Agencias/Ciudad de México.- La organización Human Rights Watch censuró las recientes reformas penales aprobadas por el Congreso salvadoreño para que los menores de edad condenados por delitos relacionados con el crimen organizado cumplan sus penas en las mismas cárceles que los adultos, aunque en áreas separadas.
“Estas reformas legislativas someten a niños y niñas al sistema penitenciario para adultos de El Salvador, que ha sido responsable de torturas y otros graves abusos”, señaló en un comunicado de prensa Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW).
“Transferir a niños y adolescentes a centros de detención diseñados para adultos, aun en áreas separadas, representa un grave retroceso para los derechos de la niñez y adolescencia en El Salvador”, agregó.
La reforma a la Ley Penal Juvenil aprobada por el Congreso se aplicaría a los menores que pertenezcan a pandillas y hayan sido procesados por delitos graves como homicidios, secuestros y tráfico de armas. Una vez que cumplan los 18 años, deberán someterse al régimen general de adultos.
HRW aseguró que desde que entró en vigor el régimen de excepción en El Salvador en marzo de 2022 —que suspende derechos fundamentales como el de ser informado de los motivos de la detención o tener acceso a un abogado— más de 3,000 niños, niñas y adolescentes han sido detenidos “muchos de ellos sin vínculos aparentes con las pandillas o actividades delictivas”. Agregó que en muchos casos las detenciones “parecen estar basadas únicamente en denuncias anónimas o en su apariencia física”. A su vez señaló que, para febrero de 2024, 1,065 niños habían sido condenados durante el régimen de excepción, en muchos casos por el delito excesivamente amplio de “agrupaciones ilícitas”.
HRW documentó que, en un gran número de casos, los fiscales presentaron pruebas poco creíbles y coaccionaron a los menores para que se declararan culpables de delitos que decían no haber cometido.
“Los niños y niñas, que ya han sufrido abusos aberrantes en centros de detención juvenil, enfrentarían condiciones y abusos aún más graves en las cárceles para adultos. Bajo ninguna circunstancia deberían ser trasladados allí”, afirmó Goebertus.
La organización ha documentado que las personas detenidas en prisiones para adultos en El Salvador permanecen completamente incomunicadas y sin acceso a recursos legales efectivos para su defensa. Muchos se enfrentan a condiciones de hacinamiento extremo, tortura y violencia. El acceso a servicios básicos, incluida alimentación, agua potable y atención médica, es muy limitado.
Según organizaciones locales de derechos humanos, 368 personas han muerto en las cárceles salvadoreñas durante el régimen de excepción.
El gobierno no proporciona regularmente información sobre el número de menores encarcelados o en prisión preventiva. Desde que entró en vigor el régimen de excepción para combatir a las pandillas, las autoridades dicen haber capturado a más de 84,200 personas a las que acusan de formar parte de esos grupos criminales o colaborar con ellos. El presidente Nayib Bukele ha dicho que 8,000 inocentes han sido liberados.
Mientras tanto, organizaciones defensoras de los derechos humanos en El Salvador afirman haber registrado más de 6,000 denuncias efectuadas por víctimas bajo el régimen de excepción.
Según datos de World Prison Brief (WPB), El Salvador registra 1,659 prisioneros por cada 100,000 habitantes, convirtiéndolo en uno de los primeros en el listado de países con mayor cantidad de población carcelaria. El gobierno salvadoreño no proporciona información de los privados de libertad en sus cárceles.
El Salvador cerró 2024 con una cifra mínima récord de 114 homicidios, un promedio diario de 0.3, y en el mes de diciembre sólo registró un asesinato.
En 2015 la nación centroamericana registró 6,656 asesinatos y una tasa de homicidios de 106 por cada 100,000 habitantes. Ese año fue uno de los más violentos en la historia del país y el peor desde el fin de la guerra civil.
Grupos locales e internacionales de derechos humanos han documentado detenciones arbitrarias masivas, tortura y, en algunos casos, violencia sexual contra mujeres y niñas en detención, y desapariciones forzadas. Las autoridades no han informado sobre acusaciones, imputaciones o condenas contra ningún policía o soldado en relación con estos abusos. En un informe publicado en septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), encontró “denuncias” de “violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos” e instó a las autoridades a “poner fin” al régimen de excepción.
En muchos casos, los detenidos no tienen conexiones aparentes con la violencia de las pandillas. A menudo, las detenciones parecen haberse basado en la apariencia física de los detenidos y en denuncias anónimas, en lugar de evidencia creíble. Tipicamente las fuerzas de seguridad no presentaron órdenes de detención ni proporcionaron razones para las detenciones. Muchas detenciones parecen haber sido impulsadas por una política de “cuotas” impuesta por jefes policiales.
El encarcelamiento masivo ha elevado la población carcelaria de El Salvador a aproximadamente 108,000 detenidos, excediendo en 38,000 la capacidad oficial y empeorando las ya precarias condiciones penitenciarias. Un alarmante 1.7% de la población del país está ahora detenida.
Al menos 261 detenidos han muerto en prisión durante el régimen de excepción, según informó Cristosal, una organización de derechos humanos, en julio. El fiscal general Rodolfo Delgado dijo en junio de 2023 que 142 investigaciones sobre muertes bajo custodia habían sido archivadas.
En enero, El Salvador rechazó una solicitud de visita del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas.
La violencia de las pandillas ha disminuido significativamente. Durante décadas, las pandillas ejercieron control territorial sobre comunidades en todo el país, cometiendo homicidios, reclutamiento forzado de niños, violaciones y agresiones sexuales, secuestros, extorsión y desplazamiento.
La alta tasa de homicidios del país, que alcanzó un máximo de 105 por cada 100,000 habitantes en 2015, ha disminuido drásticamente desde 2019, y, según cifras oficiales, alcanzó un mínimo histórico en 2023. Los casos de extorsión también han disminuido, informaron las autoridades.
Los gobiernos anteriores han oscilado entre negociaciones secretas con pandillas y medidas de seguridad de “mano dura” basadas en el encarcelamiento masivo. Ambas estrategias provocaron un recrudecimiento de violencia y resultaron en violaciones de derechos humanos.
Previo al régimen de excepción, el gobierno de Bukele habría negociado con las pandillas, ofreciéndoles beneficios penitenciarios a cambio de una reducción en la tasa de homicidios y de apoyo electoral durante las elecciones. El aparente colapso de las negociaciones entre el gobierno y la pandilla MS-13 habría provocado una escalada de violencia en marzo de 2022.
Algunos líderes de pandillas que habían sido condenados y sentenciados a prisión en El Salvador fueron identificados y detenidos en el extranjero. César Humberto López Larios, un líder de la MS-13, fue capturado en México y extraditado a Estados Unidos en junio. Elmer “Crook” Canales, otro líder de la MS-13, fue liberado mientras cumplía una condena de 40 años en El Salvador en noviembre de 2021, y presuntamente escoltado a Guatemala por un funcionario del gobierno. Un año después, las autoridades mexicanas detuvieron a Canales y lo pusieron bajo custodia de las autoridades estadounidenses, que lo habían acusado en 2020.
Según cifras oficiales, el 27% de la población de El Salvador vivía por debajo de la línea de pobreza nacional en 2023, un aumento del 0.4% con respecto a 2022. Casi el 9% de la población vivía en la pobreza extrema.
En 2023, los salvadoreños de 6 años y más completaron un promedio de 7.3 años de escolaridad, con disparidades significativas entre las zonas rurales (5.6 años) y urbanas (8.3 años). Además, el 21.5% de los salvadoreños de 15 a 24 años no estaban empleados ni asistían a la escuela en 2023. Entre las personas de 16 a 18 años, el 30% no asistía a la escuela en 2023, una disminución del 5% con respecto a 2022. De los mayores de 60 años, el 28% no sabía leer ni escribir.
El Salvador enfrenta desafíos significativos en transparencia, con el gobierno actual restringiendo severamente el acceso a la información pública. Según Cristosal, más del 73% de las solicitudes de información son denegadas o ignoradas, mientras que la clasificación excesiva de la información de interés público por parte de las autoridades, requisitos onerosos de presentación y un instituto de supervisión debilitado, dificultan el acceso. Esta falta de transparencia facilita la corrupción y limita la supervisión ciudadana.
La puntuación de El Salvador en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, que mide la corrupción percibida en el sector público a nivel mundial, ha caído drásticamente de 36 en 2020 a 31 en 2023, su nivel más bajo en 12 años.
La Corte Suprema ha clasificado la declaración de bienes del presidente Bukele, apartándose de la práctica anterior. Según una investigación de los medios de comunicación Redacción Regional, Focos y Dromómanos, Bukele y su familia adquirieron 363 hectáreas de tierra durante su primer mandato presidencial. Otra investigación de los mismos medios reveló que el hermano y principal asesor de Bukele, Karim Bukele, compró un edificio en el centro histórico de San Salvador por 1.3 millones de dólares apenas tres meses después de que la Asamblea Legislativa aprobara una ley que exime a los inversores de impuestos en esa área.
El gobierno ha creado un ambiente hostil para periodistas, líderes sindicales y activistas de la sociedad civil. Los funcionarios han intentado desacreditar el trabajo de los periodistas y organizaciones de la sociedad civil, incluso acusándolos de ser “defensores de las pandillas”.
En octubre, la policía hostigó e intimidó a la madre del periodista independiente Ricardo Vaquerano tras la publicación de una investigación en el medio Gato Encerrado sobre una red de policías vinculados a cientos de asesinatos.
La maestra y líder sindical Idalia Zúniga fue destituida en octubre después de participar en una protesta contra la propuesta de reducir en 121 millones de dólares los presupuestos de los ministerios de salud y educación para 2025. Para noviembre, 74 personas habían sido despedidas, la mayoría del Ministerio de Salud, muchas de ellas aparentemente separadas de sus cargos después de participar en protestas.
En septiembre, un medio de comunicación reveló grabaciones de audio de Alejandro Muyshondt, un ex asesor de seguridad nacional de Bukele que murió bajo custodia en febrero en circunstancias que no han sido adecuadamente investigadas. En los audios se escucha a Muyshondt y a Ernesto Castro, entonces secretario privado de Bukele, discutiendo planes para espiar a periodistas, medios de comunicación y opositores políticos.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció 311 “vulneraciones a la libertad de prensa” durante 2023, incluyendo acoso digital, declaraciones estigmatizantes contra periodistas y restricciones al trabajo periodístico y al acceso a la información pública. Entre marzo y mayo, la APES reportó 50 violaciones a la libertad de prensa.
Entre enero de 2022 y agosto de 2024, cinco periodistas se exiliaron temiendo represalias por su trabajo, mientras que otros 16 abandonaron el país temporalmente, según la APES.
