Agencias/Ciudad de México.- Alemania, Canadá, Australia y Países Bajos planean llevar a los talibanes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por su incumplimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de la Mujer. Esta convención, que busca eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, fue firmada por Afganistán en marzo de 2003, dos años después de la intervención militar liderada por Estados Unidos. Kabul aprobó la convención con reservas, especialmente por las disposiciones que podrían contradecir la ley islámica.

Los países estiman que Afganistán está obligado a proteger los derechos las mujeres, incluso bajo el régimen talibán. “Los talibanes quieren que las mujeres y niñas sean mudas e invisibles”, declaró el Ministerio de Exteriores de Alemania. “Nos oponemos a estos abusos”, añadió. En una sentencia, el Tribunal Europeo de Justicia clasificó como “persecución” el trato que dan los radicales islámicos a las mujeres, lo que abre la puerta para que ellas puedan recibir el estatus de refugiadas.

Llevar estos abusos contra las mujeres ante la Corte Internacional de Justicia “ha vuelto a poner la situación de las mujeres afganas en el foco de atención internacional, es un paso importante”, dijo a DW Mohammad Farid Hamidi. El abogado y activista afgano fue fiscal general de Afganistán entre 2016 y 2021 y ahora vive en el exilio.

El experto destaca que la CIJ sirve principalmente para resolver disputas entre estados y emitir opiniones sobre el derecho internacional. Aunque sus sentencias son vinculantes, el tribunal no tiene forma de forzar su implementación. “La pregunta es ¿quién será considerado responsable? ¿Reconocen estos países al gobierno talibán? ¿Aceptarán los talibanes el papel de la Corte Internacional de Justicia?”, cuestiona Hamidi.

La implementación de las sentencias recae en los estados involucrados. Si un estado no cumple, el caso podría llevarse ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, potencias con poder de veto como China y Rusia, que tienen relaciones algo mejores con los talibanes, podrían influir en las decisiones del consejo.

“Los políticos que quieren llevar a los talibanes a la CIJ no están siendo honestos con la sociedad afgana. Es más probable que estén actuando por la presión interna que generan las ONG y las organizaciones de derechos humanos en sus propios países”, dice Hamidi. “Hay otras vías e instrumentos que la comunidad internacional podría usar de forma eficaz para defender los derechos de las mujeres en Afganistán. Por ejemplo, los talibanes podrían rendir cuentas ante la Corte Penal Internacional”.

Mientras la Corte Internacional de Justicia resuelve disputas entre estados, la Corte Penal Internacional (CPI) procesa a personas por delitos como genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

“Los países que quieren llevar a los talibanes ante la CIJ pueden apoyarnos”, sostiene Fazal Ahmad Manawi, un político afgano y exministro de Justicia entre agosto de 2020 y noviembre de 2021. Malawi, que hoy también vive en el exilio, revela que él y otros activistas ya han reunido pruebas de los crímenes de guerra de los talibanes y las han presentado ante la CPI.

Estas pruebas ayudarán a llevar ante la justicia a los responsables de las violaciones a los derechos humanos. “No solo hemos reunido pruebas, sino también testigos valientes que están dispuestos a declarar contra los talibanes”, explica Manawi. “Los talibanes han demostrado en los últimos tres años que no cambiarán. Acaban de aprobar una nueva ley que impone reglas aún más estrictas, especialmente para las mujeres”, recuerda.

Después de casi 20 años de presencia militar occidental, los talibanes retomaron el poder en agosto de 2021 y proclamaron una teocracia islámica. Desde entonces, han impuesto su estricta interpretación del islam con leyes draconianas. La ONU incluso ha hablado de la imposición de un “apartheid de género”.

Sin embargo, conviene recordar que muchas mujeres policía afganas también sufrieron bajo el antiguo gobierno. Cientos de ellas sufrieron acoso y agresiones sexuales, e incluso violaciones, por parte de compañeros y supervisores varones. Los autores nunca rindieron cuentas, ni las antiguas autoridades ni los talibanes.

Las supervivientes de estos abusos del pasado siguen sufriendo traumas psicológicos continuos, con escaso o nulo acceso a un apoyo psicosocial adecuado. Además, viven con miedo a las represalias no sólo de los talibanes, sino también de sus propios familiares, algunos de los cuales piensan que su trabajo “avergonzó” a la familia.

Para empeorar aún más las cosas, los gobiernos extranjeros que en el pasado apoyaron programas para formar y contratar a mujeres en las fuerzas policiales afganas están ahora aparentemente intentando lavarse las manos. Ignoraron los abusos cuando se produjeron y, en general, no han concedido asilo a estas mujeres que ahora necesitan encontrar seguridad y apoyo.

Gobiernos como los de Estados Unidos, Canadá, Japón y Alemania, así como otros de la UE, deben apoyar a las mujeres afganas que solicitan asilo y dar prioridad a estas mujeres para su reasentamiento como refugiadas. La esperanza reside en que estos gobiernos reconozcan la parte de responsabilidad que les corresponde y actúen como es debido.

Numerosos organismos de la ONU informaron de un aumento de los matrimonios precoces y forzados y de la violencia por motivos de género y los feminicidios, que quedaban impunes. Los talibanes desmantelaron progresivamente el marco institucional de ayuda a las sobrevivientes de violencia de género que había operado bajo el gobierno anterior, dejándolas supeditadas a la sharia (ley islámica) y en peligro de sufrir nuevos abusos. Se recibieron informes generalizados de mujeres y niñas que sufrían depresión, que, en algunos casos, desembocó en suicidio.

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