Insurgente Press, Ciudad de México.- El hecho de que haya “venezolanos que se hayan ido a otros países, ha sido usado de manera bárbara y criminal por gobiernos xenófobos”, aseveró este miércoles el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, al calificar de fake news información que habla de una “crisis humanitaria” en Venezuela.
Rodríguez aseguró que “miles” de venezolanos están pidiendo apoyo a Caracas para volver al país.
“Estamos recibiendo miles de solicitudes en nuestras embajadas, pero no podemos expresarlo hasta que eso esté ocurriendo en tiempo real para evitar cualquier tipo de retaliaciones”, dijo a periodistas.
Esta declaración surge luego de que el pasado lunes 89 venezolanos regresaron a su país procedentes de Perú, en un avión dispuesto por el gobierno de Caracas en un plan denominado Vuelve a la Patria.
Rodríguez precisó que 20 por ciento de habitantes de Venezuela (unos 6 millones y medio) son colombianos, peruanos y ecuatorianos, cuyas subvenciones cuestan al país más de 3 mil millones de dólares anuales. Su permanencia en nuestro país desmonta las fake news de que en Venezuela hay una crisis humanitaria.
“No vamos a la oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Atención a los Refugiados para que los gobiernos de Colombia, Ecuador y Perú respondan. Nosotros los seguiremos atendiendo , porque así somos los venezolanos, gente decente, digna, solidaria y generosa, pero así no son los gobiernos de Colombia, Perú y Ecuador.
El ministro indicó que el presidente Nicolás Maduro “dio la orden a todas las embajadas de Venezuela en el mundo, especialmente en estos países donde se han abierto expedientes de xenofobia, de delitos de odio contra venezolanos, que se atienda cada uno de los casos”.
Añadió que las personas repatriadas esta semana denunciaron maltrato y discriminación. “Les aventaban el dinero al piso cuando se enteraban que eran venezolanos”.
El martes pasado, Maduro invitó a los venezolanos a volver al país, tras prometer un plan económico que entró en vigor el 20 de agosto y que eliminó cinco ceros a la moneda, a la par que elevó el salario mínimo a mil 800 bolívares soberanos, unos 30 dólares al cambio oficial.
“Les digo a los venezolanos que quieran regresar del esclavismo económico: dejen de lavar pocetas (retretes) en el extranjero y vengan a vivir la patria”, dijo Maduro en su primera declaración sobre el tema en estas semanas en que el éxodo se disparó.
Según la Organización para las Migraciones (OIM) y la oficina de la ONU para los refugiados (Acnur), de los 2.3 millones de venezolanos (7.5 por ciento de la población total) que viven en el extranjero, más de 1.6 millones han salido desde 2015.
Más de un millón ha ingresado a Colombia en el pasado año y medio, más de 400 mil a Perú y unos 300 mil a Chile. En Ecuador este año entraron 600 mil y unos 100 mil viven en Argentina.
Analistas consideran que la diáspora se mantendrá ante la desconfianza que generan las medidas de Maduro para paliar la crisis, reflejada en escasez de alimentos y medicinas y una inflación que, según el Fondo Monetario Internacional, cerrará 2018 en un millón por ciento.
El éxodo de venezolanos llevó a los gobiernos de Perú y Ecuador a exigir pasaporte, medida que Quito suspendió por orden de la justicia y que Lima ablandó sustituyéndola por pedidos de refugio.
Brasil anunció el despliegue temporal de militares en la frontera con Venezuela tras brotes de violencia en esa región. El presidente brasileño, Michel Temer, adelantó además que podría aplicar medidas para limitar el flujo de migrantes.
Quito convocó a una reunión regional para el 3 y 4 de septiembre, también la Organización de los Estados Americanos llamó a una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente a realizarse el 5 de septiembre en la sede del organismo regional en Washington.
En tanto, más de un millar de jubilados y pensionados, al grito de “¡Pensión sin condición!, cerraron por varias horas vías principales de esta capital en rechazo a versiones de que el gobierno exigirá el llamado “carnet de la patria” para pagar el beneficio mensual de mil 800 bolívares soberanos.
Con información de La Jornada.
