Agencias/Ciudad de México.- Al amanecer en la costa del Pacífico ecuatoriano, pequeñas embarcaciones se dispersan desde los pueblos de San Mateo y Jaramijó, con sus proas apuntando hacia aguas más profundas y la promesa de una buena pesca.
Otras llegan hasta las caletas desgastadas por la marea, donde las tripulaciones descargan albacora y picudo y los comerciantes se apresuran a inspeccionar la pesca del día, reseña la agencia Reuters.
Esta escena oculta los peligros que algunos pescadores artesanales de Ecuador enfrentan al adentrarse en el mar.
En tierra firme, los cárteles han convertido los pequeños puertos de la provincia de Manabí en un centro de narcotráfico, extorsionando a los pescadores locales que son valorados por su destreza para la navegación. Les plantean una disyuntiva imposible: ganar más del salario básico de un año traficando drogas o enfrentarse a la extorsión, amenazas y violencia.
En alta mar, la violencia llega sin previo aviso con los ataques aéreos contra presuntos “narcoterroristas”.
El ejército estadounidense ha destruido 67 embarcaciones y ha causado la muerte de más de 220 personas desde septiembre del año pasado, como parte de la operación Southern Spear.
Washington se ha atribuido la responsabilidad de esas incursiones y muertes. Otros ataques -que no ha reivindicado, pero de características similares- involucraron a embarcaciones pesqueras de Manabí, según entrevistas de Reuters con tres sobrevivientes y una docena de testimonios recopilados por la organización local Comité Permanente de Derechos Humanos.
El Washington Post informó esta semana que los barcos habrían sido atacados como parte de un programa encubierto de la CIA.
El pescador Simón Villacreses formaba parte de la tripulación de 16 personas del Negra Francisca Duarte II, que zarpó de Manta, la ciudad portuaria más grande de Manabí.
El 17 de marzo, en alta mar, escucharon el zumbido de un dron justo antes de que un ataque que provocó que el barco se incendiara.
Algunos tripulantes se lanzaron al Pacífico mientras que otros se subieron a dos lanchas a motor más pequeñas, según Villacreses y otros dos sobrevivientes.
La tripulación se dirigió hacia lo que creían era un atunero cercano, pero fueron recibidos por hombres armados que hablaban inglés y vestían uniformes militares, según su relato.
“Nos comenzaron a apuntar, nos subieron a bordo, nos encapucharon con las manos atrás maniatados”, dijo a Reuters Villacreses, de 52 años, quien sufrió una herida en la cabeza durante el ataque.
Luego fueron trasladados en alta mar a un buque de la Armada de El Salvador, que los llevó al país centroamericano, donde recibieron atención médica y los repatrió en vuelos comerciales, según los sobrevivientes y la organización de derechos humanos.
Una secuencia similar de acontecimientos se desarrolló nueve días después con otro ataque con drones a un barco llamado Don Maca, de la misma provincia.
Al menos ocho pescadores de un tercer barco, el Fiorella, están desaparecidos desde enero. Dos miembros de su tripulación, quienes estaban en una lancha más pequeña y separada, declararon ante el Comité Permanente haber visto humo en la última ubicación conocida del barco principal.
Tres expertos en seguridad entrevistados por Reuters dijeron que Estados Unidos era casi con toda seguridad responsable de los ataques, dada la actual ofensiva que mantiene en la zona.
Desde el año pasado, Estados Unidos, Ecuador y El Salvador han anunciado que intensificarán la cooperación marítima contra el narcotráfico en el Pacífico oriental, un corredor clave para los envíos de cocaína hacia el norte. El esfuerzo incluye intercambio de inteligencia, vigilancia e interceptaciones coordinadas.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos remitió las preguntas sobre los tres ataques al Comando Sur, que declinó hacer comentarios alegando “razones de seguridad operativa y protección de la fuerza”.
La oficina de prensa del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, no respondió a la solicitud de comentarios de Reuters y las fuerzas armadas declinaron responder, diciendo que la información sobre la lucha contra el narcotráfico es clasificada.
La Armada de El Salvador no respondió a las solicitudes de comentarios, pero en una publicación de Facebook del 23 de marzo informó haber rescatado a 16 ecuatorianos náufragos.
Villacreses sigue afectado por la experiencia y no quiere volver al mar. “Tal vez la pesca como que ya la deje”, dijo.
El Negra Francisca solía estar anclado en San Mateo, un puerto pesquero artesanal, donde la mayoría de los residentes viven en la pobreza.
En los últimos años, dos de los grupos criminales más poderosos de Ecuador -Los Choneros y Los Lobos- se han expandido en las zonas costeras, reclutando a la fuerza a pescadores para el tráfico de droga, según funcionarios antinarcóticos ecuatorianos, la policía provincial y residentes.
Estados Unidos designó a ambas organizaciones como grupos terroristas el año pasado. Están vinculadas a organizaciones mexicanas de narcotráfico: Los Choneros está alineado con el Cártel de Sinaloa, mientras que Los Lobos tiene vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
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La policía y lugareños dicen que muchos se ven obligados a pagar “tarifas” de 1,200 dólares por viaje de pesca —tres o cuatro veces sus ingresos mensuales promedio, según los pescadores— o arriesgarse a sufrir represalias contra ellos y sus familias.
Si transportan cocaína, pueden ganar hasta 40,000 dólares por viaje, dijeron pescadores de San Mateo y Jaramijó, sus familiares y la policía provincial.
“Algunos pescadores son obligados a participar en estas actividades, quedando expuestos tanto a la acción de las autoridades como a represalias por parte de las propias organizaciones criminales”, explicó la Policía de Ecuador en respuesta a una solicitud de acceso a la información pública realizada por Reuters.
La policía estima que unos 300 residentes de Jaramijó han sido encarcelados en prisiones estadounidenses y salvadoreñas por cargos de narcotráfico en los últimos cinco años.
María Mero, casada con un pescador del barco Fiorella, comentó que algunos hombres están reduciendo sus viajes, debido a amenazas de los narcotraficantes y los ataques militares. “Los pescadores ya no quieren salir”, afirmó.
Otros declararon a Reuters que pescan de noche o cambian sus rutas para evitar los intentos de extorsión.
Un pescador de San Mateo dijo haber pagado extorsiones en cuatro ocasiones. A cambio, la banda le proporcionó las coordenadas de una ruta que podía seguir y le instó a mantener las luces encendidas para evitar que le exigieran otro pago.
A los barcos más pequeños que pescan cerca de la costa de Manabí se les cobra menos y se les entrega una identificación que acredita el pago de la extorsión, explicó.
Si bien el Comando Sur ha publicado videos nocturnos de embarcaciones atacadas incendiándose, generalmente solo ha divulgado cifras de víctimas y poca información sobre los sobrevivientes.
Leonel Pilay, de 21 años, quien resultó herido junto con Villacreses en el ataque del 17 de marzo, afirmó que la tripulación no traficaba drogas y que su embarcación había sido abordada e inspeccionada por la Guardia Costera de Ecuador horas antes del ataque con drones.
“Somos pescadores, no andamos en cosas malas”, declaró a Reuters. “La Guardacostas de Ecuador nos revisó y no encontró nada, dejó que sigamos el rumbo para tierra”.
Según los testimonios recabados por el Comité Permanente de Derechos Humanos, los tripulantes del barco Don Maca relataron una historia similar: fueron recogidos por personas que creían que eran estadounidenses y entregados a una lancha de la Armada salvadoreña antes de ser repatriados.
Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA afirmó que existían “pruebas abundantes” de que el Comando Sur de Estados Unidos llevó a cabo los ataques a las embarcaciones, a partir del testimonio de los sobrevivientes y de lo que denominó una “huella militar inconfundible”.
Señaló que la Armada de Ecuador no cuenta con la tecnología de drones necesaria para realizar ataques.
Renato Rivera, analista senior de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, con sede en Ginebra, y Wagner Bravo, exjefe del ejército ecuatoriano, coincidieron en que era probable que Estados Unidos hubiera llevado a cabo los ataques por la ubicación, su campaña militar contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes y la falta de cualquier otro actor en la región capaz de realizar tales ataques.
Estados Unidos y Ecuador afirman que las interceptaciones en alta mar son cruciales para combatir a los narcotraficantes, y ambos países han celebrado importantes incautaciones este año.
La Guardia Costera de Estados Unidos informó que su campaña paralela contra el narcotráfico había resultado en la incautación de 91,000 kilogramos de cocaína y la detención de 160 presuntos narcotraficantes hasta abril.
En marzo, la Guardia Costera de Estados Unidos y la Armada de Ecuador recuperaron 760 kilogramos de cocaína de un pesquero con bandera ecuatoriana, lo que representa aproximadamente el 6% del total incautado en alta mar por el país sudamericano durante el primer semestre de 2026.
Sin embargo, es poco probable que esos esfuerzos frenen el narcotráfico mientras los cárteles cuenten con una gran cantidad de pescadores a quienes reclutar y extorsionar, afirmó Vigil. “Hundir estos barcos no va a detener nada”, dijo.
Y a pesar del mayor uso de pequeñas embarcaciones pesqueras por parte de los cárteles, la gran mayoría de los cargamentos de cocaína continúa transitando por los grandes puertos comerciales, señaló Michelle Maffei, experta en crimen organizado de la Universidad de Guayaquil.
“El gobierno actual, como Estados Unidos, ponen demasiado énfasis en las lanchas rápidas”, aseguró. “El hecho de que estén vinculados a más pescadores, a más personas en pobreza y a más personas en situación de vulnerabilidad no va a parar porque simplemente estén lanzando bombas en el mar”.
Los narcotraficantes pueden cambiar a quienes mueren o son arrestados. “El crimen organizado entiende algo fundamental: todo el mundo es reemplazable”, destacó.
