Agencias/Redacción InsurgentePress/Ciudad de México.- El empresario mexicano Julio Santamaría de 49 años de edad, se declaró culpable ante una de San Diego, California, de vender y utilizar herramientas de hackeo para monitorear dispositivos electrónicos en México y Estados Unidos.
Según información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, tras declararse culpable, el empresario mexicano-estadounidense Santamaría, admitió que conspiró para vender y usar herramientas privadas de piratería informática en México y Estados Unidos para monitorear a sus rivales políticos y comerciales.
Desde enero de 2016 o alrededor de esa fecha, según las investigaciones de autoridades estadounidenses, Santamaría comenzó a trabajar para un consorcio de empresas estadounidenses y mexicanas, incluida una empresa llamada Elite By Carga, para la cual negoció la venta de herramientas de interceptación y vigilancia a ciudadanos privados y políticos mexicanos.
Antes de ese año, Santamaría desempeñó tareas para la extinta Procuraduría General de la República (PGR) en México, aunque nunca especificó el cargo que ocupaba en esa dependencia gubernamental.
Admitió que participó en calidad de intermediario para la empresa Elite by Carga que vendió ‘programas espía’ a los gobiernos de Baja California y Durango.
Dijo que el equipo vendido a los clientes mexicanos fácilmente podría ser utilizado con fines políticos.
Ante la corte del distrito sur de California, Santamaría admitió tener conocimiento de que en algunos casos, sus clientes del gobierno mexicano tenían la intención de utilizar el equipo de intercepción con fines políticos, en lugar de acciones legítimas enmarcadas en la aplicación de la ley.
En uno de los casos, según la justicia estadounidense, se hicieron arreglos para que un funcionario mexicano, de quien no se especifica el nombre, obtuviera acceso no autorizado a las cuentas de Twitter, Hotmail y iCloud de un rival político.
A cambio de su declaración, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de California aceptó no acusar a Santamaría de conspiración para cometer fraude informático, ni procesar por una venta de medio kilo de metanfetamina, concretada en 2015.
En su comparecencia, Santamaría aceptó haber trabajado con Carlos Alberto Guerrero Villanueva, dueño de la empresa Elite by Carga, y con el director de tecnología de esa compañía, identificado como Daniel Moreno.
Ambos se declararon culpables de un cargo de conspiración en 2022 y, han sido sentenciados a tres años de libertad condicional.
Santamaría confesó haber pagado a Daniel Moreno para ‘hackear’ un celular en Estados Unidos en 2017, además, dos cuentas de correo electrónico de empresas del mismo país en 2018.
Sumado a ello, ayudó a los dos sujetos mencionados a vender herramientas de vigilancia como inhibidores de señal y dispositivos que interceptan señales Wi-Fi y llamadas telefónicas, con capacidad para ‘piratear mensajes de WhatsApp’.
“La declaración de culpabilidad de hoy ayuda a detener la proliferación de herramientas digitales utilizadas para la represión y promueve la seguridad digital de los ciudadanos estadounidenses y mexicanos.
“Esta oficina se compromete a interrumpir las actividades cibernéticas maliciosas y mitigar la vigilancia ilegal”, indicó Randy Grossman fiscal federal citado en un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Grossman agradeció al equipo de la Fiscalía California y agentes federales por su arduo trabajo en el caso.
“La declaración de culpabilidad de hoy demuestra que el ciberespacio no es un refugio de la justicia estadounidense y, como se vio en este caso, quienes violen los derechos de privacidad serán responsables
“La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley siguen comprometidos a proteger al público estadounidense de personas que intentan interceptar ilegalmente comunicaciones privadas para obtener ganancias ilícitas”, dijo el agente especial a cargo, Chad Plantz del departamento de HSI en San Diego.
Este caso con el número 23cr0185JLS, ha sido investigado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, con la asistencia proporcionada por la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual del Departamento de Justicia de ese país.
Santamaría ha sido acusado del cargo de conspiración, que se castiga con una pena máxima de 5 años de prisión y multa de 250 mil dólares.
