Agencias/Ciudad de México.-Honduras es uno de los países más pobres y desiguales de América Latina y el Caribe, con un 48,3 % de su población viviendo bajo la línea de pobreza y un 18,5 % en pobreza extrema, según datos del Banco Mundial. Estas cifras reflejan, en gran medida, la situación del mercado laboral hondureño, que se caracteriza por un alto nivel de informalidad, una baja participación de las mujeres y los jóvenes, y una escasa oferta de empleos de calidad.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el 58 % de los empleos en Honduras son informales, es decir, que no cuentan con protección social, seguridad laboral, ni derechos colectivos. La informalidad afecta a todos los sectores económicos, pero especialmente a la agricultura, donde el 81 % de los trabajadores son informales, y a la industria, donde el 49 % lo son.
La informalidad también tiene un rostro de género y de edad, ya que impacta más a las mujeres y a los jóvenes, quienes tienen menos oportunidades de acceder a empleos formales y decentes. Según el INE, el 61 % de las mujeres ocupadas son informales, frente al 56 % de los hombres. Además, el 47 % de las mujeres en edad de trabajar tienen un empleo, mientras que el 85 % de los hombres lo tienen. Esto significa que hay una brecha de género de 38 puntos porcentuales en la tasa de ocupación.
Los jóvenes tampoco tienen un panorama alentador, ya que el 25 % de ellos ni estudian ni trabajan, lo que se conoce como NINI. De este grupo, el 88 % son mujeres, lo que evidencia las barreras que enfrentan para insertarse en el mercado laboral, como la falta de educación, la maternidad temprana, la violencia doméstica y la discriminación.
La precariedad de las condiciones de trabajo es otro problema que aqueja al mercado laboral hondureño. Según el INE, el 63 % de los ocupados están subempleados, es decir, que trabajan menos horas de las que desean o que ganan menos de lo que establece el salario mínimo. El subempleo afecta más a los trabajadores informales, que representan el 77 % del total.
La falta de oportunidades para el desarrollo de capital humano es otro factor que limita el crecimiento económico y la reducción de la pobreza en Honduras. Según el Banco Mundial, el país tiene una brecha significativa en el nivel educativo de su fuerza laboral, que tiene un promedio de 6,2 años de escolaridad, muy por debajo del promedio regional de 8,4 años. Además, el país tiene una baja inversión en investigación y desarrollo, que representa solo el 0,05 % del PIB, mientras que el promedio de América Latina y el Caribe es de 0,62 %.
Ante este panorama, ¿qué políticas públicas se pueden implementar para crear más y mejores empleos en Honduras? Expertos consultados por Yahoo proponen diversas medidas, que se pueden agrupar en cuatro ejes: mejorar el clima de inversión, fortalecer la educación y la formación, promover la formalización y la protección social, y fomentar la inclusión de las mujeres y los jóvenes.
Mejorar el clima de inversión
Para generar más empleos formales y de calidad, es necesario mejorar el clima de inversión en el país, que se ve afectado por la inestabilidad política, la corrupción, la inseguridad, la burocracia y la falta de infraestructura. Según el informe Doing Business 2020 del Banco Mundial, Honduras ocupa el puesto 133 de 190 países en el ranking de facilidad para hacer negocios, lo que indica que hay mucho margen de mejora.
Algunas de las medidas que se podrían tomar para mejorar el clima de inversión son: simplificar los trámites para la creación y el cierre de empresas, reducir la carga tributaria y mejorar la eficiencia del gasto público, fortalecer el estado de derecho y la transparencia, combatir la violencia y la delincuencia, y mejorar la calidad y la cobertura de los servicios públicos, como la energía, el agua, el transporte y las telecomunicaciones.
Fortalecer la educación y la formación
Para aumentar la productividad y la competitividad de la economía, es fundamental invertir en el desarrollo de capital humano, que se traduce en una fuerza laboral más calificada y preparada para los desafíos del siglo XXI. Para ello, se requiere mejorar la calidad y la pertinencia de la educación, desde el nivel preescolar hasta el superior, y ampliar la cobertura y el acceso a la educación, especialmente para los grupos más vulnerables y excluidos.
Asimismo, se necesita fortalecer la formación técnica y profesional, que permita a los trabajadores adquirir y actualizar las competencias que demanda el mercado laboral, y que se adapte a las necesidades de los sectores productivos. Para ello, se requiere una mayor articulación entre el sector educativo y el sector empresarial, así como una mayor inversión en investigación y desarrollo, que impulse la innovación y la generación de conocimiento.
Promover la formalización y la protección social
Para reducir la informalidad laboral y mejorar las condiciones de trabajo, es necesario promover la formalización de los trabajadores y las empresas, que implica el cumplimiento de las normas laborales, fiscales y administrativas. Para ello, se requiere una combinación de incentivos y sanciones, que estimulen la formalización y desincentiven la informalidad.
Los incentivos pueden incluir la simplificación de los trámites, la reducción de los costos, la mejora de los servicios, el acceso al crédito, la asistencia técnica, la capacitación, la protección social y el diálogo social. Las sanciones pueden incluir la fiscalización, la imposición de multas, la clausura de establecimientos, la suspensión de licencias, la inhabilitación para contratar con el Estado y la denuncia penal.
La formalización también implica la ampliación de la protección social, que comprende el acceso a la salud, la seguridad social, el seguro de desempleo, las pensiones, las prestaciones laborales y los programas sociales. La protección social contribuye a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, a reducir la pobreza y la desigualdad, a prevenir y mitigar los riesgos, y a fomentar la inclusión y la cohesión social.
Fomentar la inclusión de las mujeres y los jóvenes
Para aumentar la participación laboral de las mujeres y los jóvenes, es necesario eliminar las barreras que impiden su inserción en el mercado de trabajo, y crear más oportunidades para su desarrollo profesional y personal. Para ello, se requiere una estrategia integral, que aborde los aspectos económicos, sociales, culturales y legales que afectan a estos grupos.
Algunas de las medidas que se podrían implementar son: promover la igualdad de género y la no discriminación en el ámbito laboral, educativo y familiar, garantizar el acceso a la educación, la salud y la planificación familiar, facilitar el acceso al crédito y al emprendimiento, ampliar la oferta de servicios de cuidado infantil y de personas dependientes, incentivar la corresponsabilidad familiar y social, y brindar orientación, capacitación y empleabilidad a los jóvenes.
