Agencias, Ciudad de México.- Guatemala violó los derechos humanos del pueblo indígena q’eqchi’ al permitir la explotación minera en tierras en que han vivido miembros de la comunidad al menos desde el siglo XIX, según una sentencia dictada el viernes por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

La Corte IDH consideró que el Estado guatemalteco no respetó los principios constitucionales y convencionales sobre los derechos colectivos e individuales del pueblo q’eqchi’, así como los acuerdos internacionales ratificados por el país sobre los derechos humanos.

La sentencia se basa en un caso iniciado en 2005 por la organización civil Maya Legal, que representaba a más de 1.000 comunidades q’eqchi’ afectadas por la mina Fénix, ubicada en el departamento del Quiché.

Según Maya Legal, la empresa canadiense Hudbay obtuvo permisos para explorar y extraer oro y plata desde 2001 hasta 2009, cuando vendió la mina a una filial local del grupo suizo Solway Investment Group.

Durante ese periodo, se denunciaron casos de violencia policial contra líderes comunitarios que se oponían a la minería, así como amenazas e intimidaciones contra testigos y defensores.

En 2010, Solway fue sancionada por el Departamento del Tesoro estadounidense por supuestas prácticas corruptas relacionadas con sobornos a funcionarios públicos guatemaltecos para obtener permisos mineros.

En 2012, Solway fue acusada por Maya Legal y otras organizaciones indígenas ante la Corte IDH por violar los derechos humanos del pueblo q’eqchi’. La empresa negó las acusaciones y dijo que cumplió con todas las normas legales vigentes.

La Corte IDH admitió el caso en 2014 y lo resolvió el viernes pasado después de escuchar las pruebas presentadas por las partes. La sentencia leída desde Costa Rica establece que Guatemala debe:

  • Reconocer jurídicamente a las comunidades q’eqchi’ como propietarias colectivas e individuales sobre sus tierras ancestrales.
  • Garantizar su participación efectiva e informada en todas las decisiones relacionadas con sus tierras y recursos naturales.
  • Respetar su derecho a decidir libremente sobre su modo de vida cultural, social y económico.
  • Proteger su integridad física e inmunidad frente a cualquier forma de represión o criminalización.
  • Crear un fondo especial para financiar proyectos productivos sostenibles para las comunidades q’eqchi’.
  • Adoptar medidas legislativas para regular adecuadamente la actividad minera en zonas donde habitan pueblos indígenas.
  • Adoptar medidas legislativas para prevenir y sancionar cualquier forma discriminación o exclusión contra los pueblos indígenas.

La sentencia es histórica porque es la primera vez que la Corte IDH condena a un Estado por violar los derechos de los pueblos indígenas al permitir la explotación minera en sus territorios. Además, establece un precedente para otros casos similares en la región, donde existen numerosos conflictos entre las comunidades originarias y las empresas extractivas.

Con información de: Apnews

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