De Primera Mano/Por Rodulfo Reyes/Villahermosa.- Manuel Andrade Díaz ha vuelto a recurrir a la tesis de la persecución política. Ayer, en un comentario difundido en sus redes sociales con el título “Javier May ya identificó a su adversario: Movimiento Ciudadano”, el ex gobernador priísta cuestionó las investigaciones contra funcionarios de dos ayuntamientos emecistas y aventuró que detrás hay una estrategia para debilitar electoralmente a la oposición.
No es la primera vez que Andrade utiliza ese argumento. Cuando estalló el escándalo de Hernán Bermúdez Requena, señalado como cabecilla de “La Barredora”, salió en defensa del colaborador de Adán Augusto López Hernández y sostuvo que la acción en su contra no respondía a la justicia, sino a una venganza política del gobernador Javier May Rodríguez contra el senador tabasqueño.
Ahora el razonamiento es prácticamente el mismo, aunque con otros actores.
“¿Estamos ante la aplicación pareja de la ley o frente a una estrategia para debilitar electoralmente a la oposición?”, se preguntó —en un texto con esa sintaxis aséptica, de frases redondas y redacción automática que ahora se estila— en referencia a los acontecimientos en Paraíso y Emiliano Zapata, municipios gobernados por Movimiento Ciudadano.
Después argumentó que también existen controversias y señalamientos en municipios gobernados por Morena y el PT que merecen la misma atención institucional.
La ley, pontificó, “no puede tener una vara para los adversarios y otra para los aliados”.
Claro que el brazo de la justicia debe apretar sin distinciones partidistas. Sin embargo, el problema es que Andrade presenta como persecución política investigaciones que están a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) con apoyo de la autoridad estatal.
La Operación Enjambre mantiene prófugo al alcalde con licencia de Paraíso, Alfonso Baca, y tras las rejas a Cleofás “N”, director de Seguridad Pública de Emiliano Zapata, por delitos contra la salud. El caso involucra también al alcalde de ese municipio, Armín Marín, quien ha cuestionado las acciones contra su administración.
Pero dichos expedientes involucran a funcionarios municipales en pesquisas de carácter federal.
En el caso de Bermúdez Requena, Andrade ya había adelantado su veredicto mucho antes de que se conociera la dimensión de las acusaciones contra él.
A principios de 2025, cuando el escándalo de “La Barredora” sacudió al país, el ex mandatario difundió un video en el que acuerpó a Adán Augusto y cuestionó la actuación contra quien había sido subsecretario de Gobierno durante su administración.
Andrade aseguró entonces que no se trataba de un acto de ley, sino de una venganza política de May contra López Hernández, quien, por cierto, había sido su coordinador de campaña en 2000, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le anuló el triunfo en la elección para gobernador.
Después vinieron las investigaciones periodísticas y las filtraciones militares que dieron cuenta de la dimensión de la estructura criminal atribuida a Bermúdez Requena. Incluso la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, encabezada por Omar García Harfuch, ha vinculado a esa organización con el CJNG.
Aun con esos antecedentes, Andrade vuelve a colocar la persecución política como centro de la batida contra la narcopolítica tabasqueña.
Antes el supuesto objetivo era Adán Augusto; ahora sostiene que May busca golpear a MC porque lo considera un adversario electoral.
Afirmar que el Ejecutivo local está detrás de las investigaciones federales, además de carecer de médula política, supone atribuirle una gran capacidad de intervención en política nacional.
Hay, además, una hipótesis en sentido distinto: que Harfuch, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, está buscando descabezar a una fuerza política tabasqueña que comienza a recibir a cuadros provenientes de la corriente de Adán Augusto.
En su comentario, Andrade también acusa a Juan Molina Becerra, director del Instituto de Administración Pública, de operar electoralmente para el gobierno estatal. Una imputación que, como la supuesta persecución contra MC, necesita mucho más que una afirmación al calor de Facebook.
PARA SU INFORMACIÓN…
POR MÁS QUE le abrieron los micrófonos de espacios cercanos al senador López Hernández, el consejero del INE Jorge Montaño Ventura no ha conseguido sacudirse la etiqueta de adancista. Vea: Llegó al Consejo General del organismo electoral en 2023, cuando Adán era secretario de Gobernación; impulsó a allegados en el IEPCT y su ex asesor Mario Alberto Alejo García terminó al frente de la Unidad Técnica de Fiscalización con el aval de Guadalupe Taddei. La caída de la presidenta del INE solo vino a confirmar que Montaño continúa siendo una pieza del grupo de Adán. ¿Caerá también el consejero electoral oriundo del edén?
