Agencias/Ciudad de México.- Carol Badgley Amon Jueza de la Corte del Distrito Oste de Nueva York, retiró los cargos contra de narcotráfico y blanqueo contra el exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena) Salvador Cienfuegos para su repatriación de una prisión de Estados Unidos a México.
En la audiencia de este miércoles, la jueza desestimó los cargos en contra de Cienfuegos, de 72 años de eada, como lo pidió el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
“Esta decisión (…) es un asunto de política exterior, no tengo razones para dudar de la determinación del gobierno de que las autoridades judiciales mexicanas sinceramente desean avanzar en una investigación y posible procesamiento del acusado”, dijo la jueza federal Carol Amon en una audiencia con Cienfuegos.
Amon pidió al fiscal interino de distrito, Seth Ducharme, asistir en persona para explicar por qué quería retirar las acusaciones, y aseguró que no duda de la solidez del caso pero que la relación México-Estados Unidos fue considerada más importante por el fiscal general, William Barr, quien tomó esta decisión.
La jueza ordenó también que Cienfuegos sea acompañado por el Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos hasta territorio mexicano, aunque no especificó una fecha concreta para ello, y que el gobierno informe a la corte de que el acusado ha entrado en México.
En una breve audiencia de 15 minutos de duración, Amon quiso asegurarse de que el general mexicano había tenido acceso al acuerdo firmado entre Estados Unidos y México, y si entendía que con ello renunciaba a cualquier posibilidad de pedir asilo en el país, a lo que Cienfuegos contestó afirmativamente en repetidas ocasiones.
El dictamen, sin embargo, señala que se trata de una “absolución con reservas”, lo que indica que la corte estadounidense podría en un futuro presentar nuevos cargos contra el acusado si lo considera oportuno.
Los documentos judiciales presentados la tarde del martes por el fiscal interino del distrito este de Nueva York, Seth DuCharme, explican la sucesión de eventos que ha llevado a Estados Unidos y a México a alcanzar este acuerdo para que el acusado sea juzgado en su país de origen.
El escrito revela que tras el arresto de Cienfuegos, el 15 de octubre, oficiales del gobierno de México, que no conocían la acusación estadounidense dado su carácter confidencial, iniciaron conversaciones con el gobierno de Estados Unidos sobre los cargos presentados contra él.
Fue entonces cuando “EEUU fue informado de que la Fiscalía General de la República de México había iniciado su propia investigación de la supuesta conducta del acusado”, señala el texto.
Esto llevó al gobierno estadounidense a decidir desestimar las acusaciones para que “México pueda proceder primero con sus investigaciones y potencialmente procesar al acusado bajo la ley mexicana por su supuesta conducta, que sucedió en México”.
“El Departamento de Justicia considera que este sobreseimiento es en interés público de EE.UU. en reconocimiento de la estrecha cooperación entre EEUU y México en investigaciones bilaterales de las fuerzas de seguridad”, según el documento.
Cienfuegos, exsecretario de Defensa de Enrique Peña Nieto (2012-2018) fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, California, y posteriormente trasladado a Nueva York. El general se declaró no culpable de los cargos presentados en su contra, el pasado 2 de noviembre.
La fiscalía del distrito este de Nueva York le acusaba de estar implicado en la producción, tráfico y distribución de mil kilogramos de marihuana, 500 gramos o más de metanfetamina, cinco kilogramos o más de cocaína y un kilogramo de heroína, delitos que aseguraban cometió entre 2015 a 2017, cuando estaba al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional de México.
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) manifestó a finales de octubre su desacuerdo con el de Estados Unidos por no haber compartido la información que llevó a la detención del general Salvador Cienfuegos.
Cienfuegos era considerado uno de los militares más reputados de las Fuerzas Armadas y muy estimado en el Ejército, una carrera empañada por la masacre de Ayotzinapa y, ahora, por su detención a petición de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA, en sus siglas en inglés).
