Agencias/Redacción InsurgentePress/Ciudad de México.- Alejandro Encinas subsecretario de Derechos Humanos ofreció a nombre del Estado mexicano disculpas públicas producto de la omisión a familiares y víctimas de la masacre de 45 indígenas que perpetró un grupo paramilitar en el campamento de desplazados Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas el 22 de diciembre de 1997.
Durante la ceremonia en la que participaron Olga Sánchez Cordero secretaria de Gobernación y familiares de las víctimas, el Gobierno federal suscribió un acuerdo de solución amistoso para la reparación del daño tras la masacre ocurrida en la comunidad de Acteal.
“Asumo en nombre del Estado mexicano el reconocimiento de la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos humanos fundamentales y ofrezco una disculpa pública a la comunidad de Acteal por los hechos de violencia que dieron lugar a la masacre”, dijo Encinas.
El Estado mexicano asume la responsabilidad y ofrece la disculpa pública por este suceso doloso e indolente pic.twitter.com/H0GqhukV0o
— Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) September 3, 2020
En su intervención, Fernando Luna sobreviviente y representante de las víctimas de Acteal aceptó la disculpa del Estado mexicano.
“Porque no solo reconoce que el Estado mexicano fue incapaz de proteger a la población de Acteal, sino además reconoció y asumió la responsabilidad por acción u omisión de los paramilitares que perpetraron la masacre”, comentó Luna.
El actual Gobierno mexicano firmó un acuerdo de solución amistosa con familiares de las víctimas que atestiguo la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en el que pidió disculpas.
Además, se comprometió a cubrir compensaciones económicas a familiares de las víctimas, entrega becas, apoyos a la vivienda, y mejorar la infraestructura hidráulica y hospitalaria de la comunidad de Acteal, en el municipio de Chenalhó, en la región de los Altos de Chiapas.
El acuerdo incluyó a familiares de 18 de las víctimas fatales y 12 supervivientes, el resto decidió esperar el informe definitivo que elabora la CIDH sobre la masacre.
El subsecretario Encinas definió la matanza como un “suceso doloso e indolente” y lamentó que el Estado mexicano “pretendió ocultar esta tragedia alterando incluso la escena del crimen para criminalizar a las propias víctimas”.
“Asumimos este acto de reconocimiento para que junto con la comunidad de Acteal avancemos en la reconstrucción del tejido social y el abatimiento de la desigualdad.
“Este compromiso “no habría sido posible de lograr en administraciones pasadas.
“Aceptamos esta disculpa pública porque el pueblo tsotsil tenemos un corazón enorme y somos un pueblo de paz”, dijo Fernando Luna representante de familiares de las víctimas de Acteal.
Además, celebró que quedó desacreditada la versión del Gobierno de entonces de que la masacre había sido fruto de enfrentamientos entre indígenas por un conflicto religioso y de tierras.
“Demandamos que se juzgue a Ernesto Zedillo porque hacer justicia en el más alto nivel del Gobierno es una forma de garantizar la no repetición de los hechos”, sostuvo Luna.
El 22 de diciembre de 1997, un grupo de paramilitares masacró a mansalva a 45 indígenas que oraban en una ermita en la comunidad de Acteal, en el municipio de Chenalhó, en el suroriental estado de Chiapas.
En la agresión murieron 45 tsotsiles -21 mujeres, 4 de ellas embarazadas, 15 niños y 9 ancianos- y 26 más resultaron heridos de bala.
Las víctimas formaban parte de la agrupación Las Abejas, un grupo indígena, cristiano, pacifista y antineoliberal bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que declaró la guerra al Gobierno mexicano el primer día de enero de 1994.
Esta organización ha señalado al entonces presidente Ernesto Zedillo (1994-2000), al secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet y el de Defensa Nacional, Enrique Cervantes, de llevar a cabo ese operativo para debilitar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), guerrilla indígena levantada en 1994 en Chiapas.
Las autoridades capturaron a decenas de sospechosos en agosto de 2006 y condenados por un juez federal a 25 años de cárcel en 2007.
Los supervivientes y familiares de las víctimas llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que emitirá un informe definitivo sobre la masacre de Acteal.
