Agencias/Ciudad de México.- Los países latinoamericanos han logrado en los últimos cinco años “progresos tangibles” en materia de transparencia fiscal y en su lucha contra la evasión fiscal y otros flujos financieros ilícitos (FFI), señala el ‘Informe Transparencia Fiscal en América Latina 2024‘.
La jefa de la Secretaría del Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Zayda Manatta, destacó que es “muy importante” que los países latinoamericanos sigan avanzando en la transparencia fiscal para combatir los flujos financieros ilícitos y para poder “financiar el desarrollo de los países”.
Este informe del Foro Global sobre la Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, vinculado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), fue presentado en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias donde hoy y mañana se reúnen los firmantes de la Declaración de Punta del Este en un llamado a fortalecer la acción contra la evasión fiscal y la corrupción.
En una entrevista con EFE con motivo de la publicación del ‘Informe Transparencia Fiscal en América Latina 2024’, donde se recoge que los países de la región lograron “progresos tangibles” en los últimos años, Manatta aplaudió el hecho de que estén “muy comprometidos” con los objetivos de transparencia fiscal, así como en el entrenamiento de funcionarios para lograrla.
“Como principales avances tenemos que todos los países latinoamericanos se han sumado, a la espera de la aprobación del Congreso de Honduras” a la Declaración de Punta del Este, firmada en 2018 para luchar contra los flujos financieros ilícitos mediante una mayor cooperación fiscal internacional.
Esto demuestra un “apoyo político” necesario para obtener buenos resultados en materia de transparencia fiscal.
“Hace unos años, los países de estaban recibiendo la información automática, pero no estaban utilizándola de una forma más amplia, tanto como podrían”, algo que ahora ha cambiado. Un ejemplo es Perú, que en este tiempo “ha aumentado las peticiones de información en más de un 2,000 %”, agregó Manatta.
Al sumarse a esta convención, los países tienen acceso a información de más de 145 jurisdicciones de todo el mundo, y gracias al intercambio automático de cuentas financieras todos los años las instituciones financieras recogen los datos de los ciudadanos no residentes y los envían a los países donde residen.
Según el informe, al utilizar los sistemas de intercambio de información, los países han logrado al menos 862 millones de euros (unos 934 millones de dólares) en ingresos adicionales identificados solo de 2019 a 2023, gracias a 2,964 solicitudes transfronterizas de información.
Manatta señaló como una de las asignaturas pendientes las peticiones de información porque “no todos los países lo están usando como se podría”.
Por ejemplo, una de las formas para lo que más se usa esta herramienta es para el manejo de riesgos y para auditorías, pero solo el 60 o 70 % de los países lo hace, así que todavía queda un 30 o 40 % que pueden hacerlo, en palabras de Manatta.
Además, los pedidos de información están concentrados en “más de un 90 %” en cuatro países de la región: Argentina, Colombia, Perú y México, así que queda margen de mejora para los que no lo están usando tanto.
“Hay espacio para crecer y avanzar con esto”, insistió Manatta, quien destacó a Argentina, “campeón de los pedidos de información en la región que ha hecho muchos esfuerzos en este sentido”.
Por su parte, reseñó que Guatemala es uno de los que más dificultades enfrenta en el momento, “puesto que es el único país de la región que tiene una anotación de su evaluación no conforme” y tiene “importantes retos”, por lo que se le está brindando asistencia técnica para que logre avanzar.
Los países firmantes de la Declaración de Punta del Este se reúnen en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias donde, además de presentar el informe y hacer balance de los avances del último año, se espera que firmen un acuerdo para utilizar la información que intercambian para otros fines como combatir la corrupción, el lavado de dinero, el terrorismo y los delitos aduaneros, confirmó Manatta.
Para eso se han fortalecido los sistemas de intercambio de información previa solicitud (EOIR, sigla en inglés), relativamente más desarrollados que los de intercambio automático de información sobre cuentas financieras (AEOI), y su impacto ha sido evidente: al menos 862 millones de euros (unos 934 millones de dólares) en ingresos adicionales identificados solo de 2019 a 2023, gracias a 2,964 solicitudes transfronterizas de información.
En el mismo período 2019-2023, se identificaron al menos 708 millones de euros (unos 767 millones de dólares) mediante el uso de AEOI y programas de divulgación voluntaria (VDP).
A pesar de los buenos resultados, “es necesario seguir avanzando para que la región se beneficie de todo el potencial de la AEOI”, agrega el estudio.
A finales de 2018, altos funcionarios de países latinoamericanos se reunieron al margen de la reunión plenaria del Foro Global y firmaron la Declaración de Punta del Este tras acordar la lucha contra los flujos financieros ilícitos mediante una mayor cooperación fiscal internacional.
La cantidad de ingresos que se pierde debido a la evasión fiscal es significativamente alta en la mayoría de los países latinoamericanos, ascendiendo, según algunas estimaciones, al 6.1 % del producto interior bruto (PIB) de la región, recoge el documento.
“A pesar de los importantes avances logrados en la región, todavía hay margen de crecimiento y mejora para alcanzar una aplicación y un uso pleno y efectivos de los estándares de transparencia fiscal”, agrega el informe.
Además, aunque se ha ampliado “considerablemente” el uso del intercambio de información en la región, el uso de la herramienta EOIR sigue siendo “bastante desigual” entre los países,
Por ello, “el apoyo al desarrollo de una cultura de intercambio de información (EOI) entre los auditores fiscales, así como la eliminación de cualquier obstáculo legal o administrativo para un uso eficiente de la herramienta EOIR seguirá siendo fundamental”.
Además, el informe destaca el papel fundamental de la cooperación fiscal internacional, la necesidad crítica de desarrollo de capacidades y los esfuerzos en curso para aplicar plena y eficazmente los estándares internacionales sobre transparencia y EOI en toda América Latina y fuera de ella.
Los países que firmaron la Declaración de Punta del Este son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Bolivia es observador.
Los miembros de la Iniciativa de América Latina se reúnen periódicamente para examinar los progresos realizados, debatir los retos e identificar las áreas prioritarias de actuación.
