Agencias, Ciudad de México.- Cientos de miles de inmigrantes tuvieron motivos para celebrar cuando el presidente Joe Biden reveló un plan para extender el estatus legal a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses, pero inevitablemente, algunos quedaron fuera.
Claudia Zúniga, de 35 años, se casó en 2017, una década después de que su esposo llegó a Estados Unidos. Él se mudó a Ciudad Juárez, México, después de la boda, sabiendo que, por ley, tenía que vivir fuera del país durante varios años para obtener el estatus legal. “Nuestra vida dio un giro de 180 grados”, dijo ella.
Biden anunció que, en los próximos meses, su gobierno permitirá que los cónyuges de ciudadanos estadounidenses sin estatus legal soliciten la residencia legal y, finalmente, la ciudadanía, sin tener que salir del país por hasta 10 años. Alrededor de 500,000 inmigrantes podrían beneficiarse, de acuerdo con funcionarios gubernamentales de alto nivel.
Para hacerse acreedor a este beneficio, un inmigrante debe haber vivido en Estados Unidos por 10 años y estar casado con un ciudadano estadounidense. El esposo de Zúniga no es elegible debido a que no se encontraba en Estados Unidos.
Habría sido un sueño hecho realidad, dijo Zúniga, que trabaja media jornada en el negocio de transporte de su padre en Houston.
Todos los beneficios migratorios, aún aquellos tan amplios como el ofrecimiento hecho por Biden en este año electoral, tienen fechas límite y otros requerimientos de elegibilidad. En septiembre, el presidente demócrata amplió el estatus temporal para cerca de 500,000 venezolanos que vivían en Estados Unidos hasta el 31 de julio de 2023. Quienes llegaron un día antes no tuvieron esa suerte.
El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) lanzado por Barack Obama, que ha protegido de la deportación a cientos de miles de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos siendo pequeños, exigía que los solicitantes estuvieran en Estados Unidos el 15 de junio de 2012 y que hubieran permanecido continuamente en el país durante los cinco años anteriores.
Alrededor de 1.1 millones de cónyuges que están sin autorización en el país están casados con ciudadanos estadounidenses, de acuerdo con el grupo de defensa FWD.us., lo que significa que cientos de miles de personas no podrán obtener este beneficio porque han estado en Estados Unidos menos de 10 años.
En general, los defensores de los derechos de los migrantes se maravillaron con el alcance del anuncio, mientras que los críticos de Biden lo calificaron como un regalo terriblemente equivocado.
Angelica Martinez, de 36 años, se enjugaba las lágrimas, sentada junto a sus hijos, de 14 y seis años, mientras miraba el anuncio de Biden en la oficina de Houston de FIEL, un grupo de defensa de los derechos de los migrantes. Martínez, que es ciudadana estadounidense desde 2013, describió un torrente de emociones, entre ellas, el arrepentimiento por el hecho de que su esposo no pudo viajar a México al funeral de su madre, hace 5 años.
“Tristeza, alegría, todo al mismo tiempo”, dijo Martínez, cuyo esposo llegó a Houston hace 18 años.
Brenda Valle, de Los Ángeles, cuyo esposo es ciudadano estadounidense desde 2001 y como ella, nació en México, ha renovado su permiso DACA cada 2 años. “Podemos empezar a planear a más largo plazo, para el futuro, en lugar de ver lo que podemos hacer en los próximos 2 años”, afirmó.
Magdalena Gutiérrez, de Chicago, que ha estado casada por 22 años con un ciudadano estadounidense y tiene 3 hijas, que son ciudadanas estadounidenses, dijo tener “un poco más de esperanza” tras el anuncio de Biden. Gutiérrez, de 43 años, está ansiosa por viajar más por todo Estados Unidos sin temor a un encuentro con los organismos del orden público que pudiera provocar su deportación.
Allyson Batista, maestra jubilada de Filadelfia y ciudadana estadounidense, casada con su esposo brasileño hace 20 años, recordó que su abogado le dijo que él podía salir del país durante 10 años o “permanecer en las sombras y esperar un cambio en la ley”.
“Inicialmente, cuando nos casamos, yo era ingenua y pensé, ‘Está bien, pero yo soy estadounidense. Esto no será un problema. Lo arreglaremos’”, dijo Batista. “Muy pronto supe que enfrentábamos una circunstancia muy difícil y que no habría forma de que avanzáramos con éxito en un proceso migratorio”.
La pareja tuvo tres hijos que reciben educación superior. Batista espera los detalles sobre la forma en que su esposo puede solicitar un permiso de residencia permanente.
“Tengo esperanzas”, dijo Batista. “Los próximos 60 días serán decisivos. Pero, obviamente, estoy más que emocionada porque cada paso adelante es un paso hacia una resolución final para todo tipo de familias de inmigrantes”.
Alrededor de 50,000 niños no ciudadanos con padres casados con un ciudadano estadounidense también podrían ser acreedores a este beneficio, de acuerdo con funcionarios del gobierno de alto nivel que informaron a los reporteros con la condición de mantenerse en el anonimato. Biden también anunció nuevas normas que permitirían que algunos beneficiarios del programa DACA y otros jóvenes migrantes cumplan más fácilmente los requisitos para obtener visas de trabajo consolidadas.
Según la ley de inmigración de Estados Unidos, si un estadounidense se casa con un no ciudadano, pero vive en Estados Unidos, puede ser un proceso sencillo para que el cónyuge solicite la residencia permanente, llamada “green card”.
Pero si el cónyuge lleva mucho tiempo viviendo ilegalmente en Estados Unidos, el proceso se complica mucho más.
A menudo tienen que salir y presentar la solicitud desde su país de origen. Dependiendo del tiempo que la persona haya vivido en Estados Unidos sin autorización, podría tener que permanecer en el extranjero entre tres y 10 años antes de solicitar el regreso. Pueden solicitar una exención para evitar esperar tanto tiempo en el extranjero, pero conseguir una exención también supone una media de tres años y medio.
Tienen que salir del país, presentar la solicitud en un consulado —donde las esperas pueden ser largas— y obtener la autorización para regresar a Estados Unidos.
“Existe el riesgo de una separación prolongada, sobre todo si las cosas van mal”, señaló Elizabeth Taufa, abogada y estratega política del Immigrant Legal Resource Center.
Ante la perspectiva de dejar a sus familias en Estados Unidos por un proceso largo que podría no funcionar, muchos deciden quedarse y vivir escondidos.
Con la nueva política, muchos cónyuges sin estatus legal pueden ahora solicitar la residencia permanente legal sin salir de Estados Unidos y, con el tiempo, obtener una vía hacia la naturalización. Pero no se trata de una aprobación automática.
Para ser elegibles, las personas tienen que haber vivido en Estados Unidos durante al menos 10 años, no suponer una amenaza para la seguridad y haberse casado antes del 17 de junio de 2024. Tendrán que solicitarlo al Departamento de Seguridad Nacional, que estudiará las solicitudes caso por caso, según escribió el departamento en una hoja informativa en la que describe la nueva política. Los cónyuges inmigrantes no pueden haber sido admitidos o autorizados a entrar en el país con anterioridad.
Según el anuncio de Biden, se investigará a los solicitantes en cuanto a su historial de inmigración, antecedentes penales y otros aspectos, incluido el posible fraude.
Una vez que el Departamento de Seguridad Nacional apruebe la solicitud, la persona dispondrá de tres años para solicitar la residencia permanente y podrá obtener una autorización de trabajo de hasta tres años.
Alrededor de 1.1 millones de inmigrantes sin estatus legal están casados con ciudadanos estadounidenses en Estados Unidos, según la organización de defensa de la inmigración FWD.us. El gobierno cree que, en última instancia, alrededor de la mitad de esa cifra —unos 500,000— podrían acogerse a este programa, además de unos 50,000 de sus hijos.
En promedio, los cónyuges han vivido en Estados Unidos poco más de dos décadas, dijo la Casa Blanca. Un alto funcionario del gobierno dijo durante una llamada para informar a los periodistas que esperan que la mayoría de las personas que se beneficien del programa sean de México.
En el último año y medio, el gobierno de Biden ha seguido una estrategia doble en materia de inmigración y seguridad fronteriza.
Por un lado, Biden ha hecho mucho más difícil obtener asilo en la frontera sur y ha intensificado las expulsiones de quienes no cumplen los requisitos para quedarse. Los defensores de los migrantes criticaron la decisión de Biden de este mes de interrumpir la tramitación de solicitudes de asilo cuando se alcance un determinado número de llegadas diarias a la frontera sur.
Por otra parte, el gobierno ha tomado una serie de medidas para admitir a personas en el país.
El ejemplo más claro es el programa creado el año pasado por el gobierno, que permite a personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela llegar a Estados Unidos si cuentan con un patrocinador financiero, superan un control de antecedentes y vuelan a un aeropuerto estadounidense. A finales de abril, 434,800 personas de esos cuatro países habían llegado a través de ese programa.
Muchos defensores han presionado al gobierno para que haga más por los migrantes que llevan décadas viviendo ilegalmente en Estados Unidos.
Aparte de la política para los cónyuges de migrantes, el gobierno también anunció cambios diseñados para ayudar a aquellos en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés) a calificar más fácilmente para visados de trabajo establecidos desde hace tiempo.
El gobierno de Obama ofreció en 2012 protecciones contra la deportación y permisos de trabajo temporales a las personas que fueron traídas ilegalmente a Estados Unidos por sus padres cuando eran niños. Muchos de ellos, conocidos como “dreamers”, son ahora padres.
Muchas empresas que emplean a beneficiarios de DACA pueden solicitar para ellos una visa de trabajo, que es más estable y proporciona una vía para la residencia permanente, dijo Dan Berger, un investigador de asuntos migratorios en la Facultad de Derecho de Cornell, cofundador de Path2Papers, una organización que ayuda a los “dreamers” a tramitar visas de trabajo y otras formas de conseguir la residencia legal permanente.
Pero para obtener la visa de trabajo, el beneficiario de DACA debe viajar al extranjero, solicitar y obtener una exención para volver a entrar en Estados Unidos. Berger dijo que el proceso de exención es muy lento y ofrece poca orientación, por lo que los empleadores y los beneficiarios de DACA no están ansiosos por intentarlo.
“Tener una orientación clara y una expectativa clara es realmente útil”, señaló.
El Departamento de Seguridad Nacional tiene que elaborar directrices sobre cómo funcionará el programa para cónyuges. El programa entrará en vigor a finales del verano, según declaró Biden durante un acto celebrado.
Corresponderá a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, una agencia del Departamento de Seguridad Nacional, tramitar todas las solicitudes. Históricamente, esta agencia ha tenido problemas de financiación para reducir los retrasos y los tiempos de espera.
Los republicanos y los que se oponen a la inmigración han criticado intensamente la propuesta, y es casi seguro que los opositores presentarán demandas para intentar detenerla.
