Redacción InsurgentePress/Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer que Francisco Javier García Cabeza de Vaca Gobernador de Tamaulipas utilizó testaferros y esquemas financieros de siete empresas ligadas al Cártel de Sinaloa para adquirir ranchos, mansiones y departamentos valuados en 246.6 millones de pesos en México y Estados Unidos.
Paralelamente constituyó empresas generadores de energía eólica, constructoras y desarrolladoras de producción rural bajo esquemas financieros propios para el blanqueo de dinero a través de familiares y prestanombres en México y Estados Unidos.
A través de los cargos públicos que ha ocupado García Cabeza de Vaca—alcalde de Reynosa, diputado local, federal, director de Corett, Senador y Gobernador— ha otorgado y gestionado contratos para esas empresas por más de 2 mil millones de pesos del año 2000 a la fecha.
Santiago Nieto titular de la UIF presentó ayer través de una audiencia virtual con la Sección Instructora de la Cámara de Diputados un legajo de pruebas contra Garcia Cabeza de Vaca Gobernador emanado del Partido Acción Nacional (PAN) sujeto a juicio de desafuero.
La UIF documentó que García Cabeza de Vaca obtuvo un ingreso estimado de 34 millones 506 mil 620 pesos de fuentes no declaradas y cargos públicos que ocupó desde el año 2000 a la fecha, cifras ajenas a la fortuna bancaria y bienes inmuebles que acumuló el actual Gobernador panista durante ese periodo.
La investigación de la UIF arrojó que el Gobernador de Tamaulipas compró y posteriormente vendió un departamento en 42 millones de pesos en Bosques de Santa Fe, Ciudad de México.
Además, adquirió un rancho en Soto La Marina valuado en 63.4 millones de pesos, cuya transacción ha sido realizada a través de empresa fantasma propiedad de un socio del Gobernador en Tamaulipas.
Garcías Cabeza de Vaca compró a través de socios y familiares inmuebles cuyos precios oscilan en 5.9 hasta 10.7 millones de pesos en Reynosa, Tamaulipas y Texas, Estados Unidos
La UIF corroboró que García Cabeza de Vaca utilizó una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple en un esquema de “adquisición irregular” de tres ranchos.
Bajo ese esquema el Gobernador del PAN recibió recursos de varias compañías mercantiles que forman parte de una lista de entidades bloqueadas por sus vinculadas al blanqueo de dinero del cártel de Sinaloa.
La Sofom que otorgó un crédito a García Cabeza de Vaca para la adquisición de un departamento por un monto de 14.3 millones de pesos, previamente recibió recursos de dos empresas fachada identificadas como parte de un grupo de 7 entidades mercantiles relacionadas con el Cártel de Sinaloa.
El 17 de diciembre de 2013, la Sofom recibió un depósito por 14.3 millones de pesos de las dos empresas fachada relacionadas con el Cártel de Sinaloa.
El 18 de diciembre del 2013, García Cabeza de Vaca recibió la misma cantidad de la Sofom, dinero que sirvió para la compra del departamento en Santa Fe.
En diciembre del 2019, la “Empresa T” trasladó a García Cabeza de Vaca la cantidad de 42.1 millones de pesos, de origen “posiblemente ilícito” por concepto de pago del departamento en Santa Fe.
En esa fecha, la “Empresa T” recibió recursos por 44.8 millones de pesos de la empresa Avalúos, con características de sociedad fachada.
La empresa Avalúos recibió 46.3 millones de pesos de 6 empresas fachada vinculados con el Cártel de Sinaloa, en ese periodo.
“El vínculo con el cartel deriva de la participación corporativa que tienen con Juan ‘N’, Ladislao ‘N’ o Manuel ‘N’, identidades falsas de Rodolfo ‘T’, alias ‘La Trilladora’ operador financiero del Cártel de Sinaloa, detenido en 2015 y vinculado a proceso en 2016, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“La empresa fachada que fondeó a la ‘Empresa T’ manifestó tener el mismo domicilio con otra empresa de Rodolfo ‘T’, incluso comparte domicilio con esta persona física”, relato Nieto ante los diputados.
En 2018, la UIF denunció a las sociedades mercantiles fachada que fondearon a la empresa Avalúos además, se incluyeron en la Lista de Personas Bloqueadas en 2019.
“El proceso iniciado por la UIF estuvo basado en información proporcionada por organismos internacionales de monitoreo de operaciones financieras, por lo que no hay ningún tipo de persecución política, no hay nada orquestado: es el cumplimiento de las normas del estado de derecho”, dijo Nieto ante la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados.