Redacción InsurgentePress/Ciudad de México.- Gustavo Madero Muñoz coordinador del Gabinete del Gobierno de Chihuahua dio a conocer que el ex mandatario César Duarte otorgó más de 2 mil 900 millones de pesos de manera directa a empresas creadas ex-profeso durante el último año de su administración.

En conferencia de prensa en la ciudad de Chihuahua, Madero Muñoz aseguró que el ex Gobernador Duarte violó abiertamente los lineamientos legales para adjudicar recursos públicos a empresas en esa entidad.

En algunos casos, dijo, la administración estatal otorgó una misma licitación directa a tres empresas distintas, la mayoría a creadas por amigos del ex Gobernador.

Madero Muñoz acompañado de la secretaria de la Función Pública, Estefany Olmos, advirtió que la nueva administración de Javier Corral cumplirá el compromiso de llevar ante la justicia a los ex funcionarios que incurrieron en desvío de recursos y actos de corrupción durante el sexenio anterior.

Los avances de las investigaciones en cada área de Gobierno, agregó, serán dadas a conocer a la opinión pública cada semana.

“El gobierno de César Duarte, resultó incluso ser más corrupto que el de Javier Duarte en Veracruz, por eso hacemos un llamado a la Procuraduría General de la República (PGR) a proceder en la investigación contra Duarte”, indicó.

Madero Muñoz recordó que hace dos años Duarte fue acusado por el hoy Gobernador Javier Corral de adquirir el 15 por ciento de las acciones del Banco Progreso de Chihuahua con un pago de 65 millones de pesos, y de beneficiarse con depósitos millonarios de las arcas estatales.

En la querella se señala que el patrimonio millonario de Duarte no corresponde a sus ingresos como Gobernador, de 120 mil pesos mensuales.

Madero Muñoz consideró que existe un freno político por parte del Gobierno federal en este caso que no presenta avances, contrario a los procesos contra los ex Mandatarios de Veracruz y de Sonora, Javier Duarte y Guillermo Padrés.

“No ha habido nada, está detenida, pareciera que existe un freno político, hay cero avance.

“Pareciera que existe ese criterio de dosificación de una justicia selectiva, atendiendo a intereses políticos, más que de combatir la impunidad y la corrupción.

“Sin duda alguna se tendrá que insistir y, si se puede enriquecer esa denuncia con otros elementos, pues se presentaran”, añadió Madero.

En noviembre de 2014, senadores del PAN, el PRD y el PT, encabezados por Corral, pidieron a la PGR, a la Secretaría de Hacienda, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Banco de México investigar y fincar responsabilidades penales y administrativas a Duarte por enriquecimiento ilícito.

Los legisladores hicieron suya una denuncia presentada el 23 de septiembre del mismo año por el activista Jaime García Chávez, quien acusó al entonces Mandatario priista por peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y uso indebido de atribuciones.

En la denuncia de hechos -averiguación previa AP/PGR/UEAF/001/2014-09- se acredita que Duarte y su esposa, Bertha Olga Gómez Fong, invirtieron 65 millones, a través de un fideicomiso, para adquirir el 15 por ciento de las acciones del Banco Progreso.

Corral también presentó pruebas de que Duarte se benefició del erario al depositar 834 millones de pesos en el banco del que es accionista.

Salario y patrimonio

El pasado 12 de septiembre, el ex Mandatario priista se presentó ante la PGR para aportar elementos sobre su situación patrimonial, como parte de la averiguación previa que lleva la Unidad Especializada de Análisis Financiero.

Corral considera que en el expediente que tiene la PGR desde hace dos años hay elementos suficientes para que un juez gire orden de aprehensión en contra del priista.

Para encarar la escasez financiera de su Administración, Corral solicitó a la Federación 2 mil millones de pesos para cerrar el año.

“Me dejaron un estado en bancarrota. Es una hecatombe económica”, resumió.

En septiembre de 2014, los entonces diputados federales panistas Rocío Reza y Carlos Angulo Parra denunciaron ante la PGR a César Duarte por el delito fraude financiero, luego de elevar la deuda pública hasta 50 mil millones de pesos.

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