Redacción InsurgentePress/Ciudad de México.- Adán Augusto López Hernández secretario de Gobernación (Segob) consideró que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acabarían con la estrategia de seguridad federal en caso de emitir un dictamen para eliminar la figura jurídica de prisión preventiva en el País.
Durante su participación en la Plenaria de Diputados de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en el recinto de San Lázaro, López Hernández dijo que acudirá a la sede de la SCJN para entregar a la Oficialía de Partes un documento con la postura de Segob, de la Consejería Jurídica y Gobierno federal sobre el tema relacionado con la prisión preventiva en el País.
“Si este proyecto llegara a declararse por mayoría de los Ministros viable, pues se estaría terminando con toda la estrategia de seguridad de este País y yo creo que eso no lo merecen los mexicanos”, afirmó.
Desde la visión del actual Gobierno federal, dijo López Hernández, las convenciones internacionales nunca deben estar por encima de la Constitución que es el máximo órgano de justicia para regir a los mexicanos.
López Hernández comentó que había rechazado una invitación Ignacio Mier coordinador de los diputados de MORENA a una comida debido a que acudiría a la SCNJ a entregar el documento relacionado con el tema a discutir de la prisión preventiva en el País.
“Ahora, como saben, se está debatiendo ya públicamente un proyecto que presenta la Ministra Norma Piña para acotar la prisión preventiva. Nosotros creemos que no pueden estar las convenciones internacionales por encima de nuestra Carta Magna”, señaló.
El pasado 23 de agosto, el ministro de la SCJN Luis María Aguilar presentó un proyecto al pleno del máximo órgano de justicia que buscaría anular la prisión preventiva oficiosa en el país.
Actualmente, la prisión preventiva oficiosa prevé que toda persona que sea vinculada a proceso bajo alguno de los 16 delitos incluidos en el artículo 19 de la Constitución, deberá de ser recluida en una cárcel para evitar una fuga y garantizar su comparecencia ante un juez.
El pleno de la SCJN incluyó el proyecto del ministro Aguilar en la lista de la sesión para su análisis y debate este jueves.
De acuerdo a la SCJN señaló que si bien los proyectos aparecen en los lugares 7 y 8 de la lista a discutir en la sesión de este jueves, el tema sería abordado hasta el próximo 5 de septiembre.
Aguilar propuso revertir la prisión preventiva oficiosa debido a que se contrapone en a los principios constitucionales que rigen la presunción de inocencia y principio de proporcionalidad.
“Lejos de ser una medida cautelar, su aplicación automática impide que el juzgador valore las condiciones fácticas del caso y, eso la traduce en una pena anticipada que vulnera la presunción de inocencia”, indicó Aguilar en su proyecto.
La propuesta de Aguilar prevé invalidar el artículo 167, párrafo séptimo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que contiene el catálogo de delitos en los que aplica la procedencia de la prisión preventiva oficiosa.
En ese contexto, Ricardo Mejía subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SPPC) advirtió que la eliminación de la prisión preventiva oficiosa dejaría a un solo juzgador la decisión sobre cualquier caso y eso podría generar corrupción y un “mercadeo” de abogados y jueces.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, Mejía agregó que la SCJN debería valorar las dimensiones del perjuicio a la estrategia de seguridad que traería consigo la eliminación de la prisión preventiva oficiosa en el País.
“Aquí aprovechamos para comentar la importancia que tiene la prisión preventiva oficiosa que se da para ciertos delitos graves del orden común, para delitos de delincuencia organizada y delitos financieros llevados a cabo por servidores públicos, los llamados delitos de cuello blanco.
“La prisión preventiva oficiosa opera de manera automática cuando se dan los supuestos de vinculación procesal de estos sujetos y no está sujeto al arbitrio del Juez, es decir, cuando se logra la vinculación por un delito de estas características como homicidio, feminicidio, violación, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, al momento que se acredita la vinculación, en ese momento la prisión opera de manera automática.
“Por eso es importante mantenerlo, porque si se está al arbitrio de que en cada detención por estos delitos sea un juzgador el que resuelva si se queda en prisión o no, esto puede dar lugar a múltiples casos de corrupción, a un mercadeo de abogados y jueces.
“Y también incrementaría la peligrosidad inclusive para los propios jueces, para la víctima que se atreve a denunciar estos delitos, para los testigos que intervienen en la parte procesal y sobre todo representa una amenaza para la sociedad, porque estos individuos en libertad seguirían llevando a cabo sus actividades de carácter criminal”, advirtió Mejía.
