Redacción InsurgentePress/Ciudad de México.- Trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avalaron a través del voto libre y secreto suspender actividades en su totalidad en tribunales y juzgados en el marco de la protesta contra la reforma judicial que mantenían de forma parcial en el país desde el pasado 19 de agosto.
Éste sería el primer paro de actividades en la SCJN por voluntad propia de sus trabajadores, siendo un caso inédito en México, cuyo gobierno saliente de Andrés Manuel López Obrador ha mostrado rasgos autoritarios que podría detonar una crisis socio-política y económica en el inicio de la administración de su sucesora Claudia Sheinbaum.
Los trabajadores participaron en una asamblea en la que votaron para determinar su participación en la suspensión de actividades en el marco de las protestas contra la reforma al Poder Judicial que impulsó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, secundada por legisladores del oficialista partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA).
Votación de trabajadores de la @SCJN para decidir si se suman al paro contra la reforma al #PoderJudicial pic.twitter.com/6QArPQJa4N
— Verónica Macías (@veromaciashe) September 2, 2024
El personal emitió su voto en urnas instaladas en el área de murales de la SCJN dando un resultado mayoritario de respaldo a la suspensión de actividades a partir de este 2 de septiembre.
De acuerdo al conteo participaron 1 mil 72 de 3 mil 647 trabajadores de la SCJN, con 951 votos a favor de la suspensión de actividades, 116 en contra del paro y 5 abstenciones.
Los trabajadores notificaron la decision a la presidenta de la SCJN Norma Piña, paralelamente al resto de los ministros.
La suspensión de actividades traería consigo una parálisis operativa en la SCJN, dado que el personal involucrado mantiene bajo su cargo la secretaría general que dejaría de turnar los asuntos de nuevo ingreso, proyectos listos para discusión o dar aviso a las autoridades o involucrados en procesos en vigentes.
Esto obligaría a la SCJN a suspender los plazos legales de asuntos en curso hasta concluido el paro de labores del personal.
Los ministros de la SCJN han sido citados a una sesión pública para discutir el tema este martes.
El pasado 19 de agosto, trabajadores del Poder Judicial iniciaron una suspensión parcial de actividades a la que posteriormente se sumaron jueces y magistrados en protesta contra la Reforma que impulsó López Obrador, dado que afectaría sus derechos, acabaría con la carrera judicial y permitiría la intromisión de “grupos de interés” en el máximo órgano de justicia en el país.
La iniciativa de reforma constitucional sobre el Poder Judicial prevé entre otras cosas la elección de ministros, magistrados y jueces a través del voto popular o tómbola.
El 22 de agosto de 2024, el embajador estadounidense en México aseveró que, de aprobarse la reforma al Poder Judicial, se pondría en riesgo la democracia en la nación latinoamericana, así como la relación comercial entre ambas naciones. Días más tarde, el diplomático estadounidense moderó el tono de sus dichos y dijo que sus comentarios eran “en espíritu de colaboración”.
A él se sumó Graeme Clark, embajador de Canadá en el territorio mexicano, quien hizo énfasis en las consecuencias económicas. “[Los empresarios] solo quieren estabilidad”, aludió ante la Cámara de Comercio del Canadá en México (CanCham).
Esto provocó reacciones por parte del Gobierno mexicano. Mientras tanto, López Obrador hizo énfasis en la defensa de la soberanía e independencia de la nación que él encabeza.
Asimismo, la mandataria electa de México, Claudia Sheinbaum, refirió que el debate sobre la reforma al Poder Judicial del país latinoamericano solo corresponde a su población.
López Obrador ha impulsado una reforma al poder judicial que prevé la elección de ministros, magistrados y jueces a través del voto popular en medio de una ola de críticas dentro y fuera de México que simultáneamente detonó la fuga de capitales y múltiples protestas en el país.
El pasado 26 de agosto, cientos de personas protestaron en calles de Ciudad de México contra la polémica reforma constitucional impulsada por López Obrador que concluirá su mandanto est 1 de octubre y ha sido secundada por legisladores del oficialista partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA).
Paralelamente, el Banco de México (Banxico) reportó que durante el segundo trimestre del 2024 salieron capitales golondrinos por un total de 8,233 millones de dólares (mdd).
Esto, indicó Baxico, es una tendencia registrada en 16 de los últimos 21 trimestres con salidas de capitales.
La salida de inversión registrada durante el segundo trimestre del presente año es la más grande para un trimestre desde el periodo octubre-diciembre del 2021, cuando salieron 14,476 millones de dólares, en medio de la creciente polémica relacionada con la reforma judicial.
La reforma ha sido abordada en la legislatura que inició el 1 de septiembre, en la que el oficialismo tendrá las mayorías necesarias para su aprobación sin necesidad de negociar con otras fuerzas políticas en el Congreso de la Unión.
Ante ello, cientos de trabajadores judiciales, incluyendo jueces y magistrados, iniciaron una huelga alegando que se vulneran sus derechos laborales el pasado 19 de agosto.
Sostienen que la reforma elimina la carrera judicial, pues los ascensos serían sustituidos por la elección para acceder al cargo de juez federal. Señalan también que se pone en entredicho la independencia del Poder Judicial de los intereses políticos.
“Lo que se está haciendo a través de esta reforma, aparte de la modificación de los sueldos y quitar varios derechos es cortar la carrera judicial”, dijo a la AFP Roberto Zayas (39), empleado judicial.
Esta reforma tensó también la relación del gobierno mexicano con Estados Unidos y Canadá, socios en el tratado de libre comercio T-MEC.
El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, consideró que la elección popular de jueces “amenaza” la relación comercial entre ambos países y es un “riesgo” para la democracia mexicana.
Su par de Canadá, Graeme Clark, indicó por su parte que los inversionistas de su país mostraron preocupación por la reforma y que esperan un “sistema judicial que funcione si hay problemas”.
Magistrados y jueces federales advirtieron al Poder Legislativo que la iniciativa de reforma judicial afectaría la histórica relación comercial entre México Estados Unidos y Canadá, dado que violaría varios comprimisos que adquirió el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el T-MEC de garantizar procesos con certeza jurídica para inversiones y controversias laborales.
En una carta dirigida a las Cámaras de Diputados y de Senadores, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) reiteró su desacuerdo con la iniciativa y su llamado a los legisladores para reconsiderarla.
“La iniciativa de reforma judicial presentada por el titular del Poder Ejecutivo, al pretender establecer la elección en las urnas de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, violenta e incumple el anexo 23 del T-MEC, por cuanto hace al compromiso de establecer y mantener tribunales independientes para la resolución de controversias laborales”, dice el escrito.
“Más aún, transgrede las obligaciones pactadas en los capítulos 14 y 27 relacionados con inversiones y políticas anticorrupción, pues el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por México con motivo de dicho tratado no sólo depende de garantizar la independencia de tribunales especializados en materia laboral, sino la de todos los órganos jurisdiccionales que conozcan de juicios que involucren intereses de inversionistas extranjeros.
“Expresamos nuestro desacuerdo con la iniciativa de reforma judicial en los términos presentados por el titular del Poder Ejecutivo Federal, pues incumple distintos compromisos adquiridos por nuestra nación con motivo del T-MEC (…) Por lo que, nuevamente hacemos un llamado a las fuerzas políticas para buscar en conjunto otras alternativas de reforma que permitan continuar el progreso democrático y económico de nuestra Nación”.
De acuerdo con la JUFED, la reforma judicial provocará un retraso considerable en la profesionalización de los impartidores de justicia especializada, en especial en materia laboral, sobre todo porque en la actualidad se implementa un “nuevo sistema de justicia laboral” que inició en 2019.
“Ello en virtud de que a partir de los compromisos adquiridos por el Estado mexicano en el marco del T-MEC, el Poder Judicial federal ha generado criterios técnico-jurídicos en materias especializadas, asimismo, ha impulsado la capacitación continua de las personas juzgadoras a través de la carrera judicial, lo que ha permitido una impartición de justicia completa y profesional en beneficio de las personas justiciables, y a su vez ha brindado certeza jurídica a las inversiones nacionales y extranjeras que tienen lugar en el país”, apuntó.
Los impartidores de justicia señalan que las cláusulas del T-MEC que viola la iniciativa de reforma fueron suscritas por los tres países en el preacuerdo del 28 de agosto de 2018, el cual fue firmado el 30 de noviembre siguiente y materializado bajo el mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Se refiere en particular al anexo 23-A del propio tratado, en el que México se comprometió a implementar las acciones necesarias para adecuar su legislación antes del 1 de enero de 2019, para garantizar y mantener tribunales laborales independientes e imparciales.
“Asimismo, se comprometió al gobierno entrante (mandato presidencial de Andrés Manuel López Obrador) a la observación y cumplimiento de dicho tratado”, recuerda.
Este compromiso culminó con la la reforma en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva y la publicación de las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, el 1 de mayo de 2019. Y el 1 de julio de 2020 entró en vigor el tratado internacional.
De acuerdo con la JUFED, el T-MEC se vincula con el Poder Judicial de la Federación, por las acciones que han dado competencia a los órganos jurisdiccionales especializados y por la resolución que debe dar a controversias que surjan con motivo de la ejecución del tratado.
Por ejemplo, menciona que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) creó la Unidad de Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral (UIRMJL), para materializar las acciones de diseño del nuevo modelo de impartición de justicia laboral.
También refiere que los Poderes de la Unión capacitaron a sus integrantes para transitar de la justicia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, a los nuevos tribunales en materia laboral que se fueron creando a nivel local y federal hasta el 2023.
“Inclusive el Gobierno de Estados Unidos a través de un comunicado difundido por la Casa Blanca se comprometió a invertir en asistencia técnica y cooperación durante tres años para trabajar con México en la implementación de la legislación laboral”, dijo la asociación de juzgadores.
Para el Gobierno de la denominada ‘Cuarta Transformación’ (4T), conseguir la aprobación de la reforma del Poder Judicial no es una tarea menor. Se trata de hacer realidad finalmente un conjunto de cambios que hasta la fecha han sido rechazados en el Congreso o invalidados por la Corte.
Desde que se presentó el pasado mes de febrero, la iniciativa generó rechazo entre la oposición y miembros del Poder Judicial. Es una reforma constitucional que, bajo la perspectiva de la oposición y no pocas barras de abogados y organizaciones no gubernamentales, pretende socavar la independencia de las autoridades judiciales y, en paralelo, eliminar todos los contrapesos del Gobierno.
Para el partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, en cambio, la reforma del Poder Judicial es un asunto clave para conseguir, finalmente, echar abajo los obstáculos para continuar profundizando el proceso de transformación que comenzó en 2018.
En varias ocasiones, la Suprema Corte ha declarado inválidas algunas iniciativas de reforma impulsadas por el partido oficial, al tiempo que jueces han otorgado amparos a favor de particulares inconformes ante decretos presidenciales o cambios a leyes secundarias y la Constitución.
Es una reforma que pone al descubierto dos visiones contrapuestas de proyecto de país: mientras que para la oposición el Gobierno no busca sino una “mayor concentración del poder”, “atropellar el Estado de derecho” y “debilitar la democracia”; para la 4T se trata de “fortalecer el sistema de impartición de justicia” con el objetivo de “colocarlo al servicio del pueblo”.
Uno de los principales argumentos de quienes se oponen a la reforma del Poder Judicial es que atenta contra uno de los principios básicos de los órganos de impartición de justicia: la independencia.
Bajo esta perspectiva, toda vez que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial harían propuestas de candidatos para ocupar los cargos de ministros de la Corte, magistrados y jueces, las preferencias del partido oficialista MORENA y sus aliados, que arrasaron en la elección de junio de este año (y por lo tanto ostentarán la Presidencia y la mayoría del Congreso), serían preponderantes.
Este lunes, el presidente López Obrador criticó a los jueces que pretenden frenar la Reforma Judicial en el Congreso y calificó el hecho como una “intromisión, facciosa, ilegal, anticonstitucional, del Poder Judicial, en decisiones que corresponden solo al Poder Legislativo”.
Las declaraciones de López Obrador se dieron después de que el Juzgado Quinto de Distrito en Morelos y el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en Chiapas emitieron fallos que buscan frenar la discusión de la Reforma Judicial en la Cámara de Diputados que programó la primera votación para este martes 3 de septiembre.
Ayer, estudiantes de instituciones educativas públicas y privadas marcharon contra de la reforma del Poder Judicial en la Ciudad de México.
