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mayo 1, 2024

Vinculan a proceso a ex funcionario René Gavira por corrupción en Segalmex

Agencias/Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que un juez federal vinculó a proceso a René Gavira exdirector administrativo de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), ligado a uno de los mayores escándalos de corrupción en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Gavira ha sido acusado de presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada para cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita por 142 millones de pesos, además de peculado en la actual administración federal.

El dictamen del Juez ha sido el cuarto proceso contra Gavira por fraude en Segalmex, una de las instituciones con mayor presupuesto para respaldar al campo que actualmente enfrenta una grave crisis en México.

Gavira en calidad de apoderado legal de Diconsa, presuntamente autorizó la suficiencia presupuestal para celebrar un convenio con una entidad mercantil en la compra de azúcar inexistente en esa dependencia.

En días pasados, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), cumplimentaron una orden de aprehensión contra Gavira actualmente sujeto a proceso en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

Posteriormente, el Ministerio Público Federal (MPF), aportó los datos de prueba para que el Juez vinculara a proceso a Gavira, además, dictó una medida cautelar prisión preventiva y seis meses como plazo de investigación complementaria.

Gavira ha sido vinculado a proceso en otras tres causas penales diversas, relacionadas con el asunto Segalmex, en las que existen medidas cautelares de prisión preventiva.

En marzo de 2023, la FGR informó que el administrador de la empresa Carregín José Miguel Ojeda Antonio ha sido vinculado a proceso acusado de la probable participación en los desvíos en la paraestatal Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) que sumó 15 mil millones de pesos de la actual administración federal.

A través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), el administrador único de la empresa Carregín ha sido acusado de los delitos de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionado con el desfalco multimillonario al patrimonio de Segalmex.

Ojeda Antonio ha sido remitido a al CEFERESO Número 1, “Altiplano” en Almoloya de Juárez, Estado de México.

La empresa Carregín es parte de las investigaciones del desvío de 142 millones de pesos por un presunto embarque de azúcar a una empresa que vendía hielo y agua purificada, y solo tenía siete empleados.

El Juez de Control determinó que el Ministerio Público de la Federación aportó los medios de prueba suficientes para la vinculación a proceso, prisión preventiva oficiosa, además, fijó dos meses para la investigación complementaria.

La FGR mantiene sujeto a proceso a Jorge Humberto González Bocardo, ex subgerente de Abasto en Tlaxcala, cuya situación jurídica se habrá de definir en los próximos días.

En la investigación se acusa al ex jefe de la Unidad de Administración de Segalmex, René Gavira, de planear el fraude con la compra de toneladas de azúcar, a través de la empresa fachada Carregín.

En julio de 2021, La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que durante sus dos primeros años, Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), conocida como la Conasupo de la 4T, otorgó casi 800 millones de pesos en adjudicaciones directas a una red de seis empresas cuyos socios han participado en empresas fantasma y en manejos irregulares en el ISSSTE y en la SEDATU.

La Asociación Civil MCCI difundió los contratos directos por 797 millones de pesos (casi 40 millones de dólares) entre una red de empresas fantasmas y un organismo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

La Asociación reportó que Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo descentralizado y dependiente de la Sader, adjudicó de forma directa este monto entre 2019 y 2020 a un grupo de compañías con accionistas y operadores que han participado en “desvíos millonarios” del Gobierno.

En la red están las compañías Fruverloz, Properloz, Soluservicios Globales NXK, Professional Bright XRW, Gentsai Hoon y Denoter.

“Recibieron contratos de Segalmex para la compra de costales de polipropileno, tarimas, insecticidas, raticidas, lonas blancas y cubrebocas”, reportó MCCI en su investigación.

La Segalmex es un organismo creado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para “rescatar el campo” con apoyos a pequeños y medianos productores, buscar la “autosuficiencia alimentaria”, distribuir alimentos básicos, controlar precios y fomentar la productividad de las comunidades rurales.

Pero las adquisiciones de Segalmex han despertado críticas e, incluso, el Gobierno cesó en junio de 2020 al director de Administración y Finanzas del organismo, René Gavira, “entre acusaciones de corrupción”, según recordó MCCI.

Las empresas de esta red fantasma ya habían participado en operaciones irregulares con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), de acuerdo con la investigación.

Inclusive, el socio y representante de tres de estas compañías es dueño de una empresa fantasma que está en la “lista negra” del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de sociedades que simulan operaciones, reportó MCCI.

“Cuatro de las seis empresas de esta red se constituyeron entre 2015 y 2019. Antes de ser contratistas de Segalmex, ninguna había recibido contratos gubernamentales”, apuntó la organización.

Ni la Segalmex ni la Sader se han pronunciado sobre la investigación.

Tampoco se ha comprobado el cumplimiento de los contratos, que ya habían despertado señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“La importancia de estos contratos era tan grande que, según Segalmex, el no adquirir los costales y las tarimas para el almacenaje de granos podía derivar en pérdidas por 18 mil millones de pesos (900 millones de dólares). Las empresas incumplieron con la entrega y no fueron sancionadas”, indicó MCCI.

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