Agencias/InsurgentePress/ Ciudad de México. – La Suprema Corte de Justicia aplazó la votación de un proyecto que declara Constitucional la aplicación de fotomultas por infracciones de tránsito en la Ciudad de México.
El caso podría ser visto en la sesión del 25 de abril, luego de que hoy no estuvo presente la Ministra Margarita Luna Ramos, quien asiste a una cumbre judicial en Ecuador y es una de las cinco integrantes de la Sala.
El aplazamiento, acordado en sesión privada, puede deberse a que Luna pidió participar en la discusión del caso, o a que su voto es necesario para romper un empate entre sus colegas.
Este será el primer pronunciamiento de la Corte sobre el tema, que ha provocado sentencias encontradas de tribunales de menor jerarquía, tanto en la CDMX como en otras entidades donde aplican fotomultas.
El proyecto del Ministro Fernando Franco revoca el amparo otorgado en diciembre de 2016 a Víctor Manuel López Balbuena por el juez federal Fernando Silva García, que declaró inconstitucionales cinco artículos del Reglamento de Tránsito capitalino por considerar que viola el derecho humano de audiencia previa.
Franco explica que el derecho de audiencia previa ante actos de autoridad no es absoluto y admite excepciones.
“El hecho de que no se otorgue audiencia previamente a la imposición de la multa, de ninguna manera deja a los particulares en estado de indefensión”, afirma el proyecto, ya que los afectados pueden defenderse posteriormente ante la autoridad.
“Sostener que previo a la imposición de la multa ineludiblemente debe escucharse al particular, provocaría una excesiva dilación en el accionar de las autoridades viales, desvirtuando la inmediatez que permea en la naturaleza propia de este tipo de sanciones”, agrega.
También destaca que las fotomultas forman parte de un sistema que busca generar una cultura vial, en la que se proteja la seguridad y se eviten los accidente de tránsito.
En los amparos que ha concedido, el juez Silva García criticó al Gobierno de Miguel Angel Mancera por haber concesionado la operación de las fotomultas a una empresa privada, que tendría “incentivos” para aumentar sus ganancias, pues se queda con el 46 por ciento de lo recaudado.
De ser aprobado el proyecto de Franco, es previsible que el criterio de la Corte será acatado por los juzgados y tribunales federales que conozcan de este tipo de amparos, por lo que quedará a decisión del siguiente Gobierno de la CDMX mantener las fotomultas o eliminarlas.
Puebla, Jalisco y el Estado de México son otras entidades que han implementado sistemas de fotomultas.
Con información de Reforma
