Por: Violeta Lagunes
@violetalagunesv
De acuerdo con el Informe Conciso “La Situación Demográfica en el Mundo”, de la ONU, para el año 2014, la población mundial alcanzó en ese año 7,200 millones de personas y se espera que para 2050 habrá aumentado más de 2.000 millones, siendo rural la mitad de esa población. Asimismo, de acuerdo con el estudio “La Situación de los Pueblos Indígenas en el Mundo”, editado por el Departamento de Información Pública de la propia ONU, en el año 2010, se advierte que los pueblos indígenas sumaban 370 millones y aunque constituyen el 5% de la población mundial, aportan el 15% de todos los pobres del mundo, representando la tercera parte de los 900 millones de indigentes de las zonas rurales.
Ahora bien, desde la época de la invasión y posterior colonización de los pueblos originarios, hasta la actualidad la violencia hacia los pueblos indígenas, y hacia el medio rural, si bien ha variado en su grado de masividad, ha sido un fenómeno constante y en el entorno actual, las políticas de desarrollo nacional y regional, irrumpen violentamente en las sociedades locales, contrastando con las prácticas socioculturales que tradicionalmente persisten en las localidades con acento indígena y rural.
Si atendemos en específico a las mujeres indígenas y/o rurales, la problemática es mayor, y la violencia en estos casos se encuentra especialmente focalizada en violaciones a derechos humanos de gravedad, como desplazamientos, destrucción de su cultura y creencias, insultos, golpes, menosprecio, invasión de sus cuerpos a través de violaciones y trata, exclusión, y discriminación, además de otras formas derivadas de la omisión del Estado para garantizar el acceso a los servicios de salud y a la justicia.
En general hay poca información al respecto, pues si bien ya se reconoce esta situación en informes, diagnósticos y en algunas estadísticas, sin embargo, poco se sabe de las características e indicadores de la violencia de género contra ellas, atendiendo a cada etnia a la que pertenecen y a su entorno específico.
Como dato hay que resaltar que las mujeres indígenas y rurales padecen de violencia estructural al interior de sus propias comunidades, producto de la visión patriarcal y machista que se nutre de algunas de sus tradiciones y costumbres; y de violencia institucional a raíz de la defensa de la tierra y los recursos naturales por parte de los pueblos originarios, que en muchas ocasiones se ha incrementado con la presencia de los “cuerpos de seguridad”.
La violencia sexual es de las prácticas históricas más permanentes de violencia hacia las mujeres indígenas y rurales, practicada por diversos actores, además de agentes del Estado, y persistentemente invisibilizada e impune; las políticas asistencialistas no reconocen en el caso de las mujeres, sus capacidades y sus conocimientos. Asimismo, en los servicios públicos de salud las mujeres indígenas y rurales han sufrido esterilizaciones masivas, maltrato, abuso y abandono; además estos servicios son escasos, precarios, de muy baja calidad, dispersos y limitados para ellas, reproduciendo las relaciones excluyentes que caracteriza a la sociedad mexicana. En general, si bien las instituciones públicas y privadas, las “atienden”, en realidad, no representan una solución al problema que plantean.
En el ámbito laboral se les discrimina por prejuicios, estereotipos, roles y actividades y en muchas ocasiones se les circunscriben en actividades de cuidado a su familia y apoyo en el campo, sin percibir salario alguno; en el servicio doméstico sus salarios son muy bajos y muchas veces deben ausentarse de sus familias por periodos muy prolongados; si deciden ser emprendedoras y vender sus productos, la transportación de éstos es muy complicada y se les cuestiona mucho el precio de venta siendo perseguidos y extorsionadas por autoridades administrativas sin escrúpulos y lo que les queda generalmente lo entregan a su familia (padres, hijos) o pareja.
Ser mujer, ser pobre, ser rural, ser indígena son condiciones que alejan la posibilidad de tener acceso al desarrollo y con ello al ejercicio de la ciudadanía plena y contribuye a seguir aumentando la brecha de desigualdad social contra ellas, que se naturalizan e influyen en su vida para mirarse a sí misma como el exterior les dice, para influir en la percepción de sí mismas.
Los efectos de la situación de violencia generalizada en que “sobre viven” afecta su capacidad para afrontar la vida y resolver los conflictos a los que se enfrenta y altera en forma negativa su percepción sobre ellas mismas.
Desgraciadamente, no se observa que las políticas públicas implementadas en México y en todo el mundo sean suficientes para mejorar la situación de las mujeres indígenas y rurales, al contrario, pareciera que la apuesta es invisibilizar la problemática mientras se “avanza” en el exterminio del “mundo indígena y rural”.
