Agencias/Ciudad de México.- Un Juez federal otorgó a la Fiscalía General de la República (FGR) órdenes de aprehensión contra 12 ex funcionarios y 10 particulares ligados a casos de corrupción en la paraestatal Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) que pagó 145 millones de pesos en la compra-venta de 7 mil 800 toneladas de azúcar y sólo recibió 3 mil 110 toneladas.
Entre los implicados en el desfalco aparecen 12 ex funcionarios de Segalmex, 4 personas ligadas a empresas y 6 beneficiarios de los recursos desviados de la paraestatal.
El Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México (Edomex) liberó a la FGR las órdenes de aprehensión contra 22 personas por los delitos de delincuencia organizada, peculado y lavado de 142 millones 440 mil 883 pesos.
“Todo ese grupo de presuntos responsables de los delitos citados celebraron contratos ilegales y pagos ilícitos por la cantidad de 142 millones 440 mil 883 pesos, por una supuesta adquisición de 7 mil 840 toneladas de azúcar, que se utilizarían en beneficio de la población del país y las que nunca pudieron probar que las habían entregado legalmente a dicha empresa paraestatal”, indicó la FGR
De acuerdo al código penal vigente el delito de delincuencia organizada imputado a los implicados prevé prisión preventiva de oficio, es decir ninguno tendrá posibilidad de llevar el procedimiento penal en libertad.
La FGR señaló que este es el sexto expediente, uno de los más importantes que ha llevado a los tribunales, en el caso de corrupción en la paraestatal Segalmex.
Además, agregó la FGR, existen más carpetas que serán judicializadas próximamente, respecto a otros casos multimillonarios de peculado cometidos en agravio de la paraestatal.
En agosto de 2022, la FGR solicitó sin éxito a un Juez de Control en tres ocasiones las órdenes de aprehensión relacionadas con este caso, siendo hasta la cuarta petición que consiguió los mandamientos de captura en marzo de 2023.
El 16 de agosto, Álvaro Niño Cruz Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Oaxaca, negó por primera vez las órdenes bajo el argumento que la FGR nunca acreditó que la aprehensión sería la manera más idónea de hacer comparecer a los imputados ante la justicia.
Dos días después, la FGR acudió ante Marco Antonio Fuerte Tapia Juez federal del Reclusorio Norte, rechazó liberar las órdenes de aprehensiones con el mismo argumento de su homólogo, al que anexo, deficiencias en la integración del expediente para sustentar los delitos.
La FGR había solicitado 25 órdenes de aprehensión contra probables implicados, de las que consiguió 22.
Contrato
En abril de 2020, Diconsa suscribió un contrato con la empresa Carregin de compra-venta de 25 mil toneladas de azúcar por 465 millones de pesos.
Los problemas de logística que generó la pandemia de Covid-19 llevaron a cancelar la mayor parte del pedido en ese contrato, dejando vigente 7 mil 800 toneladas por 145 millones de pesos.
De acuerdo con las autoridades, Diconsa pagó la totalidad del contrato a Carregin que solo entregó 3 mil 110 toneladas.
La paraestatal pidió la devolución de 88 millones de pesos de las 4 mil 700 toneladas que nunca surtió, pero la empresa sólo devolvió 8 millones de pesos a Diconsa.
La lista de personas investigadas en este asunto la encabeza René Gavira Segreste, ex jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, sujeto a proceso por otras acusaciones relacionadas con corrupción.
Igualmente, han tenido la calidad de investigados Manuel Lozano Jiménez, ex director comercial de Liconsa; Hugo Armando Rosas Medina, ex subgerente de la Unidad Operativa Querétaro; Carlos Antonio Dávila Amerena, ex director de Asuntos Jurídicos; y José Rafael Domínguez Ortiz, ex subdirector de Tesorería General.
Además, Juan Bautista Rojas Fontes, ex gerente de Control Presupuestal; J. Elías Ávila Peña, ex jefes del almacén rural de La Luisiada, Guanajuato; y Simón Escobar Copca y Artemio Gutiérrez Rodríguez, ex jefe y ex subjefe del almacén rural de San Luis de la Paz, Guanajuato.
También Jorge Humberto González Bocardo, ex subgerente de abasto en la Gerencia Estatal Tlaxcala; Jesús Morales Garza, ex gerente en la Dirección Comercial encargado de la contratación de granos y azúcar; y Roberto Rivera Ramos, ex subgerente en la Dirección Comercial y a cargo de la programación de adquisiciones.
Otros son Laura Patricia Hernández Rojas, ex coordinadora corporativa de gerencia de presupuestos en la Dirección de Finanzas; José Rosalío Hernández García, ex coordinador corporativo de la Gerencia de Tesorería encargado del pago a proveedores; y Carlos Peralta Aburto, ex subgerente de presupuesto en la Unidad de Administración y Finanzas.
Jorge Saúl Romero Valencia y Daffne Ivanna Pomar Colín, supuestos accionistas de Carregin; y José Miguel Ojeda Antonio, José Francisco Pagaza López, Eduardo Alejandro Murillo Landeros y Javier Adán Jiménez Tinoco, apoderados de la misma empresa, son parte de los indagados.
Además, figuran Hugo Gerardo Rosales Badillo, Gonzalo Mora Nateras, Luis Fernando Morita Mora y Fernando Hiram Zurita Jiménez.
Sólo contra tres de ellos, el Juez de Control no liberó órdenes de aprehensión por el caso dado a conocer este jueves por la FGR.
