Agencias/Ciudad de México.- Nicaragua es un país que no tiene un solo diario impreso y la policía puede detener a quien tome una foto en la calle con su celular. Más de 250 periodistas están exiliados y al menos 54 medios de comunicación fueron cerrados por el gobierno de Daniel Ortega desde las protestas sociales de 2018, según gremios de prensa.
El gobierno de Nicaragua clausuró 15 organizaciones no gubernamentales, entre ellas siete religiosas, según resoluciones publicadas en el diario oficial La Gaceta.
¿Qué se siente al vivir a diario en silencio, con miedo? Se lo preguntamos a periodistas, expertos y también a personas de a pie que temen identificarse por el temor que impera en el país.
“Es el infierno”, responde sin vacilar a DW Lucía Pineda Ubau, directora del portal 100% Noticias, el canal de televisión más visto de Nicaragua hasta su cierre a fines de 2018, cuando el gobierno confiscó sus oficinas y equipos, valorados en millones de dólares.
También fueron ocupadas y saqueadas las instalaciones del prestigioso portal Confidencial, dirigido por Carlos Fernando Chamorro, y del casi centenario diario La Prensa, el último periódico impreso que quedaba. La confiscación de sus instalaciones y equipos supuso “un robo de 10 millones de dólares”, afirman sus directivos.
“A nosotros nos golpearon fuerte, nos encarcelaron y nos robaron todo: el edificio, los estudios, el control máster, las cámaras de televisión”, dice Lucía Pineda Ubau, que en 2019 recibió el premio Coraje en Periodismo de la International Women’s Media Foundation, tras permanecer 172 días presa en la cárcel El Chipote de Managua, junto al entonces director de la televisora, Miguel Mora.
Aunque Lucía Pineda salió de la prisión al exilio y asumió la dirección del medio, Mora se quedó en el país y en 2021 fue encarcelado de nuevo, por intentar ser candidato presidencial. Casi dos años después fue desterrado a Estados Unidos junto a otros 221 opositores que estaban presos y que además fueron despojados de su nacionalidad y de todos sus bienes.
El canal 100% Noticias funciona hoy en Costa Rica con un pequeño equipo de periodistas. “Trabajamos desde estaciones ubicadas en nuestras casas. Resistimos con las uñas”, agrega Lucía Pineda.
Pero tampoco el exilio es garantía de libertad en el ejercicio del periodismo. “La dictadura nos vigilia, los analistas políticos ya no hablan como antes porque en Nicaragua se amenaza a sus familias. Hay una persecución transfronteriza”, advierte.
Seis entidades fueron clausuradas por “incumplimiento de sus obligaciones”, según el Ministerio del Interior, por lo que sus bienes pasarán a manos del Estado. Las otras nueve por “disolución voluntaria”.
Nicaragua endureció las leyes sobre asociaciones civiles tras las protestas contra el régimen de Daniel Ortega en 2018, que en tres meses dejaron más de 300 muertos, según la ONU.
Sin embargo, destaca que aunque las fuentes en Nicaragua se han reducido, muchos empleados públicos aportan información a los medios independientes, aun a riesgo de perder su puesto o ser encarcelados. “La gente nos manda noticias o las publica en las redes sociales”, dice la periodista.
“Hoy los ciudadanos nos están ayudando a cubrir Nicaragua desde el exilio”, agrega.
Bajo la dictadura de Anastasio Somoza (1956-1979), los reporteros desafiaban la censura leyendo noticias en las iglesias. Le llamaban “periodismo de catacumbas”, en alusión a los subterráneos donde los primeros cristianos enterraban a sus muertos a escondidas. En la Nicaragua de hoy, ni eso es posible.
“Si no es la policía, son las ‘turbas’ sandinistas las que llegan a atacarnos”, comenta a DW una comunicadora que aún sigue en el país pero pidió no revelar su nombre por razones de seguridad. Para ella también ya es casi imposible hacer su trabajo.
Hace 15 meses, el reportero Víctor Ticay fue encarcelado y condenado a ocho años de prisión por grabar una procesión católica. En noviembre pasado, dos jóvenes muralistas fueron arrestados y luego condenados por pintar en un muro el rostro de Sheynnis Palacios, la Miss Universo nicaragüense que desagrada al gobierno.
Por su lado, la vicepresidenta Rosario Murillo, cuya oficina centraliza la información oficial, exalta la labor de los medios sandinistas, por ser “comunicadores patrióticos” que laboran “con sentido de dignidad nacional”, contrario a los medios que llama fabricantes de mentiras” y “sembradores de odio”.
Una investigación de la organización mundial Reporteros Sin Fronteras (RSF) divulgada en mayo pasado reveló que solo los medios digitales, que en su mayoría están en el exilio, “siguen informando sobre los abusos del gobierno” de Nicaragua. Los pocos espacios críticos que quedan, como la radio Corporación o el noticiero Acción 10, “evitan criticar al régimen por temor a represalias”.
“Trabajar con una cámara de video o fotográfica en la vía pública pone en peligro a la persona que la usa y suele ser confiscada. Ya prácticamente no se realizan reportajes a pie de calle”, resaltó el informe, que analizó la situación de la prensa en 180 países.
“Tenemos personas que nos informan desde adentro, pero ya es casi imposible realizar entrevistas en un mercado o escribir siquiera una nota sobre el precio de los alimentos”, refiere.
También su medio recurre ahora a las redes sociales como fuente de información. “Trabajamos en base a monitoreos, a la escucha social y completamos la noticia… y es interesante: el 90 por ciento de esa información resulta ser veraz”.
Marín comenta que para los periodistas nicaragüenses exiliados es complejo legalizar sus medios en Costa Rica, y ello les impide obtener financiamiento para vivir en el país más caro de Centroamérica.
Esto los ha empujado a migrar a Estados Unidos en el último año, aprovechando el programa del Parole Humanitario. Pero allá no pueden ejercer su oficio y trabajan como meseros, repartidores de uber o empleados de fábricas.
“Muchos colegas dejaron de ejercer, abandonaron la profesión y esto representa otro problema: se nos va gente fogueada (experimentada) y no hay un relevo inmediato”, señala Pineda Ubau.
Sumado a ello, la prestigiosa Universidad Centroamericana (UCA), que era el semillero de nuevos profesionales de la comunicación, ya no existe. El gobierno la acusó en 2023 de ser un “centro de terrorismo”, lo que dio paso a su cierre y sustitución por una universidad semipública.
Dagmar Thiel, directora en Washington de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), sigue de cerca la situación de Nicaragua.
“Nos preocupa porque el gobierno ha ido consolidando el autoritarismo, con una capacidad de silenciar cada vez más a la sociedad civil”, afirma la experta, en una entrevista con DW.
Y mientras el mundo mira hacia Ucrania y Gaza, en Nicaragua “el régimen de Ortega ha conseguido acallar cualquier voz disidente” y profundiza su estrategia de represión, sin que las denuncias internacionales surtan efecto. “Ha habido condenas, sanciones ¡y no pasa nada!”, se lamenta.
“El silencio es tan brutal que sabemos que Víctor Ticay está preso, pero no sabemos cómo está. No sabemos nada de las personas presas políticas (unas 140, según la oposición) porque las familias no se atreven a hablar. La sociedad está autocensurada”, afirma Thiel.
A su juicio, la situación es aún peor que en Cuba o Venezuela, porque en Cuba se realizan ruedas de prensa, aunque sea para promover la posición oficial, y en Venezuela funcionan varias radios independientes, “que dan información sin temor a ser reprimidas a los niveles de Nicaragua”.
Dagmar Thiel destaca, sin embargo, “el impresionante trabajo” de los periodistas y medios nicaragüenses que “desde el exilio siguen informando, que defienden sus fuentes de información y siguen haciendo periodismo.. para mantener la luz encendida”.
Entre las organizaciones religiosas clausuradas están Cáritas (institución católica de asistencia social) de la ciudad norteña de Matagalpa y entidades evangélicas como la Iglesia de Pentecostés y la Iglesia del Buen Samaritano. También fue cerrada la Asociación de Canotaje de Managua.
El gobierno de Ortega, que consideró las protestas de 2018 como un intento de golpe de Estado promovido por Washington, aseguró que algunas oenegés las financiaron.
Además, Ortega ha arremetido contra la Iglesia católica, con el arresto y expulsión del país de decenas de religiosos.
