Juan Balboa
Las tierras de la familia de Bartolo Gómez López se ubican al sur de Juchitán en una zona que se le conoce como Paraje Chjiquezee, a pocos kilómetros de Playa San Vicente, y están rodeadas por parques Eólicos de empresas españolas, italianas u Holandesas. Son de las pocas tierras que aún cultivan el maíz criollo conocido como zapalote chico, especial para elaborar una gama de alimentos típicos del Istmo de Tehuantepec.
Desde hace más de trece años se han negado a “entregar sus tierras” a empresas nacionales o extranjeras para la instalación de aerogeneradores y mantienen aún su rechazo al Proyecto Eólico Bi Yoxho, dentro del polígono del proyecto Bi Yoxho, la empresa Gas Natural Fenosa de España.
Ellos son parte de una de las organizaciones de Oaxaca que dieron su testimonio al Grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos que los visito. Hablaron sin tapujos sobre la presión que existen sobre sus tierras. En su informe preliminar de su recorrido por México, el grupo de trabajo de la ONU escuchó el testimonio sobre 81 casos de personas y comunidades afectadas por actividades empresariales: Ciudad de México (19), Istmo de Tehuantepec y Oaxaca, Oaxaca (17), Guadalajara, Jalisco (11), Hermosillo, Sonora (6) y Xochicuautla, Estado de México (28).
El organismo de las Naciones Unidas visitó varios estados del país hace dos años para conocer las violaciones de los derechos humanos por parte de empresas, ya sean privadas o públicas, e identificar iniciativas, oportunidades y desafíos para “implementar los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos en México”.
El Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos de la ONU en visita oficial a México se reunió con autoridades, empresas, organizaciones de la sociedad civil; personas y comunidades afectadas por diferentes actividades empresariales.
Dichas reuniones, según el documento preliminar, permite al Grupo de Trabajo conocer el “incumplimiento del deber del Estado de proteger los derechos humanos y de las empresas de respetarlos”, así como de proveer un adecuado acceso a la justicia en caso de afectaciones a estos derechos.
Los parques eólicos
Dentro de los 81 casos de personas y comunidades afectadas por actividades empresariales, el Grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos destaca los casos de personas y comunidades afectados por los parques Eólicos del Istmo de Tehuantepec.
“En Oaxaca, escuchamos las opiniones de las partes acerca de la ampliación de un proyecto de parque eólico en los municipios de El Espinal y Juchitán de Zaragoza. Siguiendo el patrón de varios casos similares, una orden de amparo solicitada por una Corte Federal detuvo este proyecto de desarrollo a gran escala con una inversión de 780 millones de dólares.
“Finalmente, en agosto de 2016, la orden de amparo fue revisada y se permitió que el proyecto se reanudara. Sin embargo, un número significativo de pueblos indígenas afectados por el proyecto continúa resistiéndose a esta decisión y un grupo de 1166 miembros de la comunidad buscan la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, relatan.
El proyecto que pretende instalarse en los municipios oaxaqueños de Juchitán de Zaragoza y El Espinal, en el Istmo de Tehuantepec, es encabezado por la empresa Energía Eólica del sur, S.A.P.I. de C.V., para la generación de energía eléctrica eólica.
El proyecto, de acuerdo a los documentos entregados al Grupo de Trabajo de la ONU, está planeado para instalar un total de 132 aerogeneradores (72 en El Espinal con una potencia de 216 MW y 60 en Juchitán con una potencia de 180 MW).
Cada aerogenerador mide 80 metros de altura, y cuenta con una torre tubular de acero con un peso de 155 toneladas. La altura total del aerogenerador en la punta de la pala es de 125 metros. Se pretende construir una línea de transmisión para establecer una conexión con la subestación eléctrica de la CFE “Ixtepec Potencia”. El costo total sería de catorce mil cuatrocientos cincuenta y cuatro millones de pesos.
La mayoría de las comunidades de ésos dos municipios se oponen a la instalación del parque eólico, por ello acudieron a las instancias judiciales. En diciembre de 2015 el juez ordenó la suspensión definitiva del proyecto. Dos meses después (febrero de 2016) el juez cambió. El nuevo resolvió en junio del 2016 rechazar la suspensión y no darle curso a la demanda de las comunidades.
El proyecto de Energía Eólica del sur es uno de más de once proyectos eólicos rechazados y demandados ante tribunales, entre ellos destacan el Proyecto Eólico de Unión Hidalgo que impulsa la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos (DEMEX); Proyecto Eólico Bi Yoxho, de la empresa española Gas Natural Fenosa; Binizza, al sur de Juchitán, y el de San Dionisio del Mar, en la Barra de Santa Teresa, de la empresa Mareña Renovables, por mencionar algunos.
El informe preliminar del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos de las Naciones Unidas señala con puntualidad que de sus conversaciones con diferentes partes de este conflicto, “se evidenció que una cuestión importante es la falta general de confianza en las intenciones de la otra parte”.
“Desde la perspectiva de las comunidades indígenas, todo el proceso de consulta fue considerado defectuoso, puesto que ya se habían instalado molinos de viento en la región sin ninguna consulta previa.
“Por otro lado, representantes de las autoridades del Estado expresaron su frustración de que la cuestión indígena hubiera retrasado el proyecto y argumentaron que el juez Federal que ordenó el amparo no conocía la importancia de estos proyectos de energía”, puntualiza.
Previo a la llegada del Grupo de Trabajo, unas 100 organizaciones hicieron público un documento que fue entregado a los representantes de la ONU en el que señalan la “intimidación y la violación del derecho a la tierra son dos de los abusos más recurrentes de empresas de diferentes sectores en México”.
Las organizaciones independientes, entre las que se encuentran el Centro Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria”, por mencionar algunos, señalan que en el documento que entregaron al Grupo de Trabajo, se registran 99 empresas implicadas en abusos de derechos humanos: 41 nacionales, 50 extranjeras y 8 públicas.
Los principales sectores en donde se registraron los abusos: en la minería y cementeras se dieron 11 casos; en el de hidrocarburos 9; producción de energía mediante hidroeléctricas y parques eólicos y abusos relacionados con los consumidores, 8 casos.
