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octubre 2, 2026

Entrega gobierno de Marina del Pilar Ávila contratos millonarios por software espía a empresa del Cártel de Sinaloa en BC

Texto MCCI/Ciudad de México.- Empresas vinculadas a Grupo Marsan propiedad de Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, bajo sanción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, recibieron más de 200 millones de pesos en contratos durante la administración de la actual gobernadora Marina del Pilar Ávila, además, en municipios de Baja California.

Una investigación difundida en el portal de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que la Fiscalía General del Estado (FGE) otorgó los contratos a la empresa Inteliproof Efficient, S. de R.L. de C.V.,  incluso para la adquisición de un software de inteligencia para reconocimiento facial, entre 2022 y 2025.

De acuerdo con MCCI la empresa Inteliproof Efficient, S. de R.L. de C.V., obtuvo decenas de contratos de la FGE por conceptos diversos que van desde conservación y mantenimiento de inmuebles, hasta compra de mobiliario, equipo de cómputo, uniformes, equipo táctico y un software de inteligencia para reconocimiento facial en los últimos cuatro años.

Entre los contratos asignados por la FGE a la empresa de seguridad que ha sido utilizada para lavar dinero el Cártel de Sinaloa aparecen algunos financiados con recursos de fondos federales en materia de seguridad.

El pasado 29 de septiembre, la OFAC incluyó a Inteliproof Efficient en el listado de 21 personas y 25 empresas sancionadas por formar parte de la estructura encabezada por Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, líder de la facción de “Los Mayos” tras la captura de su padre Ismael “El Mayo” Zambada.

Las autoridades estadounidenses detallaron que Inteliproof Efficient ha sido utilizada para lavar dinero para René Arzate García, alias “La Rana”, jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en Tijuana, Baja California.

La lista de la OFAC mencionó entre las personas sancionadas a Marco Antonio Moreno Gómez Santelices,a uno de los socios de Inteliproof, además, a Carlos Villela Gómez Santelices, apoderado legal y quien aparece como representante en los contratos.

El reporte de la OFAC señala que ambos manejan una red de empresas de seguridad, bienes raíces y entretenimiento que lava dinero para el Cártel de Sinaloa y el líder del grupo criminal identificado como “La Rana”.

El caso más relevante bajo investigación es un contrato que otorgó la FGE a “Inteliproof Efficient”, por más de 200 millones de pesos, que incluyó un software de reconocimiento facial entre 2022 y 2025.

El portal MCCI reportó que en una búsqueda realizada en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) arrojó un total de 33 contratos otorgados por la FGE que suman poco más de 73.2 millones de pesos, 19 de ellos por adjudicación directa, entre 2022 y 2025.

En diciembre de 2025, agregó MCCI, el Semanario Zeta documentó que los 10 contratos más cuantiosos que recibió Inteliproof por más de 101 millones de pesos se registraron en 2023.

Aunado a los convenios que enlistó entonces con número y monto, en la PNT aparecen otros 11 del mismo año por 10.6 millones de pesos.

El Semanario Zeta también reveló la existencia de 15 contratos por más de 49 millones en 2022, año del que solo hay cuatro contratos por 6.4 millones en la PNT.

Simultáneamente, la administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, militante del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), entregó un contrato a “Inteliproof Efficient” para la compra de equipo y uniformes de la Secretaría de Seguridad de Baja California.

“Inteliproof Efficient” también recibió pagos por más de 46 millones de pesos de los ayuntamientos de Tijuana, Rosarito y Tecate.

Entre 2022 y 2025, el Ayuntamiento de Rosarito entre contratos a la empresa “Inteliproof Efficient” por más de 12.8 millones de pesos.

Dos de los contratos asginados habría sido para la compra de unidades y uniformes de su policía financiados con recursos federales, además, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun).

En septiembre de 2025, la OFAC sancionó a la ex acaldesa de Rosarito (octubre de 2019 a septiembre de 2024) Hilda Araceli Brown Figueredo, actual diputada federal de MORENA, por su relación con la red del Cártel de Sinaloa y su líder regional ‘La Rana’ en Baja California.

Otra empresa de Santelices señalada por OFAC, “Festivales Artistas Mobiliario Asesoría”, vinculada con Promociones CHF/FAMA, recibió contratos directos con la Secretaría de Turismo por 9.5 millones de pesos.

Ayer el Gobierno estatal de BC dijo que la Gobernadora Ávila pidió una revisión exhaustiva y ordenó que ningún proveedor señalado por la OFAC, por presuntas actividades ilícitas, podrá participar en licitaciones estatales, en tanto no se aclare su situación legal.

El entramado de las empresas y Santelices tiene además conexiones con Ismael Burgueño actual alcalde de Tijuana, militante de MORENA.

Santelices impulsó el proyecto político de Burgueño, junto con Carlos Torres, ex esposo de la Gobernadora Ávila.

El estratega ha sido Fernando Salgado Chávez, empresario a quien atribuye el manejo de áreas estratégicas de Desarrollo Urbano, Obras y Compras en el Ayuntamiento de Tijuana.

La investigación de MCCI señaló que la empresa de seguridad había sido constituida en Tijuana, en octubre de 2020.

De acuerdo con las actas públicas disponibles del Registro Público de Comercio, consultadas por MCCI, desde su creación aparecen como socios a Marco Antonio Moreno Gómez Santelices –sancionado– y a Jorge Enrique Figueroa Barrozo.

Y, desde enero de 2022, tiene entre sus apoderados a Carlos Villela Gómez Santelices, otro de los sancionados por el Departamento del Tesoro.

El otro accionista es Jorge Enrique Figueroa Barrozo, empresario que presidió Canacintra en Tijuana y ex funcionario federal de la Secretaría de Economía, quien se desempeñó hasta el cierre de 2025 como coordinador del Corredor Económico del Bienestar en Baja California, siendo nombrado por Marcelo Ebrard.

La OFAC y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bloquearon las cuantes al resto de las compañías y personas sancionadas por su relación con el Cártel de Sinaloa.

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