Por Fátima Monterrosa/Especial InsurgentePress/Ciudad de México.- El viaje resulta un tormento para las mujeres que día a día cohabitan con caras extrañas en el transporte público de la capital del País. El remedio para erradicar ese mal metropolitano dio paso a una rampante corrupción de ex funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México.

Un ejemplo apunta hacia el ex Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera que pagó 11 millones de pesos por 150 mil 952 silbatos rosas en una estrategia fallida para erradicar conductas de acoso y hostigamiento sexual hacia las mujeres en el transporte público de la Ciudad de México en 2016.

“La estrategia de un silbato, que estará a disposición de quien lo quiera, silbato que estará dando una señal de alerta a la sociedad, de que algo está pasando ahí de que no podemos estar indiferentes, en un sendero quizás, que se considere peligroso”, celebró Mancera el 25 de mayo de 2016

Posteriormente José Ramón Amieva, sucesor de Mancera, destinó 41 millones de pesos en programas fantasmas o inexistentes de capacitación y estrategias para prevenir la violencia contra las mujeres, 90 días antes de concluir la administración del Gobierno capitalino.

El 10 de octubre de 2018, la Secretaría de Gobierno firmó con Alejandro Pantoja Chávez  un contrato de 9 millones 999 mil 988 pesos por la compra-venta de mil botones de pánico para la localización de mujeres en riesgo de ser víctimas de violencia feminicida.

La justificación del contrato menciona que los botones servirían: “para atender la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres que permita la localización durante 24 horas del día, los 365 días del año”.

Todo esto resulta un asombro para las mujeres que siempre caminan de prisa y en alerta a temprana hora o por la tarde-noche en busca de abordar el transporte público en la Ciudad de México.

Del contrato de los botones de pánico solo llegaron a la nueva administración de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México 650 unidades, marca Mietrack, ninguna ha podido ser utilizada, los equipos resultaron defectuosos.

La descripción del contrato que suscribió la administración del ex Jefe de Gobierno Amieva, destaca que cada dispositivo móvil, con GPS de rastreo portátil y garantía de dos años tuvo un costo de 9 mil 99 pesos.

La anterior administración de la Ciudad de México facturó a sobreprecio los botones. En la página de internet de la marca Mietrack las mismas unidades con alarma y GPS se cotizan entre 900 y mil 500 pesos cada una.

La Secretaría de Gobierno también firmó un contrato de 8 millones 984 mil pesos con la empresa ‘KJD Ideas Creativas S.A de C.V, representada por Eduardo Ruiz Nava.

El contrato estableció que la empresa KJD Ideas Creativas se encargaría de ‘la puesta en marcha de acciones de publicidad y atender la décimo sexta conclusión del informe del grupo de trabajo conformado para atender el procedimiento de solicitud de alerta de violencia de género para la Ciudad de México’.

En el domicilio que proporcionó la empresa en el contrato trabajan diversas organizaciones no gubernamentales dedicadas a programas de desarrollo comunitario en zonas rurales de Puebla.

Los trabajadores narraron que Eduardo Ruiz Nava realmente opera en Chingnahuapan, Puebla, dado a que representa a la Fundación ‘Luis María Martínez’, dedicada a capacitar a comunidades en la siembra de hortalizas.
En 2014, el propio Ruiz Nava confiesa en un video difundido en la red YouTube que su ramo de trabajo es la capacitación para agro-negocios ajenos a cualquier tema de tecnología o alertas de género.

“Eduardo Ruiz Nava: capacitar a la gente en tal infraestructura para que ellos puedan producir sus propios alimentos, estar en cursos de capacitación como agro-negocios para que ellos puedan ser sustentable totalmente…Vamos a tener cursos de capacitación de hortalizas, hongo zeta y jitomate”. (https://www.youtube.com/watch?v=CfpuScDSGLk).

Paralelamente, la anterior administración capitalina a través de la Secretaría de Gobierno, la Escuela de Administración Pública y el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México contrataron de manera directa a personas físicas fiscalmente y empresas fantasmas para los programas y atender la solicitud de alerta de género.

Ninguno de ellos existe, el dinero se esfumo entre los ex-funcionarios encargados de esa tarea, mientras la angustia prevalece durante el viaje de las mujeres que alcanzan a ver a través de las ventanas las ruidosas calles y el tormentoso tráfico en la zona metropolitana.

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