Agencias/Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó el bloqueo preventivo de las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya y nueve ex y funcionarios del círculo cercano del gobernador con licencia de Sinaloa derivado de la acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, de nexos con el narcotráfico; sin mencionar los nombres.
Trascendió que el bloque de cuentas bancarias incluyó a tres hijos del gobernador Rocha Moya, sin que hasta el momento exista una versión oficial sobre una línea de investigación contra ellos ante la Fiscalía General de la República (FGR) ni autoridades de Estados Unidos.
“La UIF precisa que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo”, indicó en un comunicado.
📢 #Comunicado de prensa
La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, informa sobre medidas preventivas de inmovilización de Personas Políticamente Expuestas de Sinaloa.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informa que se realizaron adiciones a la Lista de Personas… pic.twitter.com/HHKesBnToA
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) May 18, 2026
De acuerdo con la UIF dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito y Público (SHCP), las adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas ha sido de `carácter estrictamente preventivo, derivado de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano’.
La UIF detalló que la acción preventiva ha sido en consecuencia de las acusaciones que emitió Estados Unidos, contra Rocha Moya gobernador con licencia de Sinaloa, además, de nueve exfuncionarios, que recibieron sobornos de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán para permitirles llevar a cabo sus actividades delictivas sin intervención de las autoridades.
Los bancos con operaciones en México emitieron los alertamientos respecto de clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP) conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo que llevaron a la inmovilización preventiva de las cuentas de los funcionarios.
La UIF explicó que la inmovilización de los recursos de los funcionarios no es una determinación definitiva ni representa la acreditación de alguna responsabilidad, “sino acciones preventivas de carácter administrativo.
“Las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable, entre ellos el ejercicio de la Garantía de Audiencia, así como la posibilidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen procedentes”, justificó en un comunicado.
De acuerdo a la UIF las diez personas acusadas por Estados Unidos tiene la posibilidad de solicitar amparos ante un juez para que desbloquear las cuentas.
“La UIF actualmente se encuentra analizando diversa información y documentación relacionada con las PEP incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas, con los mismos criterios técnicos, analíticos e institucionales, como en cualquier otro reporte emitido por el sistema financiero mexicano”, explicó.
Los ex secretarios de Finanzas y de Seguridad del gobierno de Sinaloa, Enrique Alfonso Díaz Vega y Gerardo Mérida Sánchez, respectivamente, se entregaron a las autoridades de Estados Unidos, para enfrentar los cargos de narcotráfico que imputó el Departamento del Tesoro ante una Corte de Nueva York.
Ambos exfuncionarios han sido colaboradores cercanos de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, emanado del partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), que han sido acusados de formar parte de la estructura criminal del ‘Cárte de Sinaloa’.
Díaz Vega de 50 años de edad, es uno de los ex funcionarios más cercanos a Rocha Moya gobernador con licencia, ambos acusados de narcotráfico y brindar protección al Cártel de Sinaloa, que contribuyó al triunfo electoral del partido MORENA en esa entidad en 2021.
El secretario de Finanzas decidió entregarse a las autoridades en Nueva York tras realizar su último viaje a Europa.
Díaz Vega dejó el cargo en la administración estatal en septiembre de 2024, para posteriormente retormar sus actividades en la iniciativa privada en Sinaloa.
Antes de ocupar un cargo público ostentó las direcciones de distintas empresas, entre ellas Housesin Desarrollos y DIGAX.
Díaz Vega ha sido acusado de los delitos de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos ante una Corte de Nueva York.
Las leyes estadounidenses prevén sentencias de cadena perpetua y pena mínima obligatoria de 40 años de prisión, por esos delitos.
El pasad 6 de mayo el periódico Reforma difundió que Díaz Vega incrementó su patrimonio con 10 nuevas propiedades que adquirió de contado, durante los tres años que ostentó el cargo de secretario de Finanzas del gobierno de Sinaloa.
En diciembre de 2021, según sus declaraciones patrimoniales hasta concluir sus funciones en la administración estatal en septiembre de 2024, Díaz Vega reportó un crecimiento en activos inmobiliarios superior a los 18 millones de pesos.
Las declaraciones no distinguen entre valor comercial o catastral. La adquisición de bienes inmuebles se realizaron unos meses después de tomar posesión en la Secretaría de Finanzas.
En junio de 2022, adquirió un terreno por 670 mil pesos; en octubre, otro por 1 millón 92 mil pesos; y ese mismo mes, dos locales comerciales de 3 millones 609 mil 600 pesos. Para cerrar ese año, el 29 de diciembre, compró un terreno de más de 36 mil metros cuadrados por 1 millón 654 mil 500 pesos.
En junio de 2023, compró una casa de 2 millones 900 mil 350 pesos y dos terrenos de 545 mil 300 pesos cada uno.
En septiembre de ese mismo año, cerró la compra-venta con la empresa Kyara S.A. de C.V. de dos terrenos por un total de 7 millones 709 mil 850 pesos.
Los 10 bienes adquiridos durante su paso como servidor público se sumaron a los que previamente ya poseía y que en total suman 44 con un valor total declarado de 128.9 millones de pesos.
El pasado 11 de mayo, Gerardo Mérida Sánchez, General en retiro y ex secretario de Seguridad Pública (SSP), acusado de narcotráfico y brindar protección al Cártel de Sinaloa, se entregó en Arizona, Texas, para colaborar con las autoridades de Estados Unidos.
El portal de noticias Latinus difundió que Mérida Sánchez cruzó a través de la Garita de Nogales, Sonora, hacia Arizona, Texas, para quedar bajo custodia de US Marshals, desde el pasado lunes 11 de mayo.
“El ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, ingresó a Estados Unidos desde Hermosillo, Sonora, el pasado 11 de mayo, y cruzó por la Garita de Nogales hacia Arizona, donde quedó bajo custodia de @USMarshalsHQ“, confirmó el Gabinete de Seguridad a través de su cuenta oficial de X.
“El Gobierno de México, a través de la @SRE_mx y el Gabinete de Seguridad, mantiene comunicación institucional con las autoridades estadounidenses, en el marco de los mecanismos de cooperación internacional”, agregó.
Mérida Sánchez ha quedado a disposición de autoridades federales estadounidenses en el marco de las acusaciones de narcotráfico y complicidad con el Cártel de Sinaloa, en curso ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
El General en retiro ocupó el cargo de secretario de Seguridad Pública estatal en la administración del gobernador Rubén Muñoz Rocha, en Sinaloa, del 4 de septiembre de 2023 al 20 de diciembre de 2024.
Las autoridades de Estados Unidos acusaron a Mérida Sánchez de los cargos de conspiración para la importación de narcóticos, así como posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos que canalizaron a los sicarios del Cártel de Sinaloa.
El pasado 12 de mayo, Mérida Sánchez compareció ante el magistrado Eric J. Markovich, en Tucson, Arizona.
Durante una audiencia de apenas dos minutos, el ex funcionario mexicano renunció a su derecho de una audiencia de identidad y aceptó ser trasladado a la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en la que ha sido radicado el expediente principal identificado como “1:23-cr-00180-KPF”.
Según las actas judiciales, el Gobierno estadounidense solicitó que el acusado permaneciera detenido mientras es llevado a Nueva York, petición que ha sido concedida por el juez federal.
Las autoridades estadounidenses consideran que existen elementos suficientes para vincularlo con delitos federales relacionados con tráfico de drogas y armamento de alto poder.
