Agencias, Ciudad de México.- La Fiscalía neerlandesa anunció que inició una causa penal contra la entidad multinacional Rabobank en una investigación por blanqueo de capitales, y tratará de determinar si el banco neerlandés ha hecho lo suficiente para combatir el blanqueo y la financiación del terrorismo.

En un comunicado, la Fiscalía neerlandesa explicó que ha abierto una investigación penal contra Rabobank que “se centra en el papel del banco como vigilante en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”, en cumplimiento de Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Terrorismo (Wwft).

El motivo de esta investigación criminal es una notificación del Banco Central Neerlandés (DNB), aunque la Fiscalía advierte de que, de momento, no hará más anuncios sobre este caso.

El banco asegura que está cooperando plenamente con la investigación.

Este banco multinacional, con sede en la ciudad neerlandesa de Utrecht, también está dedicado al negocio de los seguros y se ha convertido en uno de los mayores prestamistas hipotecarios en Países Bajos, en un momento complicado para el mercado mobiliario neerlandés, con los precios disparados y una escasez de viviendas.

La supervisión del cumplimiento de la Wwft ya se ha centrado en otras entidades en Países Bajos. El banco neerlandés ABN Amro llegó el año pasado a un pacto con la Fiscalía para poner fin a una larga investigación por “graves deficientes” en la lucha contra el blanqueo de capitales y aceptó el pago de una multa de 480 millones de euros, en un gesto visto como un “reconocimiento de estos errores”.

En 2020, el exdirector ejecutivo del banco neerlandés ING, Ralph Hamers, fue procesado en Países Bajos por los escándalos de blanqueo de capitales que la entidad resolvió con un acuerdo con la Justicia en 2018 a cambio del pago de una multa de 775 millones de euros, confirmó un tribunal del distrito de La Haya.

Por otro lado, la Comisión Europea acusó el martes a los bancos alemán Deutsche Bank y neerlandés Rabobank de coordinarse para manipular varios segmentos del mercado de bonos, entre ellos el de deuda pública denominada en euros.

En particular, Bruselas cree que intercambiaron información comercial sensible entre 2005 y 2006, periodo en el que también coordinaron sus estrategias de precios y comercialización en el mercado secundario de bonos dentro del Espacio Económico Europeo.

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