Agencias/Ciudad de México.- Un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil le ordenó al gobierno federal confiscar propiedades privadas cuando se determine que los propietarios son responsables de deforestación ilegal o incendios forestales.
El histórico fallo —que podría ser apelado— también le ordena a los gobiernos federal y estatal adoptar medidas que bloqueen la regularización, un proceso mediante el cual la tierra adquirida ilegalmente se vuelve legal. La expectativa de obtener la regularización ha sido uno de los principales impulsores de la deforestación en la Amazonia. Los acaparadores de tierras talan la tierra con la esperanza de que a la larga se les otorgue el título de propiedad gracias a leyes laxas de tierras o amnistías gubernamentales.
Además, las autoridades deben intentar obtener una compensación monetaria de parte de los propietarios de tierras responsables de llevar a cabo destrucción ilegal e intencional, según el fallo del juez Flávio Dino.
El caso se deriva de una petición presentada por el partido Rede Sustentabilidade (Red de Sostenibilidad), con el apoyo de varias organizaciones ambientalistas. Exige políticas federales y estatales más estrictas para proteger la selva amazónica y los humedales del Pantanal. Ambas regiones han sufrido devastadores incendios forestales —en su mayoría provocados por el hombre— desde 2020. La ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, es la fundadora y líder principal de este partido.
“El fallo apuntala los empeños del gobierno brasileño para combatir la deforestación ilegal y los incendios intencionales”, indicó Paulo Busse, abogado del Observatorio del Clima, una red de docenas de grupos ambientalistas, de la sociedad civil y académicos. Esa organización es uno de los grupos que respaldan la petición.
Busse dijo a The Associated Press que el fallo podría tener un efecto inmediato, ya que hay varias determinaciones judiciales con declaraciones de culpabilidad por deforestación ilegal, principalmente en la Amazonia.
Brenda Brito, investigadora jurídica de la organización ambientalista sin fines de lucro Imazon, señaló que la parte más significativa del fallo es el combate a la regularización de propiedades vinculadas a delitos ambientales.
“En este momento, las leyes de regularización de tierras en la Amazonia —federales y estatales— no prohíben otorgar títulos a propiedades en las que se ha cometido deforestación ilegal”, dijo a la AP.
El fallo no especificó un margen de tiempo, lo que significa que el gobierno podría tratar de incautar tierras deforestadas ilegalmente hace años.
La extrema sequía que golpeó Brasil en los últimos años también juega un papel importante en la devastación medioambiental, porque favorece la propagación del fuego tanto en la Amazonía, como en otros hábitats como el Cerrado y el Pantanal. Aún así, los expertos hacen hincapié en que los bosques húmedos como los amazónicos, el fuego siempre se origina por la acción humana.
“Los datos muestran que en 2024 hubo un aumento expresivo en el número de incendios y de personas que quemaron la Amazonía. La percepción que tenemos es que, dado que hubo muchas acciones enfocadas a combatir y a controlar la deforestación, los responsables de la deforestación encontraron en el fuego una alternativa para abrir nuevas áreas de explotación, como denunció hace unos meses el propio director del Ibama”, señala a France 24 Larissa Amorim, investigadora del Imazon.
“Los datos del MapBiomas revelan que el principal responsable de la deforestación en la Amazonía es la agricultura intensiva. Su forma de actuar es abrir nuevas áreas y luego decidir qué hacer con ella. El objetivo inicial es ocupar. Quizás la quema ha sido una alternativa para intentar ocupar nuevas áreas sin ser identificados. Nuestra recomendación es que los organismos responsables y los Gobiernos locales se prepararen para el período más crítico de sequía, cuando hay más incendios, e intenten adoptar más medidas, como mejorar la inspección. Nuestra preocupación ahora es la degradación de los bosques, porque hubo cifras de quemadas muy altas. Claro que no hay que dejar de un lado la lucha contra la deforestación, porque sabemos que cualquier reducción en la inspección provoca un aumento rápido de la destrucción del bioma. Tenemos que considerar ambas cosas”, añade Amorim.
Ane Alencar confirma que las áreas más extensas que se quemaron el año pasado se hallaban en grandes propiedades. “La Amazonía tiene muchas regiones de pasto plantado. Los datos del MapBiomas muestran que, hasta octubre del año pasado, el 55% de todo lo que se quemó estaba en áreas de pastizales. Las personas que quisieron hacer las cosas ilegalmente no necesitaron deforestar y correr el riesgo de que las autoridades les confiscaran sus tractores, los quemaran, ni tuvieron que pagaran a los trabajadores. Bastó tirar una cerilla al bosque”, señala.
Esta investigadora alerta sobre las perspectivas de incendios para este año. “El hecho de que El Niño haya acabado no significa que estemos libres grandes incendios en 2025. Para recuperar el agua en el suelo tras un período de sequía tan largo, necesitamos que haya un período de lluvias muy intensas. Entonces, todo dependerá de esto. Si no llueve mucho, la estación seca comenzará con un déficit hídrico importante. Es posible que tengamos una condición inflamable que puede contribuir a la propagación del fuego. Entonces, en 2025, para evitar que se repitan las cifras de quemadas, es necesario reducir el uso del fuego, y combatir el crimen y la deforestación”, concluye.
Un estudio de Imazon apunta a la impunidad como otra causa de la destrucción de los bosques amazónicos pues sólo el 5% de las condenas por deforestación ilegal en la Amazonia terminan en indemnización. La investigación, basada en las acciones llevadas a cabo por el Ministerio Público Federal, muestra que, a pesar del aumento del número de demandas, el índice de responsabilidad por daños materiales y morales sigue siendo bajo. Además, no hay garantía de que el monto de las multas pagadas sea aplicado en la recuperación del bioma damnificado.
