA nombró a Qatar país anfitrión de la Copa Mundial, estos pueden y deben remediarse.

La FIFA generó unos ingresos récord de 7.500 millones de dólares estadounidenses con la Copa Mundial de Qatar, pero sigue sin haber claridad en torno al Fondo del Legado del torneo que la entidad prometió. En marzo, la FIFA anunció que llevaría a cabo una revisión de las medidas que debía tomar para garantizar una reparación acorde con sus políticas de derechos humanos. Se espera que se publique próximamente. A fin de cumplir con sus obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos respectivas, Qatar y la FIFA deben actuar con urgencia para garantizar que el derecho de las víctimas a un recurso y a indemnización no se niegue ni retrase más.

Como Amnistía Internacional ha documentado con anterioridad, cientos de guardias y agentes de seguridad migrantes desplegados en lugares relacionados con el torneo con contratos de corta duración sufrieron explotación laboral durante la Copa Mundial de Qatar 2022. Entre otras cosas, se cobraban a los trabajadores tarifas ilegales en concepto de contratación, se les mentía sobre el trabajo que iban a desempeñar y se les obligaba a hacer jornadas excesivas sin días de descanso semanales. Casi un año después aún no han recibido reparación alguna.

Marcus, ghanés de 33 años que trabaja para mantener a sus hermanos y hermanas y pagó casi 400 dólares en concepto de contratación, contó a Amnistía Internacional:

“Tuve que pedir un préstamo para pagar los gastos de viaje para trabajar en Qatar durante la Copa Mundial. Aún lo estoy pagando; lo que gané no alcanzó”.

El informe hace hincapié en el plan de reforma en 10 puntos elaborado por Amnistía Internacional en noviembre de 2022 que insta a Qatar a mejorar y reforzar la aplicación de su legislación laboral a fin de proteger a la población trabajadora frente a nuevos actos de explotación y a garantizar el acceso a justicia y reparación a todas las víctimas.

Steve Cockburn ha declarado: “Qatar no debe engañarse pensando que, por el mero hecho de que el torneo haya terminado, sus acciones no se someterán a escrutinio, y debe renovar sus esfuerzos para mejorar los derechos de la población trabajadora. Por otro lado, a fin de evitar que se repitan los abusos asociados a la Copa Mundial de Qatar, la FIFA debe aprender de sus errores, estar dispuesta a asumir seriamente sus responsabilidades en materia de derechos humanos y remediar directamente los abusos que su inacción haya provocado o contribuido a provocar”.

En 2017 Qatar firmó un acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo que se tradujo en la adopción durante los años siguientes de cambios sustanciales en la legislación laboral, incluida la reforma del sistema de patrocinio (kafala), un nuevo salario mínimo y la aprobación de legislación sobre salud y seguridad. Sin embargo, al inicio de la Copa Mundial, las medidas de aplicación y cumplimiento necesarias para evitar que se produjeran nuevos abusos generalizados seguían siendo insuficientes.

Desde que el torneo terminó, el proceso se ha estancado aún más. Las personas entrevistadas contaron al equipo de investigación que la mayoría de trabajadores y trabajadoras migrantes pueden ahora salir libremente del país, y señalaron avances en la aplicación de las leyes relacionadas con el trabajo con exposición al calor, especialmente la prohibición de los trabajos de construcción al aire libre en las horas más calurosas del día. Pero más allá de esto, dibujaron un panorama sombrío en el que el proceso ha perdido impulso y la explotación continúa.

Se supone que la población trabajadora puede cambiar libremente de empleo para escapar de los abusos u obtener mejores condiciones, pero aunque legalmente ya no necesiten un “certificado de no objeción” de sus empleadores, en la práctica aún se les solicita algún tipo de permiso. Los propios datos del Gobierno muestran que, si bien más de 150.000 personas cambiaron de empleo en los ocho primeros meses del año, durante ese periodo el gobierno también denegó un tercio de las solicitudes de cambio presentadas por trabajadores y trabajadoras. Los propios datos del Gobierno muestran que, si bien más de 150.000 personas cambiaron de empleo en los ocho primeros meses del año, durante ese periodo el gobierno también denegó un tercio de las solicitudes de cambio presentadas por trabajadores y trabajadoras.

“Cambiar de trabajo sigue siendo un problema. Los trabajadores no pueden cambiar sin el certificado de no objeción; es imposible cambiar de empleo si no se tiene. Es como un requisito silencioso. La mayoría de nuevos empleadores siguen exigiendo el certificado de no objeción, y las antiguas empresas no quieren darlo”, explicó al equipo de investigación un diplomático de un país de origen de trabajadores.

Además, los empleadores siguen controlando de facto la presencia de la población trabajadora en el país, lo que pone en peligro su situación jurídica y les impide cambiar de empleador. Por ejemplo, cuando los trabajadores interponen denuncias o solicitan un cambio de empleo, hay empleadores abusivos que siguen anulando sus permisos de residencia, o presentan denuncias falsas por “abandono” del puesto de trabajo, lo que puede dar lugar a su detención y deportación. Un representante de una embajada extranjera en Doha contó a Amnistía Internacional que “los empleadores aún tienen a los trabajadores atados de pies y manos”.

El robo de salarios sigue siendo la forma más frecuente de explotación a la que se enfrenta la población trabajadora migrante en Qatar, incluidos los repartidores de comida a domicilio, un sector en crecimiento, pero el sistema para detectar los impagos y las demoras en el pago de salarios y prestaciones no sirve aún a su propósito. Los salarios también siguen siendo bajos, y no se ha producido ningún aumento del salario mínimo desde que se estableció en 2021, pese a que el coste de la vida ha aumentado.

A pesar de la creación de comités laborales especializados en Qatar, de los que ahora hay cinco, los trabajadores y trabajadoras migrantes que intentan acceder a una reparación a través del sistema judicial siguen enfrentándose a enormes obstáculos. Sigue siendo un proceso largo y difícil para ellos, que deben permanecer en el país para defender sus casos. Como consecuencia, en la mayoría de los casos no tienen más remedio que aceptar indemnizaciones muy inferiores a las que les corresponden, y rara vez se hace rendir cuentas a los empleadores abusivos.

El personal doméstico migrante, en su mayoría mujeres, continúa en una situación de especial vulnerabilidad a abusos graves y, en el último año, el gobierno apenas ha hecho nada para proteger mejor a este personal o llevar a los responsables de los abusos ante la justicia. Esta semana, la Organización Internacional del Trabajo publicó un informe de actualización sobre reformas en Qatar que subrayaba las áreas de cooperación continuadas así como los “importantes retos pendientes”. [Cita traducida por Amnistía Internacional]

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