Por Erick Olivera Méndez/Ciudad de México.- En un hecho sin precedentes el gobierno mexicano recurrió a los tribunales norteamericanos para demandar a fabricantes y distribuidores de armas en Estados Unidos acusándolos de prácticas negligentes que han derivado en un tráfico ilícito en México.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, la dependencia encargada del proceso legal en contra de las compañías más importantes relacionadas con la fabricación y distribución de armamento en Estados Unidos, ha señalado que la denuncia es parte de la estrategia del gobierno de México para combatir la inseguridad y busca que estas empresas adopten “medidas de comercio responsable que prevengan el tráfico ilícito de armas”.
La demanda, dada a conocer en agosto del año pasado, pone en el banquillo de los acusados a Smith & Wesson, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta USA, Colt’s Manufacturing y Glock Inc., entre otras de las marcas más conocidas en Estados Unidos.
La denuncia apunta a que estas empresas han fomentado el comercio ilegal de armas y el acceso a calibres de alto poder que han sido utilizados en actos de violencia en territorio mexicano.
“El argumento central del litigio es que, desde hace varias décadas, las empresas demandadas son conscientes de que las armas que comercializan son traficadas y usadas en actividades ilícitas en México, inclusive en ataques en contra de las autoridades. Sin poder ignorar el uso que se da a esas armas en México, los demandados promueven su venta al público en general destacando sus características militares, permiten ventas múltiples a un solo comprador y facilitan las ventas entre particulares, en las que no se efectúan revisiones de antecedentes del comprador o del origen del arma”, señaló en un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores en agosto de 2021.
La Cancillería ha dejado en claro que “el Gobierno de México es respetuoso de las libertades y derechos que otorgan las legislaciones de otros países”, y que “la demanda no pretende cuestionar el derecho a comerciar armas en otro país, sino denunciar que determinadas prácticas negligentes en ese comercio generan un daño en México”.
El crimen han sido la piedra en el zapato de las últimas cuatro administraciones por los niveles de inseguridad que ha provocado, y en ese contexto la demanda del gobierno mexicano en contra de los fabricantes y distribuidores de armas en Estados Unidos ha sido estratégica.
La denuncia señala que cada año se introducen de manera ilícita a México más de 500,000 armas provenientes de Estados Unidos, y que el 68 por ciento de ese arsenal lleva la firma de las compañías que está demandando el gobierno mexicano.
“La demanda en contra del comercio negligente de armas en Estados Unidos y de su tráfico a México es una iniciativa basada en la confianza en las instituciones de ambas naciones. El propósito es combatir un problema regional de grandes magnitudes que cobra muchas vidas humanas, y que se suma a los distintos esfuerzos que realiza nuestro país para combatir al tráfico ilícito de armas”, señaló la Cancillería al presentar el litigio.
Al vincular el comercio indiscriminado de armamento en los Estados Unidos, que a su vez deriva en un tráfico ilegal hacia territorio mexicano y Centroamérica, y que está vinculado directamente con los altos niveles de inseguridad en la región, la demanda contra los fabricantes de armas resulta un litigio estratégico para combatir el crimen, un hecho que puede impactar en las estadísticas criminales y neutralizar a los delincuentes.
El reto es lograr que la Corte de Massachusetts acepte el juicio en contra de las poderosas empresas que hasta ahora se han amparado en la ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) en los Estados Unidos.
