Agencias/Ciudad de México.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al gobierno federal entregar una versión pública sobre la adquisición y sistema de pagos electrónicos interbancarios relacionados con la contratación del software espía israelí ‘Pegasus’.
Durante la sesión de este martes, nueve ministros de la SCJN desecharon tres recursos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) que alegó razones de seguridad nacional para mantener clasificados bajo reserva la información del software espía Pegasus que ha sido utilizado por diversas corporaciones militares y policiacas en el país.
La Consejería Jurídica del Gobierno de André Manuel López Obrador pretendió la anulación de varios recursos del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) que pidió hacer públicos los datos relacionada con la operación y compra-venta del software espía israelí-
El INAI pidió al Gobierno de López Obrador entregar una versión pública de la información concerniente a los reportes de operaciones que presentan las entidades financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, diagnósticos, así como del sistema de pagos electrónicos interbancarios relacionados con la contratación del programa Pegasus.
El Pleno de #LaCorte confirmó la resolución del #INAI que ordena entregar, en versión pública, la información relativa al caso “Pegasus”, al determinar que no se acreditó la reserva por razones de seguridad nacional. https://t.co/MGAlmAL9Sp pic.twitter.com/5ZsZRpKV8O
— Suprema Corte (@SCJN) February 6, 2024
El INAI consideró viable hacer pública toda la información relacionada con la compra del software israelí de espionaje telefónico que adquirió el gobierno de México en 2014
“La clasificación de la información pública depende de su contenido y no del sujeto que la emite aún cuando cuente con facultades relacionadas con la seguridad nacional, como es el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (SHCP)”, coincidieron por separado los nueve ministros de la SCJN que votaron a favor de hacer pública la información del Software Pegasus.
El dictamen del Pleno de la SCJN señaló que la CJEF nunca demostró por qué divulgar la información implicaría una afectación en las operaciones de inteligencia y contrainteligencia del gobierno federal.
“Se limitó a formular argumentaciones dogmáticas, genéricas y abstractas”, indicó el fallo de la SCJN.
Además, la información que ha sido solicitada es ajena a las labores de inteligencia o contrainteligencia que realiza el gobierno federal.
La información ha sido solicitada a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) luego de que su extitular, Santiago Nieto, reveló datos sobre la compra de Pegasus en una conferencia de prensa en Palacio Nacional el 21 de julio de 2021.
En esa fecha, Nieto informó que la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) pagó 32 millones de dólares a la empresa NSO Group.
Y, que, en total, el gobierno federal pagó más de 6 mil millones de pesos que involucraron a múltiples empresas y dependencias.
En esa ocasión, Nieto dio los nombres de todas las empresas, y otros detalles, pero ante las solicitudes de información, la UIF decidió clasificar como reservados los datos durante cinco años.
La UIF alegó que entregar esa información pondrían en riesgo sus técnicas de inteligencia e investigación de probables delitos.
El INAI revocó esa reserva de la UIF que el pleno de la SCJN confirmó este martes.
Las “versiones públicas” de los reportes de la UIF deberán censurar nombres y RFC de personas físicas y morales y números de cuenta, entre otros.
El ministro Juan Luis González Alcántara destacó que Pegasus es “un caso paradigmático de enorme interés público, pues implica el uso de recursos del Estado para vulnerar los derechos humanos de los ciudadanos”,
Al respecto la ministra Yasmín Esquivel Mossa dijo que la adquisición encubierta de tecnologías digitales para intervención ilegal de comunicaciones privadas es un problema de mayor relevancia en el país.
“Estamos frente a un problema de la mayor relevancia, ya que ha puesto en riesgo la protección del derecho humano a la privacidad al tratarse de la adquisición encubierta de tecnologías digitales para la intervención ilegal de comunicaciones privadas de las personas.
“Lo cual constituye una labor de espionaje que debemos enérgicamente rechazar”, argumentó la Esquivel Mossa al emitir su voto a favor.
En su intervención la ministra Lenia Batres argumentó que la SCJN debería valorar el avance de las investigaciones ministeriales sobre posibles delitos, además, de la afectación al secreto bancario en operaciones de los particulares involucradas, tras fijar su postura en contra de abrir la información al publico sobre el software Pegasus.
“El caso Pegasus los reportes que tiene la UIF fueron generados como parte del ejercicio de sus actividades de inteligencia y contrainteligencia respecto del sobreprecio por el que presumiblemente fue adquirido el programa por parte de la entidad contratante correspondiente.
“Documentos que necesariamente forman parte del cúmulo de constancias que integran las investigaciones que, en materia de seguridad nacional, realiza la UIF”, sostuvo Batres Guadarrama.
La ministra Loretta Ortiz secundó la postura de Batres.
Confirma #LaCorte resolución del #INAI que ordena entregar copia de la documentación presentada ante la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en contra de la empresa CALICA https://t.co/f4gWscY41T pic.twitter.com/0hBU3mwCtW
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El Pleno de la SCJN también ordenó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) hacer pública la información relacionada con la denuncia que interpuso el gobierno federal ante ante la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ACNUDH) contra la empresa Calica en junio de 2022.
En noviembre de 2022, el INAI ordenó entregar copia de la denuncia que presentó Semarnat ante la ACNUDH contra la empresa estadounidense Calica.
Desde 2019, el Gobierno federal y la firma estadounidense Vulcan Materials, dueña de Calica, litigan un arbitraje por lo que esta última describe como el despojo de su concesión para explotar piedra caliza en Quintana Roo.
En medio del litigio el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha atacado reiteradamente a la empresa en sus conferencias de Palacio Nacional por supuestos daños ambientales en la Riviera Maya.
La SCJN determinó que la Semarnat esta obligada a desclasificar esa denuncia que reservó durante cinco años.
Los ministros de la SCJN coincidieron por separado que la Semarnat nunca justificó que su difusión implicara algún riesgo a la seguridad nacional.
En su recurso, la CJEF advirtió que publicar la denuncia de Semarnat podría facilitar actividad “tendente a destruir o inhabilitar infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos, incluyendo el servicio de agua”, alegato que la SCJN descartó.
El ministro Juan Luis González Alcántara, autor del proyecto, destacó que el Alto Comisionado no tiene facultades para resolver denuncias de estados contra particulares por supuestas violaciones a derechos humanos.
La mayoría de ministros de la SCJN coincidieron que difundir este documento no afecta ni tiene alguna relación con el arbitraje que se desahoga ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, instancia que utilizó la empresa estadounidense Vulcan-Calica para exigir una indemnización de mil 900 millones de dólares.
Las ministras Loretta Ortiz y Lenia Batres coincidieron en respaldar la postura de la CJEF de mantener bajo reserva esa información hasta que existan resoluciones del tribunal arbitral y la ONU.
Batres afirmó que el Gobierno está “cumpliendo su mandato” de prevenir y sancionar violaciones a derechos humanos cometidas por la empresa extranjera contra el medio ambiente.
