Agencias/Ciudad de México.- Pablo Gómez titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que Sonia Vargas recientemente incorporada al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial (PJ) firmó contratos de unos 71 millones 600 mil dólares en la trama de corrupción que encabezó el ex secretario de Seguridad Pública Federal (SSP) Genaro García Luna hallado culpable de vínculos con el narcotráfico en una Corte de Nueva York, Estados Unidos.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, Gomez explicó que Vargas actual funcionaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) formó parte de la corrupción bajo la gestión de García Luna durante los sexenios de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Gómez dijo que existen contratos en los que aparecen involucrados otros funcionarios de la Policía Federal Preventiva (PFP) y SSP que han sido integrados al expediente de demanda que presentó el gobierno mexicano para recuperar 700 millones de dólares ante un Tribunal de Florida, Estados Unidos.
La denuncia, explicó Gómez, permanece detenida por una apelación que promovió de la defensa de esos funcionarios involucrados que cuestionan la competencia del Tribunal en Florida, para devolver el dinero de la trama de corrupción que encabezó García Luna.
Este proceso, dijo, continuará una vez exista un fallo sobre la apelación de la parte defensora los funcionarios que intentan impedir la recuperación de los recursos extraídos al erario.
Gómez mencionó que entre los funcionarios involucrados en firma de contratos aparecen Rodrigo Esparza, comisionado de la Policía Federal con un contrato por un monto de 69 millones 100 mil dólares; Humberto Martínez, director general de Apoyo Técnico de la a policía Federal con 38.8 millones de dólares.
Además, Luis Cárdenas Palomino, con 2.5 millones de dólares; Rafael Avilés, jefe de la División de Fuerzas Federales, con 12 millones de dólares.
Agregó que durante el gobierno de Peña Nieto, aparecen el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, con 253 millones de dólares y 67 millones de pesos; Eduardo Guerrero Durán, comisionado de Previsión y Readaptación Social, 88 millones de pesos.
“No se trata de irregularidades en el desempeño de un funcionario público, sino de un gigantesco mecanismo de succión de dinero público, ronda en 700 millones de dólares, que es una cantidad muy grande.
“México ha acudido a tribunales civiles de Florida donde se encuentra gran cantidad de estos bienes y dinero para que sea restituido a México”, sostuvo.
