Redacción InsurgentePress/Ciudad de México.- El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó en su edición matutina la reforma constitucional de la Ley 3 de 3 que impedirá a agresores sexuales, deudores alimentarios y culpables de violencia de género ocupar un cargo en el sector público en el país.
El decreto entrará en vigor a partir en el territorio nacional a partir de este 30 de mayo.
El Congreso de la Unión aprobó modificaciones a los artículos 38 y 102 de la Constitución en materia de suspensión de derechos para ocupar un cargo, empleo o comisión dentro de la administración pública.
La nueva legislación en el Artículo 38 excluyó de los cargos en la administración pública a deudores alimentarios y aquellas personas acusadas de delitos sexuales y de violencia de género.
Aunado a esto la ley prevé que no podrán ser aspirar a cargos de elección popular o empleos en la administración pública los prófugos de la justicia, ni sentencias por haber cometido homicidio, delitos contra la libertad y seguridad sexuales.
#29DeMayo2023 Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público.@SEGOB_mx
https://t.co/S0aSTUIVWa— Diario Oficial DOF (@DOF_SEGOB) May 29, 2023
“En los supuestos de esta fracción, la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público”, establece el nuevo ordenamiento jurídico.
El pasado 24 de mayo, el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión elevó a rango constitucional la Ley 3 de 3, contra la violencia, luego de ser aprobada por más de 16 congresos locales.
La “Ley 3 de 3” ha sido la primera Iniciativa de Ley Ciudadana sometida a consideración del Congreso de la Unión.
Un grupo de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, promovieron la obligación de todos los trabajadores del estado de hacer públicas tres declaraciones: patrimonial, de intereses y fiscal.
Además, fijó nuevas reglas para la conducta de servidores públicos y sanciones para aquellas personas vinculadas a un delito.
