Agencias/Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR), citó a Rubén Rocha Moya gobernador con licencia de Sinaloa, simultáneamente al senador Enrique Inzunza, ambos del oficialista partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) para rendir entrevistas ministeriales, 25 días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó acusaciones de narcotráfico ante una Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Simultáneamente, la FGR requirió a otros ocho ex y funcionarios del círculo cercano de Rocha Moya acusados de presuntos vínculos con el narcotráfico y el Cártel de Sinaloa.
“En el marco de las diligencias relativas a la indagatoria aperturada con motivo de la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York de los Estados Unidos de América, relacionada con 10 ciudadanos mexicanos del estado de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia.
“Se da a conocer a la opinión pública que, entre otras acciones, dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad”, indicó la FGR a través de un comunicado.
La FGR precisó que las comparecencias forman parte de la indagatoria abierta tras la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra 10 ciudadanos mexicanos ligados presuntamente a estructuras criminales de “Los Chapitos”.
“Dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad”, añadió la FGR.
El citatorio de la FGR incluyó además, de Rocha Moya a Marco Antonio Almanza Avilés, ex Comisario General de la Policía de Investigación de Sinaloa; Alberto Jorge Contreras Núñez, ex jefe de la Policía de Investigación; Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad Pública estatal.
Además, a José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, ex mando policial, y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, identificado como ex comandante municipal.
La acusación presentada en Nueva York sostiene que funcionarios y mandos de seguridad habrían brindado protección, información y respaldo operativo a una facción del Cártel de Sinaloa vinculada con el tráfico de fentanilo, metanfetaminas y cocaína hacia Estados Unidos.
El pasado 29 de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra 10 funcionarios mexicanos, entre ellos el Gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, del partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), por los delitos de narcotráfico y armas,
Los funcionarios señalados habrían conspirado con el Cártel de Sinaloa para introducir drogas a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos durante el proceso electoral en México.
El Fiscal federal Jay Clayton y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, informaron que los acusados -funcionarios en activo y retirados- enfrentan cargos por su presunta participación en operaciones de tráfico de narcóticos.
El caso ha sido asignado a la Jueza Katherine Polk Failla.
De acuerdo con la acusación, los implicados “se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos”.
Entre los nombres figuran Enrique Inzunza Cázarez, actual senador del partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Gerardo Mérida Sánchez y Juan de Dios Gámez Mendívil, entre otros.
Además, Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, enfrenta cargos adicionales por secuestros vinculados a una fuente de la DEA y un familiar, que derivaron en sus muertes.
“El Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”, declaró Clayton.
“Como lo revela la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo”.
Entre los señalados en la acusación se encuentran figuras clave de la administración estatal y de las fuerzas del orden, como Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra y el ex secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez.
Según el documento judicial, estos funcionarios desempeñaron roles esenciales para el Cártel: proporcionaron información confidencial de inteligencia, ordenaron a las policías estatal y municipal proteger cargamentos de droga y permitieron que los criminales cometieran actos de violencia brutal sin enfrentar consecuencias.
A cambio de estas acciones, los acusados habrían recibido colectivamente millones de dólares en sobornos.
La acusación destaca una relación directa entre el Gobernador Rocha Moya y los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Precisa que “Los Chapitos” ayudaron a Rocha Moya a ganar la gubernatura mediante el secuestro e intimidación de sus rivales políticos en 2021.
A cambio del apoyo electoral, Rocha Moya presuntamente asistió a reuniones con los líderes de la facción, tanto antes como después de asumir el cargo el 1 de noviembre de 2021, donde se comprometió a brindarles protección para sus actividades ilícitas.
Las autoridades estadounidenses afirman que, bajo su mandato, el Gobernador ha permitido que el grupo opere con total impunidad en Sinaloa.
Uno de los puntos más graves de la acusación involucra a Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, comandante de la policía municipal de Culiacán.
Millán es acusado de recibir pagos mensuales de “Los Chapitos” a cambio de otorgarles acceso total a la fuerza policial.
Además, ha sido imputado de haber participado directamente en octubre de 2023 en el secuestro, tortura y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y un familiar de esta, debido a las sospechas de que colaboraban con la investigación estadounidense.
Otros funcionarios, como Dámaso Castro Zaavedra, subprocurador de la Fiscalía del Estado, habrían recibido pagos mensuales de 11,000 dólares para alertar al cártel sobre operativos policiales.
El pasado 21 de mayo, la Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que existe una alerta roja de Interpol derivada de las órdenes de aprehensión contra el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya (Morena), y otros 9 acusados de narcotráfico que emitió la Fiscalía de Nueva York, Estados Unidos.
En conferencian de prensa en Palacio Nacional, Sheinbaum negó que el gobierno mexicano mantenga una especial vigilancia sobre 8 de las personas requeridas por autoridades estadounidenses, luego de que dos de ellos, (los secretarios de Seguridad y de Finanzas de Sinaloa) se han entregada de forma voluntaria.
Corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR), justificó Sheinbaum, desarrollar las investigaciones.
“Bueno, hay una orden de aprehensión por parte del Gobierno de Estados Unidos, eso hace que se alerten en fichas rojas, llamadas así por parte de la Interpol, entonces eso es del Gobierno de Estados Unidos, si ellos llegaran a salir de México, otros países a partir de la alerta roja que emitió el Gobierno de Estados Unidos pudiera llegar a detenerlos”, comentó.
Cuestionada sobre si el Gobierno federal conocía el paradero de los acusados requeridos por Estados Unidos, Sheinbaum respondió que no existe obligación legal para mantener vigilancia específica sobre ellos.
“Bueno, la Fiscalía, como saben, abrió una investigación, entonces ellos desarrollarán su investigación, pero no hay nada legal que nos obligue a que nosotros tengamos una vigilancia particular con las otras personas”, atajó Sheinbaum.
El pasado 18 de mayo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó el bloqueo preventivo de las cuentas bancarias de Rocha Moya y nueve ex y funcionarios del círculo cercano del gobernador con licencia de Sinaloa derivado de la acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, de nexos con el narcotráfico; sin mencionar los nombres.
Trascendió que el bloque de cuentas bancarias incluyó a tres hijos del gobernador Rocha Moya, sin que hasta el momento exista una versión oficial sobre una línea de investigación contra ellos ante la Fiscalía General de la República (FGR) ni autoridades de Estados Unidos.
“La UIF precisa que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo”, indicó en un comunicado.
De acuerdo con la UIF dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito y Público (SHCP), las adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas ha sido de `carácter estrictamente preventivo, derivado de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano’.
La UIF detalló que la acción preventiva ha sido en consecuencia de las acusaciones que emitió Estados Unidos, contra Rocha Moya gobernador con licencia de Sinaloa, además, de nueve exfuncionarios, que recibieron sobornos de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán para permitirles llevar a cabo sus actividades delictivas sin intervención de las autoridades.
Los bancos con operaciones en México emitieron los alertamientos respecto de clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP) conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo que llevaron a la inmovilización preventiva de las cuentas de los funcionarios.
La UIF explicó que la inmovilización de los recursos de los funcionarios no es una determinación definitiva ni representa la acreditación de alguna responsabilidad, “sino acciones preventivas de carácter administrativo.
“Las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable, entre ellos el ejercicio de la Garantía de Audiencia, así como la posibilidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen procedentes”, justificó en un comunicado.
De acuerdo a la UIF las diez personas acusadas por Estados Unidos tiene la posibilidad de solicitar amparos ante un juez para que desbloquear las cuentas.
“La UIF actualmente se encuentra analizando diversa información y documentación relacionada con las PEP incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas, con los mismos criterios técnicos, analíticos e institucionales, como en cualquier otro reporte emitido por el sistema financiero mexicano”, explicó.
Los ex secretarios de Finanzas y de Seguridad del gobierno de Sinaloa, Enrique Alfonso Díaz Vega y Gerardo Mérida Sánchez, respectivamente, se entregaron a las autoridades de Estados Unidos, para enfrentar los cargos de narcotráfico que imputó el Departamento del Tesoro ante una Corte de Nueva York.
Ambos exfuncionarios han sido colaboradores cercanos de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, emanado del partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), que han sido acusados de formar parte de la estructura criminal del ‘Cárte de Sinaloa’.
Díaz Vega de 50 años de edad, es uno de los ex funcionarios más cercanos a Rocha Moya gobernador con licencia, ambos acusados de narcotráfico y brindar protección al Cártel de Sinaloa, que contribuyó al triunfo electoral del partido MORENA en esa entidad en 2021.
El secretario de Finanzas decidió entregarse a las autoridades en Nueva York tras realizar su último viaje a Europa.
Díaz Vega dejó el cargo en la administración estatal en septiembre de 2024, para posteriormente retormar sus actividades en la iniciativa privada en Sinaloa.
Antes de ocupar un cargo público ostentó las direcciones de distintas empresas, entre ellas Housesin Desarrollos y DIGAX.
Díaz Vega ha sido acusado de los delitos de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos ante una Corte de Nueva York.
Las leyes estadounidenses prevén sentencias de cadena perpetua y pena mínima obligatoria de 40 años de prisión, por esos delitos.
El pasado 11 de mayo, Gerardo Mérida Sánchez, General en retiro y ex secretario de Seguridad Pública (SSP), acusado de narcotráfico y brindar protección al Cártel de Sinaloa, se entregó en Arizona, Texas, para colaborar con las autoridades de Estados Unidos.
El portal de noticias Latinus difundió que Mérida Sánchez cruzó a través de la Garita de Nogales, Sonora, hacia Arizona, Texas, para quedar bajo custodia de US Marshals, desde el pasado lunes 11 de mayo.
“El ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, ingresó a Estados Unidos desde Hermosillo, Sonora, el pasado 11 de mayo, y cruzó por la Garita de Nogales hacia Arizona, donde quedó bajo custodia de @USMarshalsHQ“, confirmó el Gabinete de Seguridad a través de su cuenta oficial de X.
“El Gobierno de México, a través de la @SRE_mx y el Gabinete de Seguridad, mantiene comunicación institucional con las autoridades estadounidenses, en el marco de los mecanismos de cooperación internacional”, agregó.
Mérida Sánchez ha quedado a disposición de autoridades federales estadounidenses en el marco de las acusaciones de narcotráfico y complicidad con el Cártel de Sinaloa, en curso ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
El General en retiro ocupó el cargo de secretario de Seguridad Pública estatal en la administración del gobernador Rubén Muñoz Rocha, en Sinaloa, del 4 de septiembre de 2023 al 20 de diciembre de 2024.
Las autoridades de Estados Unidos acusaron a Mérida Sánchez de los cargos de conspiración para la importación de narcóticos, así como posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos que canalizaron a los sicarios del Cártel de Sinaloa.
El pasado 12 de mayo, Mérida Sánchez compareció ante el magistrado Eric J. Markovich, en Tucson, Arizona.
Durante una audiencia de apenas dos minutos, el ex funcionario mexicano renunció a su derecho de una audiencia de identidad y aceptó ser trasladado a la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en la que ha sido radicado el expediente principal identificado como “1:23-cr-00180-KPF”.
Según las actas judiciales, el Gobierno estadounidense solicitó que el acusado permaneciera detenido mientras es llevado a Nueva York, petición que ha sido concedida por el juez federal.
Las autoridades estadounidenses consideran que existen elementos suficientes para vincularlo con delitos federales relacionados con tráfico de drogas y armamento de alto poder.
