Agencias/Ciudad de México.- Ricardo Alfonso Santos Dorantes Juez de Control vinculó a proceso a César Jáuregui Moreno, exfiscal de Chihuahua, acusado del delito de traición a la patria, tras haber autorizado un operativo en el que murieron dos elementos de la corporación estatal y dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, en la Sierra Tarahumara, el pasado 19 de abril.
Santos Dorantes, Juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) aportó 149 elementos de prueba suficientes para acreditar su presunta responsabilidad en la comisión del delito de traición a la patria.
Durante la audiencia celebrada la madruga de este domingo, el Juez fijó dos meses de plazo legal para la investigación complementaria al Ministerio Público de la FGR y simultáneamente a los abogados defensores de Jáuregui Moreno, para presentar pruebas de descargo.
El nuevo fallo judicial es la segunda vinculación a proceso contra Jáuregui Moreno de de 60 años de edad, recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 “El Altiplano’ desde el pasado 19 de octubre.
La primera vinculación a proceso contra el ex fiscal de Chihuahua, ha sido por el delito de ejercicio ilegal del servicio público, el pasado 22 de octubre.
Durante la audiencia inicial del juicio, de casi diez horas, que terminó la madrugada de este domingo, la defensa de Jáuregui Moreno presentó diversos testimonios contra la acusación formulada por la FGR.
Jáuregui Moreno es imputado del delito de traición a la patria, tipificado en el artículo 123, fracción I, del Código Penal Federal, que establece imponer la pena de prisión de cinco a 40 años y multa hasta de 50,000 pesos “al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes:
Al respecto, la FGR acusó a Jáuregui Moreno de traición a la patria por su presunta responsabilidad en el operativo antinarcóticos realizado en la Sierra del Pinal, en el municipio de Morelos, Chihuahua, en que participaron, sin la debida autorización del gobierno de México, cuatro elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).
Al regreso del operativo sufrieron un accidente carretero en el que murieron dos elementos de la corporación y dos agentes de la CIA.
El pasado 23 de octubre, Ernestina Godoy Ramos fiscal General de la República (FGR), dijo que abrieron nueva línea de investigación contra Jáuregui Moreno, luego de que la gobernadora Maru Campos lo acusara de presuntos actos de corrupción relacionados con casinos y el uso de prestanombres.
El pasado 21 de abril, el periódico The Washington Post confirmó que los dos funcionarios de la Embajada estadounidense que murieron en un accidente automovilístico en Chihuahua, tras regresar de un operativo antidrogas en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, México, trabajaban para la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) .
La fiscal General (FGR) Godoy, dijo que Jáuregui habría permitido que agentes extranjeros intervinieran en facultades exclusivas de la Federación y habría ocultado información que estaba obligado a compartir.
“La orden la otorgó un juez federal, después de trabajos de gabinete y de campo que comprendieron más de cien actos de investigación.
“Deriva de hechos que esta persona habría ordenado y coordinado durante el operativo de abril pasado en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua. Un operativo irregular, a partir del cual esta Fiscalía aseguró y desmanteló después un laboratorio clandestino de drogas.
“Lo anterior claramente es un ataque al pacto federal y a la división de poderes”, indicó Godoy en un comunicado.
Precisó que la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional especifican que las entidades federativas están limitadas para asumir facultades reservadas a la Federación, además, impedidas de transferir potestades públicas a autoridades extranjeras.
“La investigación determinó que César “N” habría incurrido en hechos posiblemente constitutivos del delito de traición a la patria, en materia de seguridad nacional.
!Esto, porque habría permitido que personas extranjeras intervinieran, sin autorización, en territorio nacional y en acciones que solo corresponden a las fuerzas federales.
“Eso atenta contra la soberanía y la integridad de la Nación, al encontrarse expresamente prohibido por la Constitución, afirmó Godoy.
Precisó que la carpeta de investigació que elaboró la propia fiscalía estatal reconoció la participación en el operativo de estos extranjeros sin ninguna justificación.
“Tampoco la tenía la cadena de mando para permitirlo. Fue el exfiscal estatal, precisamente, quien dio a conocer los hechos a la opinión pública.
“Además, se acreditó que ambas personas extranjeras habían acudido en varias ocasiones y sin causa justificada, a instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación.
“La autoridad estatal carecía de facultades para realizar acciones que son exclusivas de la Federación. La Ley de Seguridad Nacional lo prohíbe expresamente a los estados.
“Aun así, la Fiscalía local y su policía realizaron el operativo sin atribuciones y sin haber abierto antes la carpeta de investigación.
“Y esto, a pesar de que el propio César “N” declaró a los medios que el operativo fue fruto de meses de planeación entre dos áreas a su cargo: la Agencia Estatal de Investigación y la Fiscalía Especial de Operaciones Estratégicas.
“El exfiscal habría ocultado información. La Fiscalía estatal, a través de su titular, tenía que informar a la Federación. No lo hizo. En cambio, informó a personas extranjeras.
“Sabía que se trataba de delitos federales. Sin embargo, avisó a las fuerzas federales solo después del operativo, de manera precipitada e indebida. Las autoridades federales asumieron de inmediato la investigación para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades”, afirmó.
Godoy destacó que desde el primer momento hemos mantenido comunicación y coordinación con las autoridades estatales.
El delito por el que se le acusa a Jáuregui es uno de los más graves contra el Estado y nadie ha sido condenado por él desde mediados del siglo XIX.
