InsurgentePress, Ciudad de México. – Como parte de su petición de asilo a Canadá, Alejandro Robles involucró al diputado local del PRD Mauricio Toledo en dos asesinatos de allegados.
“Esas dos muertes me llevaron a creer que Toledo quiere matarme y es lo que me ha motivado a salir de México”, dice Robles en el punto 33 de su declaración y cuya copia posee REFORMA.
“Se trata de dos personas que tenían relación con Toledo y su familia y fueron asesinados”.
Ayer se publicó que Robles, ex integrante de la Asamblea Legislativa, pidió la protección del Gobierno canadiense alegando ser perseguido y amenazado por Toledo.
La primera muerte fue la de Óscar Fabila, quien trabajaba en Recursos Humanos de Coyoacán.
En junio de 2016, Robles recibió un mensaje de Fabila, quien le decía que no estaba de acuerdo con la corrupción en el PRD.
El 23 de julio de ese año, en la Glorieta de Vaqueritos, Fabila viajaba en una camioneta cuando recibió un golpe en la salpicadera. Al detenerse, le dispararon frente a su esposa e hijos.
“Creo que Toledo está detrás de esta muerte y Fabila fue asesinado debido a sus denuncias”, afirma Robles.
El segundo crimen, en noviembre de 2017, fue contra Manuel Sayavedra.
Robles revela que Toledo le dijo en septiembre de 2015 que tenía interés en crear la empresa Shamer para vender productos al Gobierno y que Sayavedra sería su socio. Sin embargo, fue asesinado.
Acusan a Toledo 4 veces y… nada
Desde 2015, el matrimonio de el ex diputado local Alejandro Robles y Saraí Zúñiga ha denunciado en distintas ocasiones a Mauricio Toledo y a la fecha no ha obtenido respuesta la Procuraduría.
Las quejas por acoso, amenazas de muerte y persecución política a través de la manipulación de procesos judiciales derivaron en cuatro procesos sin ningún detenido.
REFORMA publicó ayer que el Gobierno de Canadá analiza una solicitud de asilo político de Robles, quien acusa a Toledo de intentar encarcelarlo con una denuncia falsa e inhabilitarlo políticamente por conocer actos de corrupción del ex Delegado y su hermano Nelson.
La última denuncia fue tramitada por Saraí Zúñiga en septiembre del 2017, luego de que Rodrigo Méndez Arriaga -director de Desarrollo Social en la administración de Toledo- le pidió que dejara de señalar al perredista o harían que su esposo regresara de Canadá “para su velorio”.
Zúñiga denunció el hecho ante la PGJ, entregando una copia del acta en la oficina del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y solicitando medidas de protección ante las amenazas, sin obtener respuesta de ninguna solicitud.
Es sólo la más reciente de las acusaciones que iniciaron el 17 de octubre 2015.
En aquella ocasión, a través de la carpeta de investigación CI-FSP-B-UI-B-C/D/373/10-2015 -de la que REFORMA tiene copia-, Alejandro Robles denunció hostigamiento de parte de Toledo a través de mensajes de texto y el cierre de su módulo de atención ciudadana.
En esta carpeta fueron incluidas después más mensajes del perredista amenazando a la familia de Robles.
“Esta es la denuncia a través de la cual se entrega el celular de Alejandro para que realizaran el peritaje sobre los mensajes, sin que devolvieran si quiera el celular”, señala Zúñiga en entrevista.
“Lo último que nos notificaron fue el proceso de no ejercicio de la acción penal, es decir, que el Ministerio Público no había encontrado ningún elemento para iniciar una investigación”.
La propia Saraí Zúñiga denunció a la PGJ el 20 de noviembre de ese año a Nelson Toledo Gálvez y Nelson Francisco Toledo Gutiérrez, padre y hermano del ex Delegado, que la llamaron para decirle que ella y sus hijos se iban a morir de hambre y que sería despedida de su empleo, lo que ocurrió más adelante.
Zúñiga también denunció ante la PGJ la modificación de la averiguación previa FCY/COY-4/T3/00208/16-03 de la propia PGJ para implicar a su esposo en un robo de dos computadoras, caso que analiza el Estado Canadiense para dar asilo a Robles.
Ayer se buscó a Toledo a través de su secretario particular y, hasta el cierre de la edición, no hubo respuesta.
Con información de Reforma
