De Primera Mano/Por Rodulfo Reyes/Villahermosa.- En uno de los audios filtrados que exhiben la influencia del contratista José Alfredo Hernández Casillas sobre la entonces presidenta del INE, Guadalupe Taddei, se le escucha decir: “Ya ni Mario me hace caso”.
La frase descobija al Grupo Tabasco y se refiere a Mario Alberto Alejo García, hasta abril de 2025 asesor del consejero nacional Jorge Montaño Ventura y, desde el 23 de abril de este año, titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, el área que revisa el origen y el destino del dinero de partidos y candidatos.
¿Por qué un proveedor que presumía cercanía con la titular del organismo reclama que Mario ya no le obedece? ¿Y qué hace ahí un colaborador directo del consejero tabasqueño Montaño?
Montaño ha venido a Villahermosa a conceder entrevistas en medios cercanos a Adán Augusto López Hernández para deslindarse de él, pero la ruta de personal en el INE y su propia carrera en Tabasco lo desmienten.
La designación de Alejo se formalizó el 22 de abril de 2026 y asumió al día siguiente. Carla Humphrey, Martín Faz y Arturo Castillo la impugnaron por no reunir la experiencia directiva que exige la ley, pero el TEPJF la validó el 10 de junio de ese año. La objeción quedó asentada.
Tras la llegada de Montaño al Consejo General, el 4 de abril de 2023, aterrizaron en el Instituto varios perfiles tabasqueños vinculados a su equipo: Anahí Silva Tosca, ex subconsejera jurídica del gobierno de Adán Augusto, como directora ejecutiva de Asuntos Jurídicos; Rigoberto Riley Mata Villanueva, ex magistrado del Tribunal Electoral de Tabasco, como director de Servicios Legales, entre otros colaboradores en áreas jurídicas y administrativas.
La concentración no pasa inadvertida en un órgano que debe ser autónomo, así como que la relación de Montaño con López Hernández no es casual.
En 2010, siendo consejero del IEPCT, integró la Comisión Especial de Adquisición encargada de comprar la sede del instituto. La comisión eligió un inmueble en la colonia Tamulté de las Barrancas, en el periférico de Villahermosa, pese a que la ficha técnica número 3 advertía abandono, grietas, maleza y una estructura de acero poco durable para el trópico.
La compra se cerró el 11 de abril de 2011 por más de 32 millones de pesos. El vendedor fue el empresario regiomontano Gilberto Galassi Cevallos, quien nunca se presentó a negociar y designó como representante a Carlos Manuel Merino Campos, quizá el tabasqueño más cercano a Adán Augusto y quien años después fue gobernador interino (2021 a 2024). La operación se protocolizó en la Notaría Pública 27, cuyo titular era López Hernández.
El edificio para el órgano electoral resultó inhabitable. La contraloría interna encontró un sobreprecio de más de ocho millones y un daño patrimonial superior a los 12 millones. La Cámara de Diputados reprobó la cuenta pública 2011 del IEPCT y el caso derivó en la averiguación previa AP-DGI-270/2014.
Dos exconsejeros, Gustavo Rodríguez Castro y Héctor Aguilar Alvarado, fueron detenidos en 2015. Montaño enfrentó orden de aprehensión y auto de formal prisión por ejercicio indebido del servicio público; evitó la cárcel con un amparo y en 2017 un juez local sobreseyó el asunto. En su momento se atribuyó la absolución a la influencia del ahora senador.
En esa operación también aparece Carlos Enrique Íñiguez Rosique, alias “Caliche”, entonces director de Administración del IEPCT, quien firmó el cheque, participó en la revisión de los inmuebles y contrató el avalúo. Adán Augusto se lo llevó después como secretario de Administración e Innovación Gubernamental de su gestión y hoy lo tiene como secretario general de Servicios Administrativos del Senado. En Tabasco se le señala como el “tesorero” del clan.
Tres años después, el 2 de octubre de 2014, la Cámara Alta designó a Montaño magistrado del Tribunal Electoral de Tabasco. En esa negociación intervino Humberto Mayans Canabal, senador del PRI y cuñado de López Hernández.
La cadena es clara: Montaño participa en la comisión que compra el edificio fallido cuyo vendedor representa el futuro gobernador interino y que se formaliza en la notaría de Adán Augusto, con su futuro tesorero operando el pago; el cuñado de Adán lo ayuda a llegar al tribunal; con Adán como secretario de Gobernación llega al INE; y uno de sus asesores termina al frente de Fiscalización.
Puede negar la cercanía en entrevistas, pero los antecedentes y la red que colocó en el Instituto lo dejan al desnudo.
Y con el audio donde Hernández Casillas se queja de que “ni Mario me hace caso”, vale plantearse quién manda realmente en Fiscalización: si el titular, el consejero que fue su jefe o quienes presumen acceso a la presidencia del Instituto.
¡Ay, cómo eres, Montaño!
