Agencias/Ciudad de México.- Nicaragua atraviesa una de las peores crisis de derechos humanos de su historia reciente. Desde el 18 de abril de 2018, cuando miles de personas salieron a las calles para protestar contra una reforma al sistema de seguridad social, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha respondido con una brutal represión, que ha dejado más de 300 muertos, más de 2.000 heridos y cientos de detenidos arbitrariamente. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno ha implementado una política de represión y persecución sistemática contra los opositores, mediante la imposición de un estado policial.

El gobierno ha desmantelado todos los controles y contrapesos al poder presidencial, mediante la subordinación de todos los poderes públicos al Ejecutivo, la falta de independencia del poder judicial y del Ministerio Público, y el funcionamiento de la Asamblea Nacional en plena alineación con el gobierno. El gobierno también ha aprobado leyes y reformas que restringen la libertad de expresión, asociación y participación política, y que criminalizan la disidencia y la protesta social.

El gobierno ha cerrado el espacio cívico y democrático, cancelando la personería jurídica de más de 3.000 organizaciones no gubernamentales, confiscando sus bienes, y hostigando y encausando a defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas. Decenas de personas han sido forzadas al exilio o han tenido que trabajar en la clandestinidad, en un clima de miedo, persecución y autocensura.

El gobierno ha perseguido a cualquier persona considerada crítica o disidente, acusándola de cometer actos que atentan contra la soberanía nacional, propagar noticias falsas, lavado de dinero y otros delitos. Entre los detenidos se encuentran siete candidatos presidenciales que pretendían competir con Ortega en las elecciones de 2021, en las que el mandatario fue reelecto por cuarto mandato consecutivo, con todos sus rivales en la cárcel o en el exilio. Los procesos penales contra los detenidos se han basado en cargos infundados y sin garantías de juicio justo. Muchos de ellos han permanecido incomunicados durante semanas o meses, y han sufrido condiciones abusivas de detención, incluyendo interrogatorios reiterados y atención médica y alimentación insuficiente.

La crisis de derechos humanos en Nicaragua ha generado una fuerte condena y preocupación por parte de la comunidad internacional, que ha exigido el fin de la violencia y el respeto al Estado de derecho. En marzo de 2021, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció un mecanismo de rendición de cuentas independiente por las violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2018 en Nicaragua. En junio de 2021, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución en la que expresó su alarma por el deterioro del entorno político en el país y demandó reformas electorales para garantizar elecciones libres y transparentes. En agosto de 2021, el Parlamento Europeo adoptó una resolución en la que pidió la liberación inmediata de todos los presos políticos y la restauración de las libertades fundamentales en Nicaragua.

La crisis de derechos humanos en Nicaragua requiere una acción urgente y coordinada de la comunidad internacional, para proteger a las víctimas, sancionar a los responsables y garantizar la justicia y la reparación. Asimismo, se necesita un diálogo nacional e inclusivo, que permita la solución pacífica y democrática del conflicto, y el restablecimiento de las instituciones y los valores democráticos en el país.

 

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