Redacción InsurgentePress/Ciudad de México.- El pleno del Senado de la República aprobó con 62 votos a favor y 13 en contra modificaciones a la ley reforman las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, de Navegación y Comercio Marítimos que facultó a la Secretaría de la Marina asumir el control de las 110 capitanías de puerto en el País.
El dictamen ha sido enviado a la Cámara de Diputados para la ratificación que buscaría reorganizar las funciones y facultades de las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de Marina (Semar), para reforzar la seguridad en los puertos y costas del país.
“El artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, prevé que la Semar es una dependencia de la Administración Pública Federal y, por lo tanto, en el ámbito administrativo le corresponde ejercer la soberanía en el mar territorial, espacio aéreo y costas del territorio.
“La vigilancia de las zonas marinas mexicanas, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias, y las medidas y competencias que le otorguen los ordenamientos legales y los instrumentos internacionales de los que México sea parte, en la Zona Contigua y en la Zona Económica Exclusiva”, indica el dictamen aprobado.
Además, agregó, la Semar tendría faculta de ejercer la autoridad en las zonas marinas mexicanas en materia de cumplimento del orden jurídico nacional, búsqueda y rescate para la salvaguarda de la vida humana en la mar.
“Vertimiento de desechos y otras materias al mar distintas al de aguas residuales, y protección marítima y portuaria, en coordinación con la SCT, en los términos que fijan los tratados internacionales y las leyes de la materia”, indicó el texto
Señaló que la Semar es el área encargada de organizar, administrar y preparar la Armada, institución militar nacional, de carácter permanente para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del País.
“La Semar y la Armada de México son entes diferentes y que la organización, administración y preparación del instituto armado constituye una de las diversas atribuciones con que cuenta la Semar en el rubro marítimo.
“Por lo que la transferencia de las atribuciones en materia de marina mercante, se harían a la Semar como dependencia de naturaleza administrativa y por lo tanto, civil, y no a la Armada de México, institución de naturaleza militar”, se desprende del dictamen aprobado.
Manuel Bartlett coordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT) en el Senado sentenció desde la tribuna que la militarización de los puertos es una conjura contra la democracia mexicana.
“Esta militarización está controlada por el extranjero. Se lo dijimos a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al secretario de Marina y al secretario de la Defensa Nacional, que ya están al servicio de los intereses norteamericanos”, afirmó Bartlett.
Sin duda, ironizó, las modificaciones a la ley han sido producto de una instrucción de Estados Unidos porque así garantizan sus inversiones y el manejo de sus negocios en México.
“Están jugando con fuego y ustedes los están apoyando”, sentenció Bartlett.
Al respecto la senadora Layda Sansores consideró que la reforma es una “puñalada por la espalda” al País y a la marina mercante, que ha sido eficaz, eficiente y es la organización más prestigiada de América Latina.
El senador independiente Manuel Fonseca argumentó que el dictamen viola la Constitución.
“Es un dictamen que genera dos autoridades responsables en la misma materia, deteriora la estructura jurídica y desconoce las actividades de las más de 15 organizaciones que se han encargado de la seguridad y protección marítima y que no han tenido tantos problemas”, advirtió.
Al argumentar a favor del dictamen, el presidente de la Comisión de Marina, el senador priista Ricardo Barroso Agromont alegó que la reforma legislativa no modifica el modelo actual de administración portuaria y, en general, de toda la actividad productiva y mercantil que se genera en los puertos mexicanos.
Barroso dijo que las capitanías de puertos serán operadas por la Dirección General de Asuntos Marítimos de la Subsecretaría de Marina, en la que “labora personal civil”.
Además, descartó que se trate de una “militarización”.
Durante su intervención el senador panista Javier Lozano Alarcón, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes (SCT), precisó que el corazón de la reforma ha sido transferir de la SCT a la Secretaría de marina la operación de las 110 capitanías de puerto que operan en el País.
Los temas económico, comercial y marina mercante, DIJO, continuarán bajo la administración y coordinación de la SCT.
“No se militarizan los puertos del País, ni se transfiere la operación de capitanías de puerto, es sólo en términos de seguridad.
“No implica presupuesto adicional alguno ni los trabajadores perderán su empleo o derechos laborales y demás prestaciones, y no afecta el comercio y actividades portuarias, marina mercante ni operación de las administraciones portuarias integrales (APIS)”, justificó.
Habrá más control y seguridad en los puertos y costas mexicanas, sostuvo el panista Lozano Alarcón, atribución de la Secretaría de Marina, sin caer en contradicción con el artículo 129 constitucional.
“Las atribuciones en materia de seguridad nacional y pública de la Semar en otros ordenamientos no se tocan, pero al ser la Marina Armada de México, una cosa es la parte de fuerzas federales, como Armada de México y otra es la parte civil, por lo que las capitanías de puertos quedarán en la Dirección General de Asuntos Marítimos que depende de la Subsecretaría de Marina con personal civil”, explicó.
Al respecto el senador priista Raúl Aarón Pozos Lanz agregó que la propuesta del Ejecutivo está encaminada a proteger el funcionamiento de los puertos.
“Con este proceso se cumplen con los estándares establecidos a nivel internacional y con los lineamientos que establece la Organización Marítima Internacional.
“No habrá afectaciones a los derechos laborales de los trabajadores de la Secretaría de Marina, pero lo más importante, es que se va a estar en mejores posibilidades de proteger nuestra nación y preservar la soberanía nacional”, sostuvo.
En ese contexto el senador de Acción Nacional (PAN) Francisco Salvador López Brito consideró que la iniciativa del Ejecutivo conllevaría varias contradicciones.
En primer lugar, dijo, la seguridad de los puertos no recae únicamente en las capitanías, sino que es un trabajo integral entre aduanas, migración, secretarías de Salud, Comunicaciones y Transportes y de Marina Armada de México.
“La Marina Armada de México, ya tiene una importante participación en la vigilancia y seguridad de los puertos, por lo que el aspecto de seguridad ya está cumplido”, sostuvo.
Si el problema es el crimen organizado, afirmó, es necesario ajustar a Aduanas, Salud y a la misma Armada de México para que en conjunto cumplan una función a cabalidad puertos y litorales seguros.
